CATASTROFISTA
por Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México
(publicado en El Gráfico el 25 de febrero de 2009)
México lleva más de 25 años siendo el laboratorio de las medidas económicas propagadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A pesar de haber insistido hasta la saciedad en los supuestos beneficios, los resultados están a la vista.
El desempeño de nuestra economía, y con ello el desarrollo nacional, ha estado supeditado al comportamiento de la economía de Estados Unidos, sobre todo en su aspecto más negativo.
En el 2007, en ese país se produjo lo que se conoce como el rompimiento de la burbuja hipotecaria. Es decir, se trata de una crisis que afectó al sector inmobiliario y bancario, desatada a raíz de un diseño financiero irresponsable en el que se otorgan créditos hipotecarios indiscriminadamente a la población que no puede pagarlos a mediano y largo plazos.
El problema tuvo alcances nacionales graves, debido a que el sector inmobiliario ocupa el cuarto lugar como palanca de la economía norteamericana, según información proporcionada por el especialista norteamericano, James Galbraith.
El auge inmobiliario en aquél país tiene sus orígenes en 1986, cuando el Congreso aprobó una reforma fiscal que estableció incentivos para la adquisición de inmuebles e introdujo ventajas fiscales en los créditos hipotecarios. Con ese impulso, la evolución del sector rápidamente produjo excedentes financieros para la administración de Bill Clinton. Fue tal el desarrollo de esta industria que los intereses generados desplazaron a los bienes de consumo como factor de crecimiento nacional.
George Bush llegó al poder en medio de un clima político adverso, debido al cuestionamiento de su legitimidad, pues asumió el mandato gracias al fallo de la corte y no por medio del voto popular (cualquier semejanza con Calderón, no es mera coincidencia). Esta condición, que implicaba un compromiso tácito con los grandes capitales, llevó a Bush a garantizar impunidad a los distintos sectores privilegiados, entre ellos el inmobiliario. Al igual que en México, el gobierno abandonó el interés público para ponerse al servicio de intereses privados.
Esta licencia de impunidad abrió la puerta para que bancos e inmobiliarias ofertaran millones de créditos con tasas bajas en los primeros años para la gente que históricamente no era sujeta de estas políticas, pero con tasas impagables al paso del tiempo. Galbraith los llamó “préstamos neutrones” pues destruyen a las familias.
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