Nuevo León: Ecocidio colonizador

proceso.com.mx
Por arturo rodríguez garcía
(Primera de tres partes)

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Monterrey, N.L., 23 de abril (apro).- Para poder urbanizar un bosque, el gobierno de natividad González Parás adecuó marcos normativos ambientales, integró informes falsos e indujo la especulación de bienes raíces, lo cual ha provocado ya el desplazamiento de comunidades rurales en la sierra Cerro de La Silla, donde pretende construir una obra vial.

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Acaparado el Cerro de La Silla por propietarios privados (Televisa es dueño de la mayor parte) y, consumidas sus faldas por fraccionamientos residenciales de alta plusvalía, el paso siguiente es la colonización de la sierra del mismo nombre, donde habitan decenas de especies endémicas amenazadas o en peligro de extinción.

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De acuerdo con expertos consultados, la obra extinguirá tres especies, fragmentará el hábitat de otras tantas y desplazará a los habitantes de nueve comunidades rurales que se oponen al proyecto, quienes, por lo pronto, organizaron un frente de resistencia con el apoyo de organismos civiles.

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El proyecto se denomina Arco Vial Sureste y contempla conectar la carretera 40 Monterrey-Reynosa, con la Nacional número 85, a partir de una ruta de casi 20 kilómetros, con una sección de 26 metros, repartida en dos cuerpos de vialidad, con dos carriles de 3.5 metros en cada uno, divididos por un camellón central de 8 metros de ancho. Además, dos banquetas de dos metros de ancho en ambos lados.

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En su trazo se incorporarían cuatro distribuidores viales, un túnel de 1.80 kilómetros en la sierra Cerro de La Silla, así como tres pasos ganaderos y 23 alcantarillas.

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La sierra Cerro de La Silla, se ubica al sur de Monterrey. La vialidad la atravesaría mediante un trazo paralelo al arroyo de Santa Ana, ubicado dentro de un cañón del mismo nombre, y a 100 metros de distancia del polígono que delimita el Monumento Natural Cerro de La Silla, que es un área protegida federal.

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El costo del proyecto se estima en más de dos mil millones de pesos y constituye el punto de partida para la urbanización de la zona, de acuerdo con la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos, que lo elaboró y realizó las gestiones para su autorización.

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El director del organismo, Abel Guerra Garza, se ha visto implicado en varios escándalos por tráfico de tierras, al igual que el gobernador Natividad González Parás y su familia.

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La Coordinación es la unidad administrativa del Fideicomiso Promotor de Proyectos Estratégicos Urbanos (Fideproes), creado originalmente para planear obras en el centro de Monterrey, y que diversificó sus fines para elaborar también “los proyectos estratégicos urbanos o prioritarios de obra pública que en su momento establezca el Ejecutivo”.

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El proyecto del Arco Vial Sureste inició a mediados de abril de 2007, con la perforación de la sierra, en el Cañón de Santa Ana, donde se pretende construir el túnel.

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A pesar de las vedas y sin contar con autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la empresa Ingeniería Geotecnológica de México, contratada por el Fideproes para realizar las primeras exploraciones, cortó árboles centenarios a lo largo de 700 metros, para abrir paso a la maquinaria que derramó combustible en una zona de acuíferos, por lo que el 25 de abril la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró los trabajos.

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La falta de transparencia con la que se inició el desarrollo, motivó la inconformidad de organismos no gubernamentales y académicos, pues ni siquiera se había dado a conocer al Consejo Ciudadano de Desarrollo Urbano, según el investigador del Colegio de la Frontera Norte e integrante de dicho consejo, Roberto García Ortega, quien indicó en mayo del año pasado: “Sencillamente no los conocemos, parece como si estuviéramos ahí nada más de membrete.”

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Aunque la existencia del proyecto ha sido confirmada y existe un Manifiesto de Impacto Ambiental y un Estudio Técnico Justificativo, jamás se presentó, de manera formal, ninguna maqueta ni proyecto a la opinión pública.

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No obstante, Abel Guerra Garza, declaró que la intención es detonar la zona y generar una urbanización semejante a la del sector conocido como Valle Oriente, uno de los más exclusivos de Monterrey, donde, de acuerdo con los avisos clasificados del periódico El Norte, el costo promedio de un terreno, es de hasta mil 500 dólares por metro cuadrado.

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Modificación opaca.

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La sierra Cerro de La Silla, fue catalogada por decreto, en el 2000, como una Reserva Natural Estatal, y en su reglamento, prohibía el cambio de uso de suelo, por lo que el Arco Vial y el túnel no podrían desarrollarse. Sin embargo, el 24 de octubre, el Periódico Oficial del Estado, publicó un decreto en el que modificó el reglamento y justificó en su introducción:

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“Las Áreas Naturales Protegidas que se encuentran dentro del Área Metropolitana de Monterrey están siendo sujetas a factores de presión social que demandan el aprovechamiento de los espacios y lugares hábiles para el efecto.”

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Con ese argumento, el decreto dio entrada a obras como el Arco Vial Sureste, que se podrá realizar en las áreas “de amortiguamiento de aprovechamiento especial”:

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“En dicha zona se podrán ejecutar obras públicas para la instalación de infraestructura de interés público, que generen beneficios sociales y que guarden armonía con el paisaje.”

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A diferencia del primer reglamento, fundamentado en estudios especializados, el actual fue una maniobra política, según sus detractores. René Hernández, el director de Parques y Vida Silvestre, explicó por esos días que la modificación surgió de una consulta pública que se realizó del 17 al 28 de septiembre. Así, con seis opiniones y sin estudios, se avaló la modificación.

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Según el funcionario, los organismos que legitimaron la reforma al plan de manejo, fueron las facultades de Ciencias Biológicas y de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Secretaría General de Gobierno y la Agencia de Protección al Ambiente, así como el Colegio de Biólogos y la delegación de la Semarnat, cuya delegada, Brenda Sánchez, desmintió, un día después, haber apoyado la modificación, sobre la que los pobladores de comunidades cercanas ya tramitan un amparo.