Quienes suponíamos mayor oficio político y experiencia legislativa en el PRI fuimos desencantados por la “iniciativa Beltrones”. Es un aborto tardío que no rebasa la trampa anunciada de las empresas “espejo”, desnuda contubernios con sectores del gobierno y exhibe voracidad por las cuotas de poder y los negocios.
El proyecto parece ciertamente un espejo, por la claridad de sus intenciones y el remedo jurídico y semántico de la iniciativa calderonista. Mientras ésta abría claramente rendijas y recubrimientos legales a la inversión extranjera, aquélla propone crear válvulas o exclusas con el mismo objetivo: los “organismos descentralizados de carácter estratégico filiales de Pemex”, creados “por decreto”.
La intentona de “balcanizar” la empresa so pretexto de flexibilizarla obedece al diseño de repartir territorios burocráticos, sindicales y mercantiles con la multiplicación de consejos de administración, contratos colectivos y concesiones a particulares. Maniobra semejante a la de 1995 con las petroquímicas, que se multiplicaron en 64, de las cuales luego 42 fueron disueltas o “desincorporadas”.
Dice con razón Claudia Sheinbaum que el “eje central” del proyecto “es la participación del sector privado en las áreas estratégicas de exploración, extracción, refinación, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos”. Cualesquiera que sean los contratos, se transferirían a particulares partes de la “renta petrolera” que corresponde a la nación.
Es pues el mismo felino y desgraciadamente del mismo domador. En tiempos de reajuste hegemónico sobre los hidrocarburos y expansión de la “seguridad energética” de las grandes potencias, se requieren decisiones para reducir la exportación de crudo, incrementar la producción petrolífica y petroquímica, emprender una reconversión científica y tecnológica, impulsar las energías nuevas y garantizar nuestra soberanía sobre esos procesos.
La iniciativa pavimenta por el contrario la ruta del ASPAN mediante una metodología mañosa, que refuerza la intermediación de la clase política con capitales privados e intereses extranjeros. Se dice que es un proyecto de otro ritmo, más articulado a largo plazo que el de Calderón. Así es porque no está concebido para rescatar al actual gobierno, sino para favorecer los intereses del PRI presentes y futuros.
Remite al Fobaproa de 1998. Cuando la mayoría del Congreso, con el respaldo de la opinión pública —y de una consulta popular— rechazaba la conversión de los pasivos bancarios en deuda pública, súbitamente el PAN llegó a un acuerdo con el gobierno. La deuda pasó a los contribuyentes y se creó el IPAB para administrar los suministros presupuestales, los bienes y las enajenaciones.
Zedillo salió del hoyanco y a contrapelo de sus intenciones de equilibrio político, selló una Santa Alianza sobre bases pecaminosas. Se echó toda la tierra disponible encima de las operaciones ilícitas y los favores indebidos para que en la misma barca se salvaran la tecnocracia transexenal, los empresarios aliados de la clase política y los deudores panistas y para que los banqueros internacionales se quedaran a la postre con el control de todo.
El plan implica la total amnistía para los abusos y despojos cometidos, un marco institucional para la complicidad política, el reparto de los negocios, la transnacionalización de los beneficiarios mexicanos y la sumisión del interés nacional a la derecha estadounidense. La consagración del coágulo oligárquico encapsulado en un bipartidismo aparente.
Extraña que algunos despistados y otros pícaros del sector progresista estimulen —a cambio de migajas— la contribución a ese proyecto vía una “iniciativa legal”. Esta no podría presentarse antes de que terminen las consultas porque quedaría incluida en el NO y entonces resultaría extemporánea.
Lo que deberíamos presentar es un conjunto de políticas que terminen con la depredación y la castiguen, una iniciativa presupuestal, una reforma hacendaria y un Plan Nacional de Energía en el que encarne nuestro proyecto alternativo de nación.
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