Manuel Bartlett,
El Universal, 26 febrero
La lista de consejeros profesionales propuestos por el Ejecutivo al Senado, con un mes de retraso, es el inicio de la transformación de Pemex de acuerdo con el modelo privatizador aprobado por el Congreso.
Uno de los cambios que presumen los promotores de la reforma energética es el supuesto fortalecimiento del Consejo de Administración, al que se le faculta en la nueva legislación para conducir a Pemex conforme a las “mejores prácticas corporativas”, o sea, prácticas de las empresas privadas petroleras; con objetivos explícitos de operar un laxo sistema de contratación —prohibido por el artículo 27 constitucional— con empresas extranjeras para localizar y extraer lo más rápido posible las mayores cantidades de petróleo para la seguridad energética extranjera.
O sea, Pemex, empresa nacional garante del aprovechamiento nacional y salvaguardia de nuestro patrimonio energético, transformada en una empresa extractiva y enajenadora de hidrocarburos homologada a las empresas petroleras privadas.
Para conferirle el carácter de “gobierno corporativo”, concepto correspondiente a empresas comerciales, se decreta una nueva composición del consejo con un papel preponderante de cuatro consejeros profesionales, que se suman a otros seis nombrados por el Ejecutivo. No podrá sesionar el consejo sin al menos dos de estos consejeros profesionales y sus decisiones tendrán que contar con el voto aprobatorio de dos de ellos.
Estos consejeros durarán seis años con derecho a reelección hasta 12, no podrán ser removidos sino por una decisión del propio consejo y, de acuerdo con la nueva ley, no la que se aplica a todos los funcionarios, serán prácticamente inamovibles. Los consejeros todos actuarán “de acuerdo a su leal saber y entender”, así nada más, y Pemex pagará seguros y fianzas para protegerlos, a costa de la empresa, por si incurren en responsabilidades.
La Secretaría de la Función Pública mantiene sus funciones pero no podrá evaluar el desempeño del consejo; para eso se crea un Comité de Auditoría, Evaluación y Desempeño, integrado en su totalidad por tres consejeros profesionales, o sea, se cuidarán ellos mismos, autorregulables, amparados en una legislación especial; tendrán autonomía de gestión para evitar “interferencias políticas”, una inverosímil privatización de la operación de nuestra empresa nacional. El Consejo de Administración y sus derivaciones podrán contratar todo, desde la explotación hasta la distribución, pasando por la industria petrolera.
El consejo definirá los tipos de contratos, los pagos y sus numerosos mecanismos de incrementos y bonificaciones, contratos de riesgo disfrazados; tendría incluso facultad de adjudicación directa sin licitación.
Obviamente, el feliz cuarteto propuesto al Senado para estas funciones exorbitantes es una consensuada distribución del pastel: los nombres son lo de menos, lo importante son los compromisos. Calderón se reserva formalmente dos, panistas, ex funcionarios foxistas-calderonistas que permanecerán más allá de Calderón; el PRI obtiene uno, ya desde antes un convencido de las privatizaciones energéticas; y a la “izquierda”, la que validó finalmente el modelo desnacionalizador, se le retribuye con uno. Alegre y prometedora privatización; apenas empiezan.
mbartlett_diaz@hotmail.com
El Universal, 26 febrero
La lista de consejeros profesionales propuestos por el Ejecutivo al Senado, con un mes de retraso, es el inicio de la transformación de Pemex de acuerdo con el modelo privatizador aprobado por el Congreso.
Uno de los cambios que presumen los promotores de la reforma energética es el supuesto fortalecimiento del Consejo de Administración, al que se le faculta en la nueva legislación para conducir a Pemex conforme a las “mejores prácticas corporativas”, o sea, prácticas de las empresas privadas petroleras; con objetivos explícitos de operar un laxo sistema de contratación —prohibido por el artículo 27 constitucional— con empresas extranjeras para localizar y extraer lo más rápido posible las mayores cantidades de petróleo para la seguridad energética extranjera.
O sea, Pemex, empresa nacional garante del aprovechamiento nacional y salvaguardia de nuestro patrimonio energético, transformada en una empresa extractiva y enajenadora de hidrocarburos homologada a las empresas petroleras privadas.
Para conferirle el carácter de “gobierno corporativo”, concepto correspondiente a empresas comerciales, se decreta una nueva composición del consejo con un papel preponderante de cuatro consejeros profesionales, que se suman a otros seis nombrados por el Ejecutivo. No podrá sesionar el consejo sin al menos dos de estos consejeros profesionales y sus decisiones tendrán que contar con el voto aprobatorio de dos de ellos.
Estos consejeros durarán seis años con derecho a reelección hasta 12, no podrán ser removidos sino por una decisión del propio consejo y, de acuerdo con la nueva ley, no la que se aplica a todos los funcionarios, serán prácticamente inamovibles. Los consejeros todos actuarán “de acuerdo a su leal saber y entender”, así nada más, y Pemex pagará seguros y fianzas para protegerlos, a costa de la empresa, por si incurren en responsabilidades.
La Secretaría de la Función Pública mantiene sus funciones pero no podrá evaluar el desempeño del consejo; para eso se crea un Comité de Auditoría, Evaluación y Desempeño, integrado en su totalidad por tres consejeros profesionales, o sea, se cuidarán ellos mismos, autorregulables, amparados en una legislación especial; tendrán autonomía de gestión para evitar “interferencias políticas”, una inverosímil privatización de la operación de nuestra empresa nacional. El Consejo de Administración y sus derivaciones podrán contratar todo, desde la explotación hasta la distribución, pasando por la industria petrolera.
El consejo definirá los tipos de contratos, los pagos y sus numerosos mecanismos de incrementos y bonificaciones, contratos de riesgo disfrazados; tendría incluso facultad de adjudicación directa sin licitación.
Obviamente, el feliz cuarteto propuesto al Senado para estas funciones exorbitantes es una consensuada distribución del pastel: los nombres son lo de menos, lo importante son los compromisos. Calderón se reserva formalmente dos, panistas, ex funcionarios foxistas-calderonistas que permanecerán más allá de Calderón; el PRI obtiene uno, ya desde antes un convencido de las privatizaciones energéticas; y a la “izquierda”, la que validó finalmente el modelo desnacionalizador, se le retribuye con uno. Alegre y prometedora privatización; apenas empiezan.
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