La Jornada, miércoles 27 de agosto de 2008

■ El tema no es jurídico-político, sino económico-social, señala el experto Adalberto Santana

Académicos achacan al modelo neoliberal la agudización de la violencia en el país

Laura Poy Solano

La creciente ola de violencia que vive el país es resultado de la aplicación de un modelo de desarrollo que privilegia no sólo el consumismo y la obtención de la riqueza fácil por medios ilícitos, también por un progresivo abandono de las responsabilidades del Estado en el ejercicio monopólico de la violencia, lo que permitió que irrumpieran grupos de particulares, como narcotraficantes y secuestradores, en lo que se puede denominar como un “fenómeno privatizador de la violencia en el país”, afirmaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Adalberto Santana, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), afirmó en entrevista que no es con “discursos políticos ni decálogos de buena voluntad como se podrá frenar la violencia en México, porque el problema no es jurídico-político, sino económico-social, es decir, las causas que ocasionan esta ola de violencia está en el modelo de desarrollo neoliberal y en la falta de solidaridad social y equidad, pues predomina el lucro y el consumismo mercantilizado, que es donde se ubica la llamada economía sumergida o ilegal que generan las actividades como narcotráfico, secuestro, tráfico de personas y armas, entre otras”.

En el contexto del ciclo Narcotráfico, secuestro y economía sumergida, convocado por el CIALC, destacó que la tendencia hacia una violencia creciente en la sociedad se remonta a “hace más de dos décadas, pues se han agudizado las condiciones de inequidad, y con ello la tendencia de la economía sumergida es a seguir creciendo, producto de una privatización de la violencia que ahora no es ejercida en exclusiva por el Estado, sino por particulares”.

Destacó que delitos como el secuestro, “demuestran claramente las contradicciones del modelo, pues las principales víctimas no son las clases empobrecidas, sino los la oligarquía, que al mismo tiempo, de contratar todo un equipo de seguridad –con guardaespaldas y vigilantes–, capacitan a quienes más tarde se unen a estas bandas porque cuentan con formación, habilidad y conocimientos, lo que genera un círculo perverso. No se han dado cuenta que están generando sus propios monstruos y Frankensteins que los están devorando”.

Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad nacional del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, afirmó que la falta de consensos políticos entre las principales fuerzas políticas del país “comienza a percibirse en las calles, no sólo en la falta de información sobre criminales, y su traslado a la capital del país, también en la creciente tensión entre sus autoridades, por lo que no podrá alcanzarse un gran acuerdo si antes no se superan estas diferencias”.

En México, indicó, existen cuatro delitos de gran impacto –narcotráfico, secuestros, tráfico de personas y de armas–, que representan 3 por ciento del total de ilícitos que se cometen en el país, por lo que 97 por ciento están “dentro de la esfera del fuero común, y afectan a la población en condiciones de pobreza, a diferencia del secuestro que golpea a la clase media y alta, pero no a los pobres, porque no tienen capacidad para ser extorsionados, como tampoco para la venta de drogas duras, como cocaína”.

Sin embargo, reconoció que el Estado mexicano ha fracasado en su política de seguridad nacional, es decir, que “una parte del Estado sí ha fracasado, aunque no podemos decir que en su totalidad; lo grave es cuando comenzamos a hacer un balance en todos los rubros donde no alcanza los mejores resultados, como en educación, y entonces sí comienza a ser realmente preocupante”.