LA LUCHA SIGUE

por Gustavo Iruegas

secretario de Relaciones Internacionales del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 31 de julio de 2008)

La batalla por el petróleo será un episodio capital en la lucha por la cuarta República. Su importancia reside en el valor económico de los hidrocarburos, en su uso como palanca del desarrollo, en su incidencia en la política nacional, en su carácter estratégico en la geopolítica mundial. Son igualmente determinantes sus efectos como factor de identidad nacional, en la voluntad de lucha y en las perspectivas de victoria. También será probatoria de la eficacia de la resistencia civil pacífica como método de lucha.

En el discurso que pronunció en la Cámara de Diputados en ocasión del desafuero, y en muchos otros pronunciamientos previos y posteriores, AMLO advirtió sobre la intención de “los amos de México” de enajenar los hidrocarburos y al propio Pemex. Entonces se soslayó la advertencia como si se tratara de un simple recurso retórico.

En el acto de constitución del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, celebrado en el Centro Cultural Indianillas el 9 de enero último, la advertencia fue claridosa: “… no permitiremos ninguna reforma que implique entregar el petróleo a extranjeros. Va en serio. Lo repito: va en serio. Desde aquí le mandamos decir al pelele y a sus patrones que si intentan la privatización de Pemex, habrá movilización nacional. Como se comprenderá, ante semejante acto de traición a la patria, no caben titubeos ni medias tintas, ni el qué dirán de nosotros en los medios de comunicación”. Esta advertencia es plenamente vigente.

El gobierno de facto negó que tuviera tan aviesa intención y negó también que pensara promover una modificación constitucional para hacerlo. Cuando comprobó que no podría, reorientó el plan hacia la modificación de leyes secundarias. Con toda oportunidad se denunció su intención de enviar al Congreso iniciativas que modificarían las leyes reglamentarias del artículo 27 y de otras leyes cercanas al tema con la pretensión de engañar al pueblo, argumentando que al no tocar el texto constitucional se respetaba la Constitución.

La burda maniobra fue desmontada por la reacción en la opinión pública y con gran cinismo alegaron que no había tales iniciativas, mismas que pronto salieron a la luz pública. Se hizo evidente la intención de hacerlas aprobar sorpresiva y aceleradamente. Pero se le madrugó al madruguete.

Las brigadas defensoras del petróleo —y a la vanguardia las esforzadas adelitas— entraron en acción y el trabajo del comité se materializó en las calles. En el Congreso los legisladores progresistas tomaron la tribuna. El esfuerzo conjunto desembocó en la aceptación de un debate público sobre el tema.

Curándose en salud, los dirigentes derechistas argumentaron que el resultado del debate no evitaría que en el Senado se dictaminen las iniciativas y luego se aprueben por el simple efecto de la mayoría PRIAN. Pronto surgió la respuesta en forma de la consulta popular que celebró el domingo 27 su primera etapa. No será factible legislar en contra de la voluntad popular así expresada.

En todo el país, en universidades, congresos locales y amplia variedad de organizaciones populares se difundieron las tesis defensoras del patrimonio nacional. Simultáneamente los brigadistas se movilizaron en una denodada campaña de visitas domiciliarias para explicar a la población las intenciones privatizadoras, informar de la situación y de la necesidad de derrotar la campaña de los medios de comunicación comprometidos en el despojo. Se prepararon y entregaron carpetas informativas por millones. El Gobierno Legítimo, los partidos del Frente Amplio Progresista y los brigadistas se emplearon a fondo.

En el Senado se organizaron 21 sesiones maratónicas de ponencias de expertos técnicos, económicos, jurídicos y políticos. Los derechistas sufrieron una derrota de las que en el juego de dominó se llaman “zapato”.

Al finalizar ese ejercicio, el jefe de la fracción parlamentaria del PRI anunció que su partido presentaría una propuesta propia. Como era de esperarse, se trata de una iniciativa que priva al gobierno de la autoridad suprema y se la concede apenas nominal.

Es una iniciativa mediatizadora: la creación de organismos descentralizados con autonomía de gestión y presupuestaria implica sustraer a esos organismos del control estatal; así fue como Pedevesa quedó en manos de consejeros y técnicos escogidos por el régimen derechista para aplicar criterios neoliberales a la administración del petróleo venezolano. Por eso fue necesario renacionalizar el petróleo en aquel país.

Bonos ciudadanos y para “instituciones financieras formadoras de mercado” y otros negocios privados implica comprometer la renta petrolera hacia esos accionista. La iniciativa contempla la posibilidad de contratar deuda pública, de celebrar contratos por adjudicación directa y tantas cosas como ésta, que los funcionarios del gobierno espurio y los derechistas de México se congratulan de las coincidencias. En fin, lo único que se puede leer en la iniciativa priísta es que la lucha sigue.

En las condiciones actuales, los objetivos populares en la defensa del petróleo tienen dos grandes vertientes: preservar el patrimonio petrolero y corregir las políticas perversas que se han venido aplicando hace ya 26 años.

La política energética, ahora orientada a satisfacer los requerimientos de Estados Unidos, debe ser reorientada hacia los intereses nacionales. Debe encauzarse en una política energética de Estado, es decir, en una política en la que coincidan el gobierno y la nación, que ponga al servicio del pueblo el producto de su patrimonio. La movilización popular, siempre pacífica pero creciente, es nuestra arma principal; la intransigencia es nuestra actitud de lucha. Transigir es consentir lo injusto.

En la consulta se expresó la voluntad del pueblo y en la lucha el poder popular. ¡Venceremos!