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Lucrecia Lozano
10 Dic. 08
En un anuncio publicado años atrás por el gobierno de Filipinas para promover su estrategia de progreso, se exaltaba el ímpetu modernizador y la magnitud de las obras que se emprenderían. La publicidad afirmaba: "Hemos desecado pantanos, achatado montañas y limpiado selvas para que usted invierta en el país".
El reciente debate local en torno a la construcción del proyecto Arco Vial Sureste, el cual pretende comunicar al municipio de Juárez con Monterrey a través de un macro túnel que atravesará el Cerro de la Silla, me ha hecho recordar aquel desafortunado mensaje.
Últimamente pareciera que, como comunidad, los regiomontanos estamos condenados a vivir bajo el fuego de las cada vez más recurrentes y polémicas iniciativas urbanísticas que formulan nuestras autoridades estatales y municipales de la mano de poderosos intereses económicos.
Aún está fresco el debate sobre el impugnado proyecto de Valle de Reyes, el cual planteaba construir un campo de golf y un desarrollo residencial de alta plusvalía dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, cuando nos vemos envueltos en la disputa que ha desatado el Arco Vial Sureste.
Dicen sus promotores que la obra, cuyo costo se estima en 2 mil 500 millones de pesos, es una necesidad imperiosa para conectar municipios conurbados con la capital del Estado. El crecimiento acelerado de Monterrey y su marcha hacia el progreso así lo exigen.
Afirman sus detractores que, además de pretenciosa y cara, la obra tendrá un impacto ambiental negativo en una zona protegida como la del Cerro de la Silla. Aunque las autoridades afirmen que establecerán candados para impedir el daño ecológico y los asentamientos humanos, en México, lo sabemos y vivimos diariamente, las leyes son materia de negociación y corruptelas, por lo que cualquier compromiso en este sentido seguro se convertirá en letra muerta en manos de los intereses que ven en el proyecto una mina de oro.
En el marco de los ataques y acusaciones mutuas que nos ofrecen la clase política y los partidos locales, me pregunto si alguna vez ellos se han sentado a cuestionar los alcances de una estrategia que privilegia el uso del los vehículos automotores y los automóviles particulares como principal medio de transporte.
En Europa y Japón, por ejemplo, la población de las grandes ciudades se moviliza en Metro y usa un eficiente y moderno sistema de autobuses urbanos y de trenes suburbanos. Se trata de una estrategia más limpia, más sustentable con el ambiente y más amigable con la calidad de la vida en las zonas urbanas.
En México, sin embargo, desde mediados del siglo 20, el Gobierno adoptó la cultura estadounidense del automóvil, cuyo uso se extendió con el boom económico de la posguerra. Dimos este paso sin mediar debate público alguno, sin contar con un plan estratégico, realizar un análisis de costos o cuestionar las implicaciones que acarrearía en el futuro.
Desde entonces, los grandes proyectos urbanísticos en las principales ciudades del País están determinados por el enfoque que privilegia la transformación del entorno a favor del uso masivo del automóvil: ejes viales, segundos pisos, pasos a desnivel, libramientos, periféricos, vías rápidas o ambiciosos arcos viales.
Como ciudadana, invito al Congreso local y a los titulares de las oficinas de Desarrollo Urbano del estado y de los municipios a que abran un debate en torno a las estrategias de transporte público a fin de formular políticas públicas al respecto.
Considerar la ampliación de las líneas del Metro a municipios como Santa Catarina, Villa de García, Villa de Santiago o Juárez representa, en mi opinión, una estrategia verdaderamente moderna, con una visión sustentable del problema.
Este enfoque es el que ha hecho que otros países estén a la vanguardia en políticas de transporte. Perforar montañas para que las atraviesen automóviles no necesariamente es símbolo de progreso, mucho menos expresión de una mentalidad moderna y sustentable.
lucrecialozano@itesm.mx
10 Dic. 08
En un anuncio publicado años atrás por el gobierno de Filipinas para promover su estrategia de progreso, se exaltaba el ímpetu modernizador y la magnitud de las obras que se emprenderían. La publicidad afirmaba: "Hemos desecado pantanos, achatado montañas y limpiado selvas para que usted invierta en el país".
El reciente debate local en torno a la construcción del proyecto Arco Vial Sureste, el cual pretende comunicar al municipio de Juárez con Monterrey a través de un macro túnel que atravesará el Cerro de la Silla, me ha hecho recordar aquel desafortunado mensaje.
Últimamente pareciera que, como comunidad, los regiomontanos estamos condenados a vivir bajo el fuego de las cada vez más recurrentes y polémicas iniciativas urbanísticas que formulan nuestras autoridades estatales y municipales de la mano de poderosos intereses económicos.
Aún está fresco el debate sobre el impugnado proyecto de Valle de Reyes, el cual planteaba construir un campo de golf y un desarrollo residencial de alta plusvalía dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, cuando nos vemos envueltos en la disputa que ha desatado el Arco Vial Sureste.
Dicen sus promotores que la obra, cuyo costo se estima en 2 mil 500 millones de pesos, es una necesidad imperiosa para conectar municipios conurbados con la capital del Estado. El crecimiento acelerado de Monterrey y su marcha hacia el progreso así lo exigen.
Afirman sus detractores que, además de pretenciosa y cara, la obra tendrá un impacto ambiental negativo en una zona protegida como la del Cerro de la Silla. Aunque las autoridades afirmen que establecerán candados para impedir el daño ecológico y los asentamientos humanos, en México, lo sabemos y vivimos diariamente, las leyes son materia de negociación y corruptelas, por lo que cualquier compromiso en este sentido seguro se convertirá en letra muerta en manos de los intereses que ven en el proyecto una mina de oro.
En el marco de los ataques y acusaciones mutuas que nos ofrecen la clase política y los partidos locales, me pregunto si alguna vez ellos se han sentado a cuestionar los alcances de una estrategia que privilegia el uso del los vehículos automotores y los automóviles particulares como principal medio de transporte.
En Europa y Japón, por ejemplo, la población de las grandes ciudades se moviliza en Metro y usa un eficiente y moderno sistema de autobuses urbanos y de trenes suburbanos. Se trata de una estrategia más limpia, más sustentable con el ambiente y más amigable con la calidad de la vida en las zonas urbanas.
En México, sin embargo, desde mediados del siglo 20, el Gobierno adoptó la cultura estadounidense del automóvil, cuyo uso se extendió con el boom económico de la posguerra. Dimos este paso sin mediar debate público alguno, sin contar con un plan estratégico, realizar un análisis de costos o cuestionar las implicaciones que acarrearía en el futuro.
Desde entonces, los grandes proyectos urbanísticos en las principales ciudades del País están determinados por el enfoque que privilegia la transformación del entorno a favor del uso masivo del automóvil: ejes viales, segundos pisos, pasos a desnivel, libramientos, periféricos, vías rápidas o ambiciosos arcos viales.
Como ciudadana, invito al Congreso local y a los titulares de las oficinas de Desarrollo Urbano del estado y de los municipios a que abran un debate en torno a las estrategias de transporte público a fin de formular políticas públicas al respecto.
Considerar la ampliación de las líneas del Metro a municipios como Santa Catarina, Villa de García, Villa de Santiago o Juárez representa, en mi opinión, una estrategia verdaderamente moderna, con una visión sustentable del problema.
Este enfoque es el que ha hecho que otros países estén a la vanguardia en políticas de transporte. Perforar montañas para que las atraviesen automóviles no necesariamente es símbolo de progreso, mucho menos expresión de una mentalidad moderna y sustentable.
lucrecialozano@itesm.mx
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