Oficio de papel

Miguel Badillo. 31 de mayo 2010

* El uso político de la justicia en México
* Tintes electorales en el caso de “Greg”
* Prueba suficiente de lavado de dinero

“La ejecución de una orden de aprehensión en contra del señor Greg Sánchez obedece a las evidencias, a los indicios y los testimonios que obran en poder de la autoridad”, fueron las palabras iniciales que dirigió a la prensa Felipe Calderón desde Canadá al referirse a la detención del candidato por la alianza PT, PRD y Convergencia, a la gubernatura del estado de Quintana Roo.

El jefe del Ejecutivo, de extracción panista, explicó: “el señor Gregorio Sánchez no sólo ha sido acusado por la oficina del procurador general; esos cargos, esos indicios, esas evidencias, también han sido debidamente valoradas por un juez que obsequió la orden de aprehensión, la cual se ejecutó”.

Y concluyó sobre el tema: “la obligación de la autoridad es actuar conforme a la ley y no puede la Procuraduría General hacer distingos o excepciones por razones de carácter electoral o político. Tiene que actuar en donde haya evidencias, sea del crimen organizado o de lavado de dinero o cualquier otra acción que está penalizada por la Ley”.

Estas evidencias a las que se refiere Calderón, esos indicios y testimonios no surgieron hace algunas semanas. Se trata, como lo confirman expedientes en poder de esta columna, de una añeja investigación cuyas conclusiones, al menos desde hace un año, pudieron haber sido turnadas por la Procuraduría General de la República a un juez federal para analizarlas y dictar la orden de aprensión respectiva, como lo hace ahora en la etapa final para que coincida con las elecciones en Quintana Roo.

Entonces la PGR sí tiene, como dice Calderón, la obligación de actuar, pero no de administrar la justicia en beneficio de las causas y proyectos político-electorales del PAN, aun cuando la orden haya sido dictada desde Los Pinos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda – responsable de la investigación contra Gregorio Sánchez – ha sido criticada por su lenta actuación y escasa capacidad de respuesta para descubrir a tiempo los fenómenos y acciones ligadas con el crimen organizado. Ahora, con la decisión del gobierno de Felipe Calderón se pone en entredicho, una vez más, a esta entidad, a pesar de que desde hace más de un año sus investigadores ya contaban con pruebas suficientes para iniciar acciones legales contra el popular y controversial Greg Sánchez. Sacrificar a la UIF, sin embargo, parece ser el precio que se tiene que pagar por avanzar en un proceso electoral e impedir que el PAN siga perdiendo terreno rumbo al 2012.

Vulnerar a la Secretaría de Hacienda no es un asunto menor. Esta debería ser una dependencia apartada del ánimo político del presidente y dejarla hacer su trabajo en tiempo y forma para mejorar la procuración de justicia en este país tan desacreditado en sus instituciones.

Sin embargo, desde que Agustín Carstens sucumbió a la tentación de pactar lealtad a Calderón a cambio de su postulación al Banco de México, Hacienda se ha visto minada por los intereses políticos que salen de Los Pinos y de las oficinas nacionales del Partido Acción Nacional. Cómo entonces este gobierno federal panista puede garantizar una justa impartición de justicia si utiliza los expedientes de “lavado” de dinero elaborados por la UIF para atacar a la oposición, aun cuando éstos estén bien fundados por los investigadores fiscales, pero cuando se trata de miembros del PAN o funcionarios del primer equipo de gobierno simplemente los expedientes son archivados y nunca proceden.

Hay varios casos en los archivos de la UIF y en poder de esta columna que confirman cómo el gobierno de Calderón tuerce la ley para atacar a la oposición y proteger a los miembros de su gabinete.

Una prueba de ello es cómo una “persona políticamente expuesta”, integrante del gabinete de Felipe Calderón y miembro distinguido del PAN, ha sido investigada por el aparato financiero gubernamental y descubrieron que él y su familia se ha beneficiado supuestamente con dinero producto del narcotráfico y de recursos públicos. Se trata de quien fuera gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, actual procurador Federal de Protección al Ambiente.

Distinto a lo que sucedió con Greg Sánchez, la Secretaría de Hacienda también presentó una denuncia penal desde hace tres años por el delito grave de “lavado” de dinero en contra de Patrón Laviada y varios familiares, pero la PGR “extravió” a propósito la acusación y nunca procedió en contra del amigo del presidente de la República.

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