Valentina Rosendo

Valentina y los soldados

Marta Lamas. Proceso


MÉXICO, D.F., 1 de junio.- Valentina Rosendo Cantú tenía 17 años y estaba lavando ropa en el río cerca de su casa cuando un grupo de ocho soldados la abordó. Mientras uno le apuntaba con un arma, otro la interrogó agresivamente sobre la persona que aparecía en una foto y le mostró una lista con varios nombres. Cuando ella contestó que no los conocía, un militar la golpeó con la culata de su rifle y ella cayó. Dos soldados le quitaron su ropa y uno de ellos la violó. Después, el militar que la había interrogado también procedió a violarla. Tlachinollan relata que esto ocurrió hace más de ocho años, en febrero del 2002, en el poblado de Barranca Bejuco, Guerrero.

Cuando Valentina llegó al centro de salud más cercano, en Caxitepec, el médico en turno se negó a atenderla alegando que no quería “tener problemas” con el Ejército. Valentina, acompañada de su marido y cargando a su hijita de tres meses, caminó durante 15 horas hasta llegar al Hospital General de Ayutla. Como “no tenía cita previa”, la hicieron regresar al otro día, por lo que tuvieron que pernoctar ahí.

El marido de Valentina era de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), asociación de la cual surgió la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), que la acompañó a presentar la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, y a interponer denuncia ante el Ministerio Público del Distrito Judicial de Allende. A pesar de que el agente del Ministerio Público se dio cuenta de que Valentina no entendía bien el español, pues su lengua es la denominada me‘phaá (tlapaneco), no le designó perito traductor y se limitó a hacer constar que su marido, Fidel Bernardino Sierra, le tradujo las palabras que no entendía.

Aunque las mujeres víctimas de violencia sexual no denuncian por la vergüenza y la estigmatización que supone esa agresión, Valentina decidió luchar para acceder a la justicia. A finales de abril de ese año el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan asumió su defensa legal y Valentina presentó una denuncia contra elementos del Ejército por los delitos de violación sexual y lo que resulte de la investigación. Pero la titular del Ministerio Público del fuero común especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar se declaró incompetente y remitió la investigación a la Procuraduría General de Justicia Militar. Valentina presentó un amparo solicitando que las autoridades militares declinen la competencia del caso, pues no deben ser juez y parte: los soldados violadores deben responder ante la justicia civil.

A partir de entonces, la comunidad de Valentina empezó a recibir mensajes de autoridades del tipo de “si persisten en denunciar al Ejército, van a tener problemas”, o “por esa mujer les van a retirar el apoyo de Procampo”. Las agresiones y la estigmatización contra ella aumentaron y su marido la abandonó. Sin embargo, Valentina se mantuvo firme, respaldada por sus padres y hermanos. Tlachinollan presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre del 2003: la CIDH lo admitió en octubre del 2006, y luego recomendó al Estado mexicano la adopción de una serie de medidas para la reparación integral del daño generado por la violación de los derechos de Valentina. Como el gobierno no cumplió con las recomendaciones, el 2 de agosto de 2009 la CIDH demandó a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y, finalmente, la semana pasada, el 27 de mayo, tanto el Estado mexicano como Valentina comparecieron en Costa Rica ante la Corte.

Ahí, Armando Vivanco Castellanos, director de Democracia y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reconoció que si bien es cierto que la integración de la investigación no se hizo de manera eficaz y eficiente, no se puede responsabilizar al Estado mexicano por tortura y tampoco por violar el derecho a la salud y al debido proceso de Valentina. Tampoco aceptó que Valentina hubiera sido víctima de violación sexual por parte de militares (“sólo hay pruebas circunstanciales que no prueban los hechos”), y refutó las afirmaciones de la CIDH, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y de Tlachinollan.

¡Ocho largos años en busca de justicia! Las amenazas e intimidaciones hacia Valentina y su familia (entre las que destaca el intento de secuestro de su hija de ocho años de edad) llevaron a que el 2 de febrero de 2010 la Corte Interamericana ordenara al Estado mexicano la adopción de medidas provisionales para ella y su familia, pues “es fundado y lógico temer que se consumen las amenazas de modo irreparable”.

Lo que exige Valentina es que, cuando los soldados cometan barbaridades contra ciudadanos, sean juzgados por la justicia civil. No basta que el Ejército les haga saber de manera contundente a sus soldados que no deben usar la violación sexual como un arma de intimidación. Después de esta audiencia, tanto la defensa de Valentina como el Estado mexicano deberán entregar sus alegatos finales por escrito el próximo 28 de junio. La resolución de la Corte Interamericana es crucial para que el Ejército controle mejor las barbaridades de sus subordinados con la población civil.