Calificación reprobada

Calificación reprobada Luis Eduardo Villarreal Ríos 30 May. 08 ¿Quién confía en el discurso oficial cuando se refiere al respeto a los derechos humanos? A las promesas y los diagnósticos emanados del poder el pueblo responde con incredulidad, franco rechazo, o bien con crítica puntual. El miércoles, elnorte.com publicó un gráfico animado con datos de Amnistía Internacional reprobando a México en la materia. Lo que se apreciaba como un cambio con los gobiernos panistas hace ocho años quedó en casi nada. En el sexenio pasado se tomaron medidas sin que significaran avance alguno. Se impulsó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se abrió el país al escrutinio internacional, a finales de 2002 se instaló aquí una oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. A pesar de dichos logros, prevalece la sistemática violación de los derechos de los migrantes, la flexibilidad laboral, la vulneración del derecho indígena, la desigualdad social y el uso desproporcionado de la fuerza pública. Desde 2005, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, señaló que México reporta problemas estructurales que generan violaciones sistemáticas a la dignidad de las personas: La pobreza creciente, siempre vinculada a la desigualdad y la discriminación, la impunidad que constituye el mejor aliciente para el delito y las restricciones desde el poder a la libertad de expresión. El Gobierno de Felipe Calderón, con motivo de enfrentar la creciente ola de inseguridad y violencia, ha diseñado un dispositivo que abarca medidas como incorporar masiva e intensivamente al Ejército en el combate al narcotráfico. A la par, se impulsa una reforma al sistema de justicia penal para "aumentar la eficacia de las autoridades", dando rango constitucional al arraigo de sospechosos, eliminando el proceso cuando exista confesión, y otorgando facultades a la policía para allanar domicilios. Implementa asimismo una campaña mediática promoviendo la percepción de que la "mano dura" es la mejor opción, al tiempo de que se desliza la idea de que quienes se opongan, como las organizaciones de derechos humanos, son enemigos de la ciudadanía y defensores de delincuentes. Sin embargo, las y los defensores de derechos humanos, según el Informe 2008 de Amnistía Internacional, "continuaron siendo objeto de ataques, amenazas, hostigamiento y cargos penales infundados en muchos estados, en lo que parecían ser represalias por su labor". Cita dicho cita a Aldo Zamora, ecologista contra la tala ilegal en el Estado de México, quien murió asesinado; al defensor de los derechos de los migrantes Santiago Rafael Cruz, golpeado hasta morir en la oficina del Comité Organizador del Trabajo Agrícola, en Monterrey. La defensora Aline Castellanos, obligada a abandonar Oaxaca tras dictarse en su contra una orden de detención basada en pruebas falsificadas, acusándola de ocupar un edificio público. La lista no incluye a don Raúl Vera, hostigado por su defensa de las familias de los mineros muertos en Pasta de Conchos, así como ser voz de las sexoservidoras mancilladas por militares en Castaños, Coahuila; y, en estas semanas, a la hermana Consuelo Morales, amenazada por defender a colonos del fraccionamiento Nueva Castilla. Ya es hora de que el Gobierno federal establezca un compromiso serio, no sólo en el discurso, con los derechos humanos. Mientras existan la desigualdad, la criminalización de la protesta social y el hostigamiento a la defensoría, prevalecerán las tendencias autoritarias y la correspondiente incredulidad.