El fracaso de la ronda de Doha

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EDITORIAL de La Jornada.

30 de julio de 2008.

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Los intentos por rescatar la llamada ronda de Doha, una serie de negociaciones promovida por la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde 2001 con la finalidad de alentar un proyecto global en el rubro, sufrieron un contundente revés ayer, durante la reunión celebrada en Ginebra, Suiza, ante la imposibilidad de que los países participantes zanjaran sus diferencias con relación a las subvenciones gubernamentales otorgadas al agro. El colapso de las negociaciones, en esta ocasión, obedeció principalmente a una controversia entre India, China y Estados Unidos, en torno a un mecanismo de salvaguarda –defendido por las dos primeras naciones y al que se opuso la tercera– que permitiría a Nueva Delhi y Pekín elevar los aranceles de forma inmediata en caso de que hubiera una entrada masiva de productos agrícolas foráneos. La molestia de Washington fue inocultable, al grado de que acusó a ambas naciones asiáticas de “poner en peligro siete años de negociaciones”.
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La falta de un consenso general en el contexto de la ronda de Doha es indicativo del fracaso general del proceso de liberalización comercial agrícola promovido por la OMC. Diversos gobiernos y organismos internacionales han señalado que el programa de Doha constituye una severa amenaza al bienestar de los países menos desarrollados, porque propicia que los productores agrícolas de esas naciones tengan que competir en condiciones de profunda inequidad con los de los países ricos.
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Baste con señalar, como botón de muestra, lo ocurrido entre México y Estados Unidos. En el discurso, la nación vecina reclama el fin de las barreras “proteccionistas” al comercio global, pero en los hechos el gobierno estadunidense destina grandes sumas de recursos económicos –como los contemplados en la recientemente aprobada Ley de Agricultura, Nutrición y Bioenergía de 2008– para apoyar a sus productores, y ahondar así las desigualdades entre éstos y los campesinos del otro lado de la frontera. De ese modo, las compañías agroexportadoras estadunidenses están muy cerca de adueñarse del mercado mexicano, lo que provoca, entre otras cosas, que nuestro país se vuelva cada vez más dependiente de las importaciones agrícolas provenientes de la nación vecina. Por añadidura, para acatar las medidas de “ajuste estructural” dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los gobiernos de países en desarrollo, como el nuestro, han desmantelado el apoyo estatal a la pequeña agricultura y acabado con los incentivos a la producción y el consumo internos, situación que hoy los condena, y México no es la excepción, a una sostenida pérdida de autosuficiencia alimentaria, a un sometimiento a los vaivenes de los precios internacionales y, en conjunto, a una situación de gran vulnerabilidad ante los escenarios críticos, como el que hoy enfrenta la economía mundial.
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Ante estos elementos, resultan procedentes y sensatos los reclamos de un manejo de la agricultura mundial que ante todo esté orientado a garantizar la soberanía alimentaria de las naciones, en un espíritu de cumplimiento del derecho básico y fundamental a la alimentación. En esa lógica, más que eliminar las restricciones al mercado global, resultaría conveniente la recuperación de los mecanismos internos de producción y de protección comercial, así como un viraje mundial de las políticas en materia agrícola, que éstas se alejen del fundamentalismo del libre mercado y se acerquen a las necesidades de la gente.