Hay recursos para invertir en Pemex, sostiene David Ibarra

La Jornada, 7 mayo 2008

■ Aspectos poco discutidos de la reforma, “campo minado”: Córdova

Georgina Saldierna

El simposio Petróleo y seguridad energética se convirtió ayer en un foro en el que fueron desmentidos todos y cada uno de los argumentos que ha planteado el gobierno federal para promover la reforma a ese sector.

David Ibarra, ex secretario de Hacienda, destacó que sí hay recursos para invertir en Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras el embajador Jorge Eduardo Navarrete refirió que las propuestas para cambiar la legislación en esta materia persiguen lo contrario de lo que el Ejecutivo afirma, esto es, que no se modifica la Constitución; que Pemex no se privatiza y que se fortalecerá la paraestatal.

Durante la sesión vespertina del foro organizado por el Frente Amplio Progresista (FAP), el historiador Arnaldo Córdova llamó la atención sobre aspectos poco discutidos del paquete de reformas que también constituyen un “campo minado”, en tanto que el jurista Raúl Jiménez destacó la inconstitucionalidad de las iniciativas.

Hay márgenes de maniobra

Frente a la inquietud de Ifigenia Martínez en torno a cómo se puede resolver la situación financiera de Petróleos Mexicanos, David Ibarra explicó que hay márgenes financieros de maniobra. Por ejemplo, manifestó que a la empresa se le fijó la necesidad de que tuviera un superávit primario de 15 mil millones de dólares, los cuales están congelados y no se han gastado por temor a que se dispare la inflación, lo cual calificó de ridículo.

Sumado a esa cifra, recordó que el Banco de México tiene 85 mil millones de dólares de reservas, que están guardados, mientras que otros países petroleros han creado los llamados “fondos soberanos de inversión” para generar ingresos y fomentar así su desarrollo.

Más adelante consideró necesarísimo que a Pemex se le dé autonomía de gestión, lo que significa sacarlo del presupuesto y que no esté sujeto a las reglas a que está sometido el gobierno federal en función de convenios que tiene con el exterior.

Planteó de igual manera que se cambie su régimen impositivo, es decir que pague como cualquier empresa el impuesto sobre la renta; que liquide las regalías de acuerdo con estándares internacionales y si el Estado necesita más recursos, que los obtenga vía el pago de dividendos de la paraestatal, pero no a costa de la inversión a Pemex. Esa se tiene que respetar, vigilar y regular, resaltó.

El economista añadió que este sería un régimen impositivo asequible, en lugar de lo que existe hoy, que es un sistema tortuoso sujeto a negociaciones anuales con la Secretaría de Hacienda, que impiden a la firma tener autonomía de gestión y poder ser realmente competitiva.

También manifestó que se requiere reconstituir el capital patrimonial de Pemex, porque “si se le ha endeudado con 50 o 60 mil millones de dólares a un costo superior al que paga el gobierno federal, pues tenemos que aliviar eso”. Ibarra estimó que esa deuda la puede asumir el gobierno federal.

Jorge Eduardo Navarrete refirió a su vez que el gobierno repite en sus discursos y en sus promocionales que la Constitución no se reforma, que Petróleos Mexicanos no se privatiza y que la empresa se va a fortalecer, como si fueran mantras o jaculatorias.

Agregó que las iniciativas del Ejecutivo intentan reformar leyes secundarias para, por este medio, alterar, modificar, torcer y deformar tanto la letra como el espíritu de las disposiciones constitucionales en materia petrolera. La intentona más patente, aunque no la única, está en las enmiendas previstas a los artículos segundo y cuarto de la ley reglamentaria del 27 constitucional en el ramo del petróleo.

El texto de la Carta Magna vigente establece que el crudo y demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica, constituyen un área estratégica a cargo de manera exclusiva del sector público. La enmienda sugerida al artículo segundo fragmenta este sector definido en la Constitución en dos segmentos: uno, integrado por lo que denomina “áreas estratégicas de la industria petrolera” y otro el resto de la industria.

Restringe así de manera arbitraria el alcance constitucional del sector petrolero, con lo que de hecho está proponiendo la reforma a la Carta Magna mediante la modificación de una ley reglamentaria, enfatizó.

Explicó que las iniciativas son privatizadoras en diversas dimensiones. La más evidente es la de permitir, y en muchas instancias formalizar o legalizar, la participación de agentes privados nacionales o foráneos en actividades de la industria reservadas en exclusividad a la nación.

Arnaldo Córdova alertó sobre los cambios propuestos que poco se han debatido, pero que son un “campo minado”. Entre ellos, se refirió a la creación de un consejo que va a tener facultades que ni siquiera el Ejecutivo federal controlará.

Finalmente, el ex senador Jesús González Schmal dijo que los contratos de riesgo son nulos de pleno derecho y se requiere accionar las instancias legales para detenerlos, como también el ejercicio político y la movilización ciudadana.