LA DERECHA, UNA AMENAZA PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Laura Itzel Castillo,

secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México

El Gráfico, 10 de diciembre de 2008

Hoy se cumplen 60 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). A seis décadas de distancia, en México este reconocimiento sigue siendo letra muerta. A diario se producen violaciones a estos preceptos en el ámbito humano, laboral, económico y social. En nuestro país, el derecho a una vivienda digna es una prerrogativa constitucional que el Estado no cumple. Por el contrario, el modelo neoliberal, agravado con los gobiernos de derecha, ha reducido esta garantía social a nivel de mercancía.

Desde su constitución, en junio de 2007, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) ha venido denunciando de forma documentada un conjunto de irregularidades en la administración de miles de créditos del Infonavit —organismo que desde los 70 ha construido alrededor de 70% de las viviendas de los trabajadores— sin que hasta la fecha exista una acción institucional que las corrija de fondo.

Por ejemplo, hemos señalado que un empresario gallego, David Leopoldo Sánchez-Tembleque Cayazzo, en su calidad de “no inmigrado visitante” y como subdirector general de Planeación y Finanzas de Infonavit, vendió indebidamente en 2006 más de 54 mil créditos quebrados a dos empresas trasnacionales, SCARP II y CAPMARK, en promedio a 15% del valor de cada casa, es decir a 25 mil pesos. Estas dos corporaciones aterrorizan extrajudicialmente a los legítimos propietarios para forzarlos a pagar de 300 a 600 mil pesos por cada vivienda, hasta lograr desalojarlos. Situación igual ocurre con los despachos de cobranza que tiene contratados el Instituto. Para frenar estos abusos, el Consejo conmemora la DUDH manifestándose hoy en distintas partes del país. En esta ciudad lo hace a las 10 a.m. en las instalaciones de SCRAP II, ubicadas en Paseo de la Reforma 404.

Reitero que la principal garantía de los créditos que otorga el Infonavit es el empleo, derivada de una obligación patronal que forma parte esencial del sistema de previsión social constitucional. Es decir, a los trabajadores en activo se les descuenta de su nómina el pago del préstamo.

El problema comienza cuando pierden su trabajo, y más porque el Infonavit castiga esto con convenios leoninos y viciados de origen, que obligan al trabajador a destinar 35% de su último salario al pago del crédito. La cartera vencida del Instituto, que en los últimos meses creció en más de 20%, es un mejor indicador que las tasas de desempleo que difunde el INEGI.

Ante tal situación se requiere un programa que prorrogue sin intereses el cobro a los empleados que serán despedidos, producto de la recesión. Tal es el caso del despido anunciado de 12 mil trabajadores por parte de la empresa Altos Hornos de México.