Alejandro Encinas
El Universal, 6 de mayo de 2008
¿Cuál es el origen de las diversas iniciativas en materia energética que hoy se debaten en el país? ¿Son estas de suyo iniciativas que obedezcan al interés nacional, o más bien el resultado de un súbito proceso de acuerdos y negociaciones, que atienden el “interés imperativo” en la estrategia energética de Estados Unidos?
La respuesta a estas preguntas se puede encontrar en distintos documentos del gobierno mexicano y sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, creada por los presidentes de los tres países en 2005 y que en su agenda incorporó como prioritario el asunto energético, donde se convino crear mecanismos de cooperación en investigación y desarrollo, para determinar si existían posibilidades de alianzas público-privadas e incrementar la cooperación en materia de regulación sobre temas energéticos.
Para ello se creo una comisión trilateral con las dependencias encargadas de este tema de cada uno de los gobiernos y en 2006, durante la reunión de Cancún, se creó el Consejo de Competitividad de América del Norte, órgano consultivo “para mejorar la competitividad de la región”. A este consejo trilateral —en el que participan el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y otros organismos empresariales— se encomendó recomendar sobre cuestiones de importancia inmediata y estratégicas de mediano y largo plazo.
El Consejo determinó tres ejes: facilitación de cruces fronterizos (mercancías y personas), cooperación regulatoria e integración energética.
El documento Integración energética no tiene desperdicio. En éste se establece con toda claridad que “el acceso a recursos energéticos globales en los términos del mercado es un imperativo estratégico para los Estados Unidos”. Más adelante señala: “Pocos temas tienen un componente nacional estratégico tan significativo.
“Si México fuera a liberalizar de manera cabal su sector energético, las reservas relativamente abundantes de petróleo y gas de ese país atraerían inversión y tecnología significativas. Sin embargo, el hecho de que no se haya liberalizado el sector energético de México ha frenado el proceso de inversión, y se percibe que un cambio constitucional sería poco probable en el corto plazo.” “Aunque la reforma del sector energético de México es un tema doméstico... el beneficio económico considerable que se podría obtener por iniciativas intermedias justifica traer el tema a la mesa de discusión. Al hacerlo, confiamos en que conforme se realicen las ganancias por iniciativas intermedias, la lógica de un mercado integrado determinará el ritmo para una reforma fundamental, en lugar de seguir esperando a que suceda lo contrario.”
Suscriben el documento —entre otros— José Luis Barraza, Gastón Azcárraga, León Halkin, Valentí Diez, Jaime Yesaki. Claudio X. González y Tomás González Sada.
Por si quedara alguna duda sobre esta estrategia de privatización cabe señalar que en febrero de 2007 este mismo consejo recomendó, que una vez asegurado el abasto de petróleo a la economía de Estados Unidos era necesario: “Liberalizar el comercio, almacenaje y distribución de productos refinados (lo que) incluiría la construcción, posesión y operación de oleoductos..
Podrán promoverse onerosas campañas mediáticas; negar hasta el cansancio la intención privatizadora; insistir que no se reformará la constitución; acusar a la oposición de ver fantasmas, de buscar notoriedad política. Mas el hecho claro y contundente es una estrategia privatizadora del petróleo que compromete el futuro del país, acorde con los intereses estratégicos de Estados Unidos, de su seguridad energética y nacional.
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