Un acuerdo precario

León Bendesky
leon@jornada.com.mx

El plan de apoyo a la economía que presentó el gobierno el pasado 7 de enero no es en realidad un Acuerdo Nacional. Nadie más del conjunto de la sociedad estableció ningún compromiso ante la crisis. Los gobernadores de los estados mantuvieron una actitud pasiva, el sector privado sólo demandó la modificación del impuesto empresarial de tasa única, los sindicatos y otras organizaciones sociales siguen en una posición muy marginal.

El plan expone, igualmente, una debilidad institucional que debe corregirse rápidamente. Uno de los actores clave de la política económica, que es el Banco de México, aparece como testigo.

Una cosa es que el banco central tenga un estatuto de autonomía y otra, muy diferente, que participe de manera tangencial en la concepción de los asuntos públicos y en su expresión política. Esta disfuncionalidad es insostenible, pues en medio de esta crisis la política monetaria y su relación con los asuntos fiscales están más estrechamente entrelazadas.

El acuerdo, tal y como está planteado, ofrece una visión muy limitada de la magnitud de la recesión que ya se ha instalado. Una acción del gobierno es imprescindible en este momento, y los instrumentos que se proponen tendrán alguna repercusión en el comportamiento de la economía en los próximos meses. No será decisivo. Y lo que se alcance dependerá de la manera en que se ejecute a lo largo de los cinco ejes que lo componen.

El acuerdo no funciona en un vacío político, y en la medida en que la crisis se profundice y alargue habrá una creciente restricción de los recursos disponibles y mayor presión para disponer de ellos entre los diversos grupos de la sociedad. Esto ocurrirá en el marco de una fuerte desigualdad real y, también, de la capacidad de las demandas sobre el Estado por parte de diversos grupos.

La Secretaría de Hacienda proyecta ahora una tasa de crecimiento cero para 2009. Ese será el mejor de los casos posibles, pero es improbable. La economía de Estados Unidos sigue decayendo bruscamente en su actividad productiva y la creación de empleos; el sector financiero sigue en un fuerte desorden que se manifiesta en la ausencia de crédito, la reducción de las tasas de interés y de los precios de las acciones y de una amplia serie de activos.

La estimación del crecimiento en ese país es actualmente cercana a menos 2 por ciento para 2009. El impacto aquí va a ser mucho más grande del esperado por el gobierno. El consumo interno y la inversión no van a sostener los mercados, la creación de empleos será muy escasa, si acaso se logra, y los niveles de endeudamiento de las empresas grandes y de las familias impactarán en el uso de los recursos escasos.

Ante una expectativa más realista de una fuerte caída del producto, el acuerdo reciente pronto va a perder cualquier efectividad que se le haya asignado en el marco de la política pública.

El gobierno no parece estar preparado para un escenario de este tipo, y mantiene una concepción ideológica y una práctica para conducir la economía que ya no se corresponde con las nuevas circunstancias de rompimiento del modo de acumulación anterior. Por ello hay acciones contradictorias como querer apoyar la planta productiva, y al mismo tiempo seguir eliminando los aranceles a las importaciones en un momento en que ya no tiene justificación.

La falta de congruencia en las definiciones de la política pública es un asunto suficientemente grave en sí mismo y, sobre todo, en las circunstancias actuales. Además de que se agrava con la incompetencia de los funcionarios del gobierno en áreas clave de la gestión de la economía.

El gobierno actúa como si el problema que se enfrenta dependiera sólo de la combinación de los factores que se presentan actualmente, lo que se llama la coyuntura, misma que una vez transitada nos devuelva a la situación original. Eso es falso. Por otra parte, tampoco es deseable.

Así, se ha perdido una nueva oportunidad de replantear cómo funciona esta economía a partir del reconocimiento de que exhibe un muy lento crecimiento de manera crónica y de largo plazo, que la productividad y la capacidad competitiva se reducen, que prevalece una gran inequidad social y que las supuestas condiciones de fortaleza fiscal y financiera son en realidad endebles.

Se esquivó, otra vez, la ocasión de iniciar un replanteamiento del modo de crecimiento y de desarrollo de la economía mexicana, y se desperdició un momento en que el Estado podía recuperar cierta fuerza política frente a otros poderes de facto en esta sociedad. Esto va a ser muy costoso para el gobierno, pero más aún en términos colectivos.

El cuestionamiento del modo en que funciona el capitalismo y su replanteamiento va a ser ineludible a escala global. Es más, el proceso ya está echado a andar en las medidas de contención de la crisis aplicada en muchos países, sobre todo en Estados Unidos. Y va a seguir al replantear las condiciones internas de regulación de los mercados, incluyendo por supuesto el laboral.

La falta de visión e iniciativa que muestra el gobierno, pero también los pocos pero muy grandes empresarios privados, los partidos políticos y los sindicatos es muy expresiva de las fuertes amarras políticas e institucionales que prevalecen en el país.