Contra la represión

EL NORTE.

PLAZA PÚBLICA
Miguel Ángel Granados Chapa.

2 Oct. 07.

Si tienen razón quienes experimentan la necesidad de organizar la defensa de las libertades públicas contra medidas autoritarias, es que el país retrocedió tres décadas a la tensa situación política causada por acciones represivas como la desaparición de personas.

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De estar en lo cierto el diagnóstico que le da nueva vida, en materia de libertades públicas nuestro país ha saltado hacia atrás casi tres décadas, por lo que es necesario fundar de nuevo el Frente Nacional Contra la Represión, que ya había surgido en 1979.

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En aquel entonces, si bien se había ya dictado una amnistía que procuraba la reconciliación nacional y atenuar las secuelas de la Guerra Sucia de esa década, era preciso ensanchar las vías para la búsqueda de 500 desaparecidos políticos y la puesta en libertad de presos no comprendidos en la amnistía o a quienes se obstruía la salida. En diciembre de 1979, el Comité Nacional Pro-defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, con el apoyo de tres partidos políticos (uno de ellos, el Comunista, ya con registro legal y representación en el Congreso) y la participación de 54 organizaciones civiles, movió a la constitución de un Frente Nacional Contra la Represión y en solidaridad con las libertades democráticas.

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Casi 28 años después el mismo motor ha llamado a repetir la operación, porque han persistido o vuelto las condiciones que condujeron a esa movilización. Se trata de Rosario Ibarra, hoy senadora de la República, que permanece fiel a su misión, ahora al frente del Comité Eureka. A su convocatoria han respondido un centenar de agrupaciones. Al anunciar el domingo la reunión en que hoy se formalizará la nueva versión del frente, doña Rosario recordó que con el de aquellos años "se logró la libertad de 148 personas que estaban detenidas en el Campo Militar número uno, se otorgó amnistía a mil 500 presos políticos y varios mexicanos regresaron del exilio".

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Ese frente actuó durante 13 años y su actividad fue diluyéndose, no porque cesara la represión gubernamental, sino porque ésta se centraba en blancos específicos, estrategia que ameritaba una forma diversa de denuncia y defensa. En efecto, hacia el año 1992 el frente cedió su lugar a otras formas de lucha, como la emprendida por el Partido de la Revolución Democrática, que concentró la inquina del poder autoritario, que le asestó golpes en que murieron y desaparecieron centenares de sus militantes. Por su lado, comités como el encabezado por la ahora senadora Ibarra continuaron su esfuerzo cotidiano, ya no insertas en una movilización más vasta como la que se pretende revivir ahora.

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Algunos de los rasgos represivos de los años sesenta y setenta han reaparecido o muestran nueva virulencia, pues no han dejado de ser practicados. Los allanamientos, las golpizas (que incluyeron homicidios), las agresiones sexuales, la ilegalidad que se asestaron en Atenco en mayo de 2006 contra una movilización social es uno de los episodios relevantes de la nueva etapa de la represión. Su punto culminante es la sentencia, confirmada en segunda instancia, contra Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que lo condena a más de 67 años de prisión, como si fuera un secuestrador mercenario y cruel.

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Pero ya un mes antes la represión mostraría su rostro en el asalto de la Policía Federal Preventiva a los obreros metalúrgicos de Sicartsa, en el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Y en Oaxaca iría desplegando paulatinamente su furia hasta sumar 20 personas muertas (sin que indagación ministerial o judicial ninguna esclarezca los hechos respectivos) y llegar a la avasalladora redada del 25 de noviembre, a cargo también de la PFP.

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Si bien, a diferencia de aquellos años, el funcionamiento de los poderes Legislativo y Judicial permite una mayor resistencia a los atropellos del gobierno federal y los estatales, la impunidad sigue siendo el sello que caracteriza a la acción ilegal y autoritaria. Más todavía, nuevas señales de organización gubernamental represiva añaden motivos de preocupación.

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El Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal, unidad militar creada por decreto del 9 de mayo modificado el 17 de septiembre, no deja lugar dudas: el gobierno federal ha retomado la idea del enemigo interno. Así como confía a tal nueva corporación tareas destinadas al combate a la delincuencia organizada y a la preservación de la seguridad nacional, la utilizará para la "restauración del orden y seguridad pública". Se le ha entrenado ya, si se cumplió el ordenamiento presidencial, para el "manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública" y para restablecer "el orden y el estado de derecho".

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La paz social y el orden son valores apreciables por todos, pero suelen ser interpretados por los gobiernos autoritarios como resultado de la sumisión forzada de los ciudadanos y sus organizaciones. Al establecer su resguardo como misión de un nuevo cuerpo a caballo entre lo castrense y lo policial, el gobierno panista se sitúa en la línea del autoritarismo represor del priismo.

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Por ejemplo, como secuela de la movilización del 68 -cuyo instante central se conmemora hoy- Díaz Ordaz introdujo en el código penal el delito de terrorismo, que desde 1970 prevé sanciones no sólo contra quien por medios violentos actúe contra las personas, las cosas o los servicios, para producir "alarma, temor, terror en la población", sino también a quien los practique "para perturbar la paz pública", lo que puede traducirse en una criminalización de los movimientos sociales.La detención y desaparición de personas, como las denunciadas por el EPR, no admitidas y menos sancionadas, forman parte del paisaje que provoca la recreación del frente.