El INAH: entre la dignidad y la ignominia

Gilberto López y Rivas

El 12 de febrero pasado, los tres sindicatos coordinados de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) –arquitectos, administrativos, técnicos y manuales, investigadores y docentes– efectuaron un exitoso paro de labores en todas sus dependencias en el ámbito nacional: museos, centros regionales, zonas arqueológicas, escuelas nacionales y oficinas diversas. En mantas, volantes, asambleas, foros, debates, mítines improvisados y diversas formas de comunicación de acera y mediática, estos trabajadores no protestaron por cuestiones económicas, condiciones de trabajo o prestaciones gremialistas en momentos en que la mayor crisis que se recuerde golpea dramáticamente las economías de los asalariados. No eran estamentos corporativos luchando por sus intereses que, siendo legítimos, buscarían en última instancia el beneficio propio. Ellos se manifestaron por la defensa del patrimonio arqueológico de la Nación (así, con mayúscula); por la memoria histórica de los pueblos que la conforman y le dan su impronta, que siendo multiétnica y nacional, es un tesoro universal amenazado por la barbarie del capital y sus asociados en los gobiernos trasnacionalizados, las burocracias enquistadas en las instituciones y en quienes se han rendido a sus requerimientos, cooptaciones o amenazas.

Estos especialistas en investigación, conservación y custodia del patrimonio cultural tangible e intangible, después de un análisis concienzudo del proyecto llamado Resplandor teotihuacano y del avance de su instalación, expusieron a la ciudadanía que dicho proyecto, aprobado por el Consejo de Arqueología (INAH) en septiembre del año pasado, no cumple con los requerimientos académicos y técnicos indispensables; carece de guión y sustento científico y no cuenta con la información suficiente para evaluar la posible afectación de los monumentos. Incluso, el propio presidente del consejo reconoció públicamente el pasado 12 de enero que en esa aprobación se cometieron errores.

Además de esta anomalía de origen, suficiente para cancelar inmediatamente el proyecto, se instalaron 3633 lámparas, para lo cual se realizaron 6575 perforaciones, dañando los monumentos y provocando filtraciones que afectan la estructura. Igualmente, la instalación eléctrica y las luminarias alteran la visual y volumetría de los monumentos de la zona; todo ello en violación de la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos en su artículo 42, e implica una afectación tipificada como delito en el artículo 52.

Las acciones realizadas también violan el decreto presidencial de 1988 que declara a Teotihuacán Zona de Monumentos Arqueológicos, cuyo artículo 13 establece: “En la zona de monumentos definida en este decreto no se autorizan construcciones cuya función, diseño o ubicación alteren, afecten o distorsionen los valores monumentales o el uso educativo y de investigación a que la misma esta destinada”. El proyecto viola asimismo varias normas jurídicas y recomendaciones internacionales sobre conservación de monumentos: la Ley General de Bienes Nacionales, la Carta de Venecia, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad emitida por la UNESCO, el documento de Nara sobre autenticidad, la declaración sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales. Más aún, en el proyecto no se consideraron las repercusiones sociales y su impacto en las comunidades circundantes, ni mucho menos se tomó en cuenta la opinión de las mismas.

El director general del INAH, Alfonso de María y Campos, ajeno a la institución y sin especialización en alguna de las diversas disciplinas del organismo, y quien se ha distinguido por su desprecio a los trabajadores del instituto y sus afanes autoritarios-elitistas, no posee por ley la atribución de otorgar concesiones ni establecer convenios con instancias públicas o privadas para la comercialización de zonas arqueológicas.

Las asambleas generales de los sindicatos del INAH por unanimidad resolvieron presentar las denuncias penales correspondientes y exigir la destitución del director y de las demás autoridades involucradas en la afectación del patrimonio de todos los mexicanos. Reclaman la cancelación inmediata del proyecto, la reparación de los daños y el retiro de todas las instalaciones colocadas sobre las pirámides del Sol y la Luna. Ante el silencio cómplice de las autoridades máximas del Ejecutivo federal, incluyendo a su titular, los sindicatos han pedido al director que renuncie para evitar dañar más a una institución que recientemente cumplió 70 años. Sin embargo, De María y Campos se aferra a su puesto y hace caso omiso de las llamadas de la UNESCO y la Comisión Permanente del Congreso para suspender las obras y hacer un análisis pertinente del proyecto. Las autoridades del INAH y el gobernador del estado de México, que pretende ser candidato presidencial (¡uno de los responsables principales del crimen de Atenco!), se han empecinado en minimizar los daños, estigmatizar a los trabajadores del INAH y encubrir sus delitos y componendas corporativas en declaraciones maniqueas que refieren a “la politización del caso”.

Teotihuacán expresa nítidamente la dicotómica realidad actual de México. Por un lado, la dignidad