| Lozano contra Gómez Urrutia |
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30 May. 08
Con el argumento de que mañana se vence el término para el que fue elegido el líder de los mineros y mediante la negativa de toma de nota de su confirmación como dirigente, el Secretario del Trabajo quizá consume los designios hasta ahora fallidos
Mañana, "31 de mayo, vence, oficialmente, el término del señor Gómez Urrutia como secretario general", afirma el secretario del Trabajo, Javier Lozano, respecto del líder del sindicato minero. En espera de esa fecha la dependencia a su cargo ha demorado la toma de nota que le fue solicitada, después de que la XXXV convención nacional minera, celebrada al principio de este mes, confirmara su mandato al dirigente que, según el decir de Lozano mismo, se encuentra fuera del país en calidad de prófugo de la justicia.
Más claramente que nunca, el secretario Lozano continúa la actitud de su medio tocayo y antecesor, Francisco Javier Salazar, frente a Napoleón Gómez Urrutia. El potosino que después de un breve paso por el comité nacional panista quiere ser candidato al gobierno de su estado natal, consiguió en febrero de 2006 deponer al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y sustituirlo, en clara connivencia con el Grupo México, por una figura de paja, Elías Morales. Pero la justicia federal amparó a Gómez Urrutia en abril de 2007 y no quedó a Lozano, sustituto de Salazar, más remedio que acatar la resolución judicial que dejó a Morales donde siempre debió estar y restauró la condición de líder a quien encabeza el sindicato a distancia, pues en efecto están vigentes dos órdenes de aprehensión en su contra. Pero eso no significó que el gobierno panista cancelara su propósito de echar del sindicato minero a Gómez Urrutia. Con acciones más eficaces que las de su predecesor, Lozano ha esperado a que mañana Gómez Urrutia quede en precariedad jurídica laboral, concluido el término para el que fue elegido y sin toma de nota de su nueva situación.
En la estrategia para lograr ese objetivo la guerra de información tiene un lugar eminente. La practica el propio Lozano y lo hace también su vocero. A últimas fechas se han hecho auxiliar de un litigante que asegura representar a 6 mil trabajadores reclamantes de la porción que presuntamente les corresponde de unos traídos y llevados 55 millones de dólares. Se trata de Agustín Acosta Azcón, que tuvo una breve incursión en la administración calderonista y ha vuelto a su despacho de abogado. Apenas comenzó Agustín Carstens a despachar en la Secretaría de Hacienda designó a su tocayo Acosta (hijo a su vez de otro Agustín, Acosta Lagunes, que fue gobernador de Veracruz por capricho de José López Portillo) como jefe de la muy importante Unidad de Inteligencia Financiera, un instrumento necesario para, entre otros propósitos, combatir el lavado de dinero. Pero alguien descubrió un pecado político más que profesional en el pasado reciente del litigante: haber defendido a René Bejarano y obtenido su libertad. Esa mácula ensombreció su nombre y fue obligado a renunciar.
Ahora le toca impulsar el ataque desde el flanco privado contra Gómez Urrutia. Al servicio del Grupo México, que después de perder hace 4 años el litigio que dejó los mentados 55 millones de dólares en las arcas del sindicato minero, no ha cejado en su propósito de cobrar venganza por ese cuantioso agravio. Acosta Azcón patrocina a un breve número de trabajadores que buscan estorbar la toma de nota favorable a Gómez Urrutia. La Secretaría del Trabajo ha informado que "se han (sic, por ha) recibido un total de ocho inconformidades de parte de grupos de trabajadores mineros en contra de que se otorgue la toma de nota como secretario general a Napoleón Gómez Urrutia por presuntos incumplimientos a los estatutos del sindicato y a las leyes".
Al difundir profusamente esa inconformidad, Acosta Azcón miente al afirmar que el líder a distancia no puede encabezar el gremio minero ya que ha perdido sus derechos por efecto de las órdenes de aprehensión en su contra. Como buen abogado que es, el representante de los adversarios de Gómez Urrutia sabe que eso no es verdad. Sólo una sentencia definitiva puede generar esa pérdida de derechos y, de modo provisional, puede hacerlo también un auto de procesamiento, de formal prisión, que no ha sido dictado en este caso.
La Secretaría del Trabajo sugiere que se está acogiendo a la mentira propalada por el litigante al informar que, estando Gómez Urrutia fuera del país "por las causas de sobra conocidas... es necesario verificar si esta condición lo habilita (sic, por inhabilita) para fungir como secretario general del sindicato, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y en los propios estatutos del gremio".
Para salvar el pretexto de que no ha transcurrido el término de 60 días para otorgar o negar la toma de nota, el sindicato minero ha acudido al derecho de petición, que conforme al artículo 8 constitucional debe satisfacerse "en breve término". Si bien la dimensión de ese plazo es susceptible de interpretación (el abogado Néstor de Buen considera que no debe exceder de tres días) es claro que ya se incumple la obligación prescrita en la Constitución de que la autoridad a quien se haya dirigido una petición la responda con "acuerdo escrito" que debe hacerse conocer al peticionario en ese "breve término".
Gómez Urrutia perdió el apoyo de Alonso Ancira, el también polémico director de Altos Hornos de México (sobre quien pesó una orden de aprehensión que lo forzó a permanecer en el extranjero). Veremos si ese movimiento de pinza puede más que la voluntad de los trabajadores.
