Presbítero de la Iglesia Católica desde 1981. Párroco en la Parroquia San Francisco Xavier, Guadalupe, NL. Maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana desde 1998. Profesor en el Seminario de Monterrey. Profesor en la Facultad Libre de Derecho. Autor de México a fin de siglo, Chiapas, Democracia, Neoliberalismo, (1994); y Vida en Común, (2003).
Luis Eduardo Villarreal Ríos
El Norte, 1 Ago. 08
No hay documento que confiera estatus ciudadano. Ni el acta de nacimiento ni la credencial para votar imprimen carácter; es el ejercicio social lo que determina la transición de simple poblador a ciudadano pleno.
La ciudadanía es un músculo que hay que vigorizar con la práctica continua, con la defensa sin pausa contra el abuso del poder público, para que mejore su eficacia y se transparente bajo vigilancia de la sociedad.
Una ciudadanía activa jamás va a suplantar a las instituciones democráticas ni a interferir en los órganos de gobierno, pero sí puede caminar delante de ellos, criticarlos, exhibirlos, exigirles que cumplan con sus obligaciones.
Alianza Cívica, por citar un organismo local de cuño ciudadano, desde 1994 sirve a una causa a menudo imperceptible: asumir con fervor la participación moldeando al gobierno que la sociedad civil cree merecer.
Una acción específica de esta entidad nuevoleonesa es la crítica a la partidocracia y la cerrazón de nuestros legisladores, con motivo de la tan llevada y traída reforma a la Ley Electoral de Nuevo León.
En un comunicado de prensa fechado el 23 de julio reprochan a partidos y funcionarios el que sólo busquen a la ciudadanía cuando requieren apoyo, no así cuando concierne a asuntos como el proceso para reformar dicha ley.
Los señalamientos apuntan a carencias que contradicen el ritmo democratizador de otras sociedades: falta considerar las candidaturas independientes, reconfigurar los distritos para una mejor representación.
Asimismo, el conteo del voto ciudadano seguirá sujeto a la discrecionalidad de los funcionarios de casilla, quienes a la hora de formular las actas, los resultados de éstas no coinciden con el número de boletas sufragadas.
Contra el "chapulineo" de no pocos funcionarios llegados a su cargo por elección popular, la reforma no contempla la obligación de éstos de cumplir de principio a fin con su encomienda.
El financiamiento a partidos no estará sujeto a indagación ciudadana; tampoco la selección de comisionados y magistrados electorales se realizará mediante un proceso de insaculación en el Congreso.
Denuncian que en el Congreso local abunden las declaraciones y escasee la voluntad de reformar la ley. Que se diga, por ejemplo, que la ley es incluyente es una mentira, pues no incorpora el punto de vista ciudadano.
Y no sólo la ciudadanía fue desoída, también los partidos minoritarios forcejearon, protestaron y casi rompen el cerco policiaco que resguardaba el recinto legislativo desde la noche del martes.
Los legisladores panistas se podrán vanagloriar de haber resistido la carga de los institutos bonsái de Nuevo León, a los que sólo les ofrecieron discutir en lo particular el incremento del 1.5 al 2.5 el porcentaje mínimo de votación para que un partido conserve su registro, lo que finalmente no se aprobó.
Con la denuncia presentada por Alianza Cívica Nuevo León es posible arribar a una conclusión: los acuerdos concretados, "al cuarto para las doce" y en medio de casi una trifulca, para aprobar la reforma electoral no garantizan elecciones libres ni resultados incontrovertibles.
Tiene razón el sociólogo político Seymour Martin Lipset, cuando sostiene que no hay democracia sin juego partidista, tampoco sin un amplio consenso ciudadano en torno a los mecanismos de renovación del poder.
Bajo esta óptica, el remedo de reforma aprobada por la legislatura local, donde la mayoría panista obstruyó el proceso hasta la impaciencia, ilustra el grado de atraso democrático en que nos encontramos.
El Norte, 1 Ago. 08
No hay documento que confiera estatus ciudadano. Ni el acta de nacimiento ni la credencial para votar imprimen carácter; es el ejercicio social lo que determina la transición de simple poblador a ciudadano pleno.
La ciudadanía es un músculo que hay que vigorizar con la práctica continua, con la defensa sin pausa contra el abuso del poder público, para que mejore su eficacia y se transparente bajo vigilancia de la sociedad.
Una ciudadanía activa jamás va a suplantar a las instituciones democráticas ni a interferir en los órganos de gobierno, pero sí puede caminar delante de ellos, criticarlos, exhibirlos, exigirles que cumplan con sus obligaciones.
Alianza Cívica, por citar un organismo local de cuño ciudadano, desde 1994 sirve a una causa a menudo imperceptible: asumir con fervor la participación moldeando al gobierno que la sociedad civil cree merecer.
Una acción específica de esta entidad nuevoleonesa es la crítica a la partidocracia y la cerrazón de nuestros legisladores, con motivo de la tan llevada y traída reforma a la Ley Electoral de Nuevo León.
En un comunicado de prensa fechado el 23 de julio reprochan a partidos y funcionarios el que sólo busquen a la ciudadanía cuando requieren apoyo, no así cuando concierne a asuntos como el proceso para reformar dicha ley.
Los señalamientos apuntan a carencias que contradicen el ritmo democratizador de otras sociedades: falta considerar las candidaturas independientes, reconfigurar los distritos para una mejor representación.
Asimismo, el conteo del voto ciudadano seguirá sujeto a la discrecionalidad de los funcionarios de casilla, quienes a la hora de formular las actas, los resultados de éstas no coinciden con el número de boletas sufragadas.
Contra el "chapulineo" de no pocos funcionarios llegados a su cargo por elección popular, la reforma no contempla la obligación de éstos de cumplir de principio a fin con su encomienda.
El financiamiento a partidos no estará sujeto a indagación ciudadana; tampoco la selección de comisionados y magistrados electorales se realizará mediante un proceso de insaculación en el Congreso.
Denuncian que en el Congreso local abunden las declaraciones y escasee la voluntad de reformar la ley. Que se diga, por ejemplo, que la ley es incluyente es una mentira, pues no incorpora el punto de vista ciudadano.
Y no sólo la ciudadanía fue desoída, también los partidos minoritarios forcejearon, protestaron y casi rompen el cerco policiaco que resguardaba el recinto legislativo desde la noche del martes.
Los legisladores panistas se podrán vanagloriar de haber resistido la carga de los institutos bonsái de Nuevo León, a los que sólo les ofrecieron discutir en lo particular el incremento del 1.5 al 2.5 el porcentaje mínimo de votación para que un partido conserve su registro, lo que finalmente no se aprobó.
Con la denuncia presentada por Alianza Cívica Nuevo León es posible arribar a una conclusión: los acuerdos concretados, "al cuarto para las doce" y en medio de casi una trifulca, para aprobar la reforma electoral no garantizan elecciones libres ni resultados incontrovertibles.
Tiene razón el sociólogo político Seymour Martin Lipset, cuando sostiene que no hay democracia sin juego partidista, tampoco sin un amplio consenso ciudadano en torno a los mecanismos de renovación del poder.
Bajo esta óptica, el remedo de reforma aprobada por la legislatura local, donde la mayoría panista obstruyó el proceso hasta la impaciencia, ilustra el grado de atraso democrático en que nos encontramos.
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