Derecho a la información y libertad de expresión
Lucha contra el olvido
Balbina Flores
en Informe Buendía
Análisis hemerográfico y documental sobre actos contra la libertad
de expresión en México, edición de marzo, México, 2008.
Corresponsal de RSF en México y reportera de la revista Zócalo
Hablar cada año de las cifras, las estadísticas, los periodistas desaparecidos y muertos se torna de pronto algo repetitivo y cansado.
Resulta lamentable que conforme pasan los años y los gobiernos, las fechas y los casos se olvidan. Los informadores asesinados y desaparecidos dejan de ser noticia exactamente al día siguiente en que ocurren los hechos. Lo más grave es que los gobiernos también olvidan su responsabilidad de investigar y sancionar los actos contra el trabajo informativa. Pero lo peor es que ahora también las autoridades se lavan la manos arguyendo que “es el crimen organizado el que atenta contra la prensa”. En ese sentido, ¿dónde queda la responsabilidad del Estado?
Los primeros 14 meses del gobierno de Felipe Calderón en materia de libertad de expresión no ha sido distintos de lo ocurrido en otros sexenios. Persiste el silencio y la falta de una política capaz de garantizar el ejercicio periodístico en México.
Hasta fines de febrero de 2008, durante el nuevo gobierno federal se pueden consignar siete periodistas asesinados, y cuatro desaparecidos. Además, por lo menos tres profesionales de la información han tenido que abandonar el país por razones de seguridad y varios más han sido objeto de secuestro, levantones y atentados. De las investigaciones en torno a esos casos nada se sabe.
La sociedad tiene derecho a saber cuál es el estado que guardan las investigaciones judiciales sobre los periodistas ultimados y desaparecidos, porque tales hechos no sólo son un atentado grave a la libertad de expresión sino un agravio a la sociedad.
Breve recuento
Sirva lo anterior para hacer un breve recuento sobre algunos de los casos relevantes ocurridos en 2007 y los primeros meses de 2008 y que por su gravedad no podemos olvidar.
Mal comenzamos 2008: febrero fue un mes negro para el gremio periodístico como en otros años en que en menos de 30 días se registraron los asesinatos de cuatro periodistas y uno más se encuentra desaparecido.
El 5 de febrero en Ciudad Camargo, Tamaulipas, fue ejecutado Francisco Ortiz Monroy, corresponsal del periódico Diario de México, que se edita en la capital del país. De ese crimen, las autoridades locales tienen varias versiones de cómo ocurrieron los hechos. Hasta la fecha, se desconocen las líneas de investigación que sigue la Procuraduría del Estado de Tamaulipas y a los directivos de Diario de México no se les ha dado mayor información .
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, (27/02/2008) fue encontrado muerto el reportero de la fuente policíaca José Luis Villanueva, integrante del periódico El Gráfico. La Procuraduría General de Justicia del estado dictaminó que el informador murió asfixiado por ahorcamiento.
El 7 de febrero, de 2008 el país se conmocionó con el asesinato a balazos de Bonifacio Cruz Santiago y Alfonso Cruz, director y reportero del periódico El Real (padre e hijo), en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Las primeras versiones indican que “los confundieron”. En los homicidios se utilizaron armas de uso oficial por lo que la PGR atrajo las indagatorias.
En estos tres casos Reporteros Sin Fronteras ha precisado que hasta el momento no hay elementos para asegurar que su muerte esté vinculada con su labor periodística, pero que los hechos son muestra del contexto de violencia en que se mueve la prensa en México.
También en febrero pero el día 12, Mauricio Estrada Zamora, reportero de la fuente policíaca del diario La Opinión de Apatzingán, desapareció alrededor de las 11 de la noche cuando salió del periódico. Esa misma noche su vehículo fue localizado en el municipio de Buenavista. Familiares del reportero han denunciado que antes de la desaparición, Estrada Zamora habría tenido discrepancias con un agente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Hasta la fecha colegas y familiares del periodista desconocen su paradero y el avance en las investigaciones.
Con el caso de Estrada Zamora, el número de periodistas desaparecidos en México se incrementa a ocho desde el 2000, y acerca de ellos organismos internacionales como el Centro de Periodistas de Nueva York (CPJ) y Reporteros sin Fronteras han reiterado su preocupación por las agresiones contra el gremio periodístico en el país.
