Muerte minera

Plaza Pública.

Miguel Ángel Granados Chapa.

El Norte (15-Ago-2007).-

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Catorce meses duró el primer intento del Grupo México y el gobierno federal por eliminar a Napoleón Gómez Urrutia de la dirección nacional minera. Iniciado el 17 de febrero de 2006, con la burda toma de nota a favor de un secretario general espurio, el esfuerzo terminó el 11 de abril pasado, cuando un tribunal federal amparó al dirigente depuesto y obligó a que el 16 de ese mes la Secretaría del Trabajo lo repusiera en su cargo.
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Ante la frustración de ese propósito, el Grupo México tiene en curso, probablemente también con el apoyo de las autoridades laborales como en el pasado reciente, dos nuevas tácticas, tendientes a desembarazarse del fardo que ha significado para ese consorcio empresarial lidiar contra Gómez Urrutia y su comité nacional sindical. Sería grave de suyo que un empleador pretendiera modelar la agrupación gremial de sus trabajadores. Es más grave aun cuando ese intento significa violencia y muerte, como ocurrió el sábado pasado en Nacozari, Sonora.
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Las tácticas aludidas parten de las dos minas de cobre que el Grupo México opera en Sonora, a través de sus empresas Minera de Cananea y Mexicana de Cobre. No es casual que ese estado sea escogido como escenario para el nuevo empeño contrario a Gómez Urrutia y los suyos. Gobierna la entidad un antiguo dirigente empresarial, Eduardo Bours, que ya el año pasado colaboró en la táctica fracasada haciendo que un juez penal de primera instancia emitiera una orden de aprehensión contra Gómez Urrutia y contra dirigentes locales del sindicato. Ahora la colusión se manifiesta en la detención de varias personas en Nacozari por un lapso mayor que el ordenado por la Constitución para ponerlas a disposición del Ministerio Público.
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En Cananea, Grupo México cooptó el año pasado a quien encabezaba la Sección 65 del sindicato, Francisco Hernández Gámez, quien por eso fue repudiado por sus compañeros y expulsado de la organización. Con motivo de la huelga que en ésa y dos instalaciones más comenzó el 30 de julio, Hernández Gámez ha aparecido como organizador de un todavía inexistente sindicato independiente minero, que promueve el regreso al trabajo en aquella localidad.
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Por las dudas, por si acaso se frustrara también ese intento, Grupo México y la Secretaría del Trabajo están activando un plan alternativo. Han resucitado un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana. Se trata de un membrete con apenas 100 miembros, según su propia declaración formal, que está domiciliado en Monterrey y cuenta con registro sindical, el 5770. Su secretario general es Rupertino García Reyes, cuyo mando expirará en 2010. La tenue agrupación está afiliada a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, parte a su vez de la Confederación de Trabajadores de Sindicatos Independientes, elemento principal de la Alianza Sindical Mexicana, creada desde arriba en abril del año pasado como una suerte de CTM blanquiazul.
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Constituido en vocero de sus trabajadores, el Grupo México dice haber "recibido notificaciones de parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el sentido de informarnos que cerca de 4,260 trabajadores de ocho unidades mineras, que incluyen a La Caridad, han renunciado al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y se han afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana (SNTEEBMRM). Estos son dos terceras partes de los trabajadores de las subsidiarias de Minera México, SA de CV. La audiencia respectiva será a finales de este mes".
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Amén de preguntarnos a partir de qué ordenamiento legal un tribunal del trabajo da cuenta a un empleador de las vicisitudes internas de un sindicato, se desprende de esa información el propósito de convertir al SNTEEBMRM en un sindicato de empresa, en la doble acepción del término, el jurídico que se aplica a la agrupación laboral que es contraparte de un solo negocio; y el político, que revela el uncimiento sindical a la voluntad patronal. Y se revela también la alerta gubernamental al empleador para que se apreste a influir en sus trabajadores a la hora del recuento, que en eso consiste la "audiencia respectiva". Cuando más de un sindicato pretende ser titular de las relaciones de trabajo con un patrón, la autoridad está obligada a verificar a cuál pertenece la mayoría de los representados. Esa diligencia puede ser fuente de dificultades y aun de violencia.
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Tal violencia apareció ya, en circunstancias confusas, el sábado pasado, cuando un enfrentamiento en Nacozari generó la muerte de una persona, golpes y heridas a muchas más y la ya mencionada detención y desaparición de un número indeterminado, todo ello en el marco del enfrentamiento entre el sindicato minero y Grupo México. Entre marzo y junio del año pasado fueron suspendidas de facto las labores en La Caridad, en apoyo del requerimiento sindical de reponer en su cargo a Gómez Urrutia, depuesto en febrero anterior. Mexicana de Cobre, la empresa del lugar, demandó y obtuvo la terminación de las relaciones laborales con la sección sindical que había parado, y recontrató selectivamente al personal. Los despedidos alegan su derecho a ser contratados de nuevo y un grupo de ellos chocó el sábado con quienes terminaban su turno. Ambas partes se achacan la intervención de golpeadores profesionales y la autoría del homicidio. Esa violencia no debe ser tolerada.


Cajón de Sastre

El martes 7 cuatro reporteros de tres distintos medios fueron detenidos arbitrariamente en Monclova. Iban a cubrir un accidente cuando se percataron de que militares y agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la SIEDO, realizaban una operación conjunta. Atribuyeron más importancia informativa a esa movilización y siguieron al convoy policiaco-castrense, lo que los jefes de la operación consideraron indebido. Los reporteros Sinuhé Adolfo Samaniego y Manuel Acosta, del diario Zócalo, así como Jesús González Meza de La Voz y Alberto Rodríguez Reyes del Canal 4 local fueron retenidos esa noche en instalaciones militares, donde sufrieron maltrato. Al atardecer del miércoles fueron presentados al Ministerio Público federal, acusados -en falso, alegan ellos- de portar un arma prohibida y poseer varias dosis de droga. Entre los declarantes en su contra, uno de los militares se presentó oculto tras un pasamontañas. Los periodistas quedaron libres el viernes, pero se les sujetó a proceso.