Cajón de sastreMañana, "31 de mayo, vence, oficialmente, el término del señor Gómez Urrutia como secretario general", afirma el secretario del Trabajo, Javier Lozano, respecto del líder del sindicato minero. En espera de esa fecha la dependencia a su cargo ha demorado la toma de nota que le fue solicitada, después de que la XXXV convención nacional minera, celebrada al principio de este mes, confirmara su mandato al dirigente que, según el decir de Lozano mismo, se encuentra fuera del país en calidad de prófugo de la justicia.
Más claramente que nunca, el secretario Lozano continúa la actitud de su medio tocayo y antecesor, Francisco Javier Salazar, frente a Napoleón Gómez Urrutia. El potosino que después de un breve paso por el comité nacional panista quiere ser candidato al gobierno de su estado natal, consiguió en febrero de 2006 deponer al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y sustituirlo, en clara connivencia con el Grupo México, por una figura de paja, Elías Morales. Pero la justicia federal amparó a Gómez Urrutia en abril de 2007 y no quedó a Lozano, sustituto de Salazar, más remedio que acatar la resolución judicial que dejó a Morales donde siempre debió estar y restauró la condición de líder a quien encabeza el sindicato a distancia, pues en efecto están vigentes dos órdenes de aprehensión en su contra. Pero eso no significó que el gobierno panista cancelara su propósito de echar del sindicato minero a Gómez Urrutia. Con acciones más eficaces que las de su predecesor, Lozano ha esperado a que mañana Gómez Urrutia quede en precariedad jurídica laboral, concluido el término para el que fue elegido y sin toma de nota de su nueva situación.
En la estrategia para lograr ese objetivo la guerra de información tiene un lugar eminente. La practica el propio Lozano y lo hace también su vocero. A últimas fechas se han hecho auxiliar de un litigante que asegura representar a 6 mil trabajadores reclamantes de la porción que presuntamente les corresponde de unos traídos y llevados 55 millones de dólares. Se trata de Agustín Acosta Azcón, que tuvo una breve incursión en la administración calderonista y ha vuelto a su despacho de abogado. Apenas comenzó Agustín Carstens a despachar en la Secretaría de Hacienda designó a su tocayo Acosta (hijo a su vez de otro Agustín, Acosta Lagunes, que fue gobernador de Veracruz por capricho de José López Portillo) como jefe de la muy importante Unidad de Inteligencia Financiera, un instrumento necesario para, entre otros propósitos, combatir el lavado de dinero. Pero alguien descubrió un pecado político más que profesional en el pasado reciente del litigante: haber defendido a René Bejarano y obtenido su libertad. Esa mácula ensombreció su nombre y fue obligado a renunciar.
Ahora le toca impulsar el ataque desde el flanco privado contra Gómez Urrutia. Al servicio del Grupo México, que después de perder hace 4 años el litigio que dejó los mentados 55 millones de dólares en las arcas del sindicato minero, no ha cejado en su propósito de cobrar venganza por ese cuantioso agravio. Acosta Azcón patrocina a un breve número de trabajadores que buscan estorbar la toma de nota favorable a Gómez Urrutia. La Secretaría del Trabajo ha informado que "se han (sic, por ha) recibido un total de ocho inconformidades de parte de grupos de trabajadores mineros en contra de que se otorgue la toma de nota como secretario general a Napoleón Gómez Urrutia por presuntos incumplimientos a los estatutos del sindicato y a las leyes".
Al difundir profusamente esa inconformidad, Acosta Azcón miente al afirmar que el líder a distancia no puede encabezar el gremio minero ya que ha perdido sus derechos por efecto de las órdenes de aprehensión en su contra. Como buen abogado que es, el representante de los adversarios de Gómez Urrutia sabe que eso no es verdad. Sólo una sentencia definitiva puede generar esa pérdida de derechos y, de modo provisional, puede hacerlo también un auto de procesamiento, de formal prisión, que no ha sido dictado en este caso.
La Secretaría del Trabajo sugiere que se está acogiendo a la mentira propalada por el litigante al informar que, estando Gómez Urrutia fuera del país "por las causas de sobra conocidas... es necesario verificar si esta condición lo habilita (sic, por inhabilita) para fungir como secretario general del sindicato, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y en los propios estatutos del gremio".
Para salvar el pretexto de que no ha transcurrido el término de 60 días para otorgar o negar la toma de nota, el sindicato minero ha acudido al derecho de petición, que conforme al artículo 8 constitucional debe satisfacerse "en breve término". Si bien la dimensión de ese plazo es susceptible de interpretación (el abogado Néstor de Buen considera que no debe exceder de tres días) es claro que ya se incumple la obligación prescrita en la Constitución de que la autoridad a quien se haya dirigido una petición la responda con "acuerdo escrito" que debe hacerse conocer al peticionario en ese "breve término".
Gómez Urrutia perdió el apoyo de Alonso Ancira, el también polémico director de Altos Hornos de México (sobre quien pesó una orden de aprehensión que lo forzó a permanecer en el extranjero). Veremos si ese movimiento de pinza puede más que la voluntad de los trabajadores.
La oficina mexicana de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha tenido que desmentir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, quien dijo que esa oficina recibiría un millón de dólares de la Iniciativa Mérida para distribuirlos a discreción. La oficina de que fue titular Amerigo Incalcaterra niega tener algún vínculo con ese plan de cooperación entre México y Estados Unidos. Y "frente a afirmaciones recogidas por la prensa (es decir, lo escrito por Soberanes ayer en Reforma) sobre la posible recepción y distribución de fondos relacionados con dicho plan por parte de esta institución, la Oficina desmiente categóricamente tales versiones y desea informar a la opinión pública que las mismas son incorrectas y sin fundamento".
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