El año anterior, el 20 de enero de 2007, desapareció el reportero Rodolfo Rincón Taracena, del periódico Tabasco Hoy, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. La primeras informaciones señalaban como posible móvil de esa desaparición los entonces recientes artículos publicados de Rincón relacionados con el narcomenudeo y otro relativo a la banda de atracadores de bancos. Sobre este caso Reporteros Sin Fronteras, llamó a la autoridades locales y federales “a conjuntar esfuerzos para agilizar las investigaciones y localizar al periodista”.
Informaciones de colegas del diario señalan que al cumplirse el pasado 20 de febrero un año de la desaparición de Rodolfo Taracena, ni sus directivos ni sus familiares conocen cuál es el avance que guardan las investigaciones en las procuradurías estatal y la federal.
El 10 de mayo de 2007, el reportero Gamaliel López y el camarógrafo Gerardo Paredes, adscritos a TV Azteca Noreste, en Monterrey, Nuevo León, desaparecieron cuando regresaban de cubrir un evento. Ambos cubrían informaciones diversas, entre ellas cuestiones urbanas y en ocasiones algunas ejecuciones en la región.
Al cumplirse casi un año de la desaparición de los periodistas, sus directivos han perdido la esperanza de encontrarlos con vida. El 10 de julio Alfonso Tejada, director editorial de la redacción de TV Azteca Noreste, manifestó: “no hemos recibido ningún mensaje de los periodistas y la policía ha dicho que no tiene indicios de su paradero”. Además, la procuraduría estatal les informó que el Grupo Antisecuestros había abandonado el caso.
Meses después, el Procurador de Justicia del Estado opinó ante medios de comunicación que los periodistas estaban vinculados con el narcotráfico, pero nada se dijo sobre las investigaciones y los elementos que tenía para hacer tal comentario. La televisora para quienes trabajan los reporteros ha dejado de informar sobre lo que ha pasado con los periodistas.
Amado Ramírez: investigaciones cuestionadas
En el caso del periodista Amado Ramírez, asesinado el 6 de abril de 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 01/2008, dirigida al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora Icaza y Zeferino Torreblanca, gobernador del Estado de Guerrero, en el que señala:
No se agotaron las líneas de investigación y que existe irregular integración en la averiguación previa, además de las numerosas irregularidades en las pruebas periciales de retratos hablados, así como inconsistencias y manipulación en el manejo de pruebas testimoniales.
Entre las principales irregularidades, el organismo refiere que se dejaron de atender oportunamente todos los elementos que aportaron información sobre las pesquisas; se privilegió una sola línea de investigación, la personal, descartando entre otras la periodística; además de que ese organismo pudo acreditar “que los inculpados fueron víctimas de conductas violatorias de los derechos humanos”.
La recomendación de fecha 14/01/2008 fue aceptada por el gobierno de Guerrero y a la fecha se debe haber ya dado cumplimiento a la misma, según los términos establecidos por la CNDH en su reglamento.
El 26 de abril fue localizado el cuerpo de Saúl Noé Martínez, reportero de Interdiario de Agua Prieta Sonora. Días antes sus familiares habían denunciado su desaparición. Los familiares del reportero se han quejado por las nulas investigaciones en el caso de Saúl y piden que se agilicen y se sanciones a los responsables.
Los días 16 de abril y 17 de mayo del año pasado fueron lanzadas dos grandas de mano a las instalaciones del diario Cambio de Sonora. Días después y ante la falta de garantías para el desarrollo de su trabajo, directivos del periódico decidieron cerrar las instalaciones del diario. De las investigaciones realizadas en torno a ese atentado nada se sabe. Tal parece que en estos casos no pasa nada. La facilidad con que se cometen estos delitos a plena luz del día es sorprendente. Al parecer sólo se tiene una explicación: que los responsables cuentan con cierta complicidad de la autoridades locales.
Por todo lo anterior, en su balance anual de la libertad de prensa en el mundo, Reporteros Sin Fronteras ha denunciado “la apatía”, incapacidad y cobardía de los defensores oficiales de la libertad de expresión y, en el caso de México, “reitera su denuncia por el estancamiento de las investigaciones en los asesinatos y desapariciones de periodistas”.
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