AU: Solución integral al conflicto agrario en Santa María Ostula

Difusión Cencos México D.F., 2 de junio de 2010

La Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos", expresamos nuestra profunda preocupación ante la situación que vive la comunidad indígena de Santa María Ostula, ubicada en el municipio de Aquila en la costa de Michoacán, que ha enfrentado una serie de ataques por parte de grupos paramilitares, en represalia ante la recuperación el 29 de junio de 2009 de mas de mil hectáreas de terrenos que tenían invadidos desde hace 40 años supuestos pequeños propietarios de La Placita, Michoacán. Ese mismo día 200 comuneros desarmados fueron atacados por paramilitares con rifles de asalto AK 47.

Desde entonces, Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles, fueron secuestrados- desaparecidos por un comando armado el 23 de febrero de este año mientras se encontraban en un restaurante del municipio de Aquila. El 20 de abril, un comando paramilitar fuertemente armado de aproximadamente 20 personas sitiaron la casa del Presidente del Comisariado de Bienes Comunales Francisco de Asís Manuel, secuestrándolo y llevándolo con rumbo desconocido.

El pasado 7 de de Mayo, un grupo de aproximadamente 150 personas encapuchadas, portando armas de alto poder incursionó a la cabecera comunal de Ostula, y la encargatura de El Faro, en la comunidad de Coire con el objetivo de sembrar el terror en la población y tratar de secuestrar a un comunero de esa comunidad, transitado después por la carretera federal con absoluta impunidad.

Denunciamos la impunidad con que operan estos grupos en dicha zona en la que hay una fuerte presencia de elementos del ejército mexicano, la marina armada de México y el grupo anti secuestros de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, por lo que resulta por demás alarmante la situación y la omisión de las autoridades.

Desde junio de 2009 hasta la fecha han sido violentamente asesinados 8 comuneros nahuas de Ostula, Coire y Pámaro sin que hayan sido investigados estos crímenes por alguna autoridad gubernamental, a pesar de que la comunidad ha denunciado en varias ocasiones la presencia de poderosos cárteles de la droga, que gozan de una completa impunidad y que se han puesto al servicio de los supuestos pequeños propietarios para atacar a la población indígena.

En tanto, la Marina Armada realiza encuestas en las encargaturas para determinar el número de hombres, mujeres y niños que habitan en la zona, el número de tiendas de abarrotes y los vehículos con los que cuenta cada localidad, información que la comunidad se ha negado a proporcionar ante el temor de que sea usada en una activa estrategia contrainsurgente.

Por otra parte, sigue pendiente la resolución definitiva de la problemática agraria mediante las medidas de compensación económica por parte de la Secretaría de Reforma Agraria, esto a pesar de que ya se realizaron los trabajos técnicos informativos los pasados 11 y 12 de febrero.

Es preciso señalar que Santa María Ostula ganó un amparo federal en tribunales colegiados, que tuvo su repercusión en la sentencia del Tribunal Superior Agrario que ordena reponer el procedimiento judicial debido a que el plano definitivo de su resolución presidencial está plagado de abismales errores topográficos, no solo de ubicación de sus colindancias, sino en su misma elaboración técnica, situación que deja en una completa falta de garantías jurídicas a la comunidad, esto en incumplimiento directo de los convenios internacionales firmados y asumidos por el Estado Mexicano, convenios que siguen siendo Ley Suprema en nuestro país.

Esos mismos errores son los causantes de innumerables conflictos agrarios que derivan en situaciones violentas en todo el territorio nacional, situación que no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado con los nuevos esquemas impuestos por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) y su aplicación en las comunidades indígenas (PROCECOM).

Esta situación se da en medio de una fuerte presión para imponer en las comunidades nahuas de la costa de Michoacán ambiciosos proyectos trasnacionales que no han sido consultados con las comunidades, como es el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán, la nueva carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas y destructivos proyectos mineros.

Por lo anterior exigimos:
• La presentación con vida de los comuneros Francisco de Asís Manuel, Gerardo Vera y Javier Martínez.
• La implementación de una investigación seria y transparente que lleve al castigo de los responsables.
• La implementación de medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales de Derechos Humanos, que contribuyan a la seguridad de autoridades y voceros visibles de este movimiento indígena.
• El respeto y reconocimiento a la policía comunitaria de Santa María Ostula.
• La inmediata solución integral del conflicto agrario mediante el programa de atención a Conflictos Sociales del Medio Rural (COSOMER) de la Secretaría de Reforma Agraria.
• El desmantelamiento de los grupos paramilitares que operan en la zona.

Esta información fue proporcionada por la Asociación Jalisciense en Apoyo a los Grupos Indígenas.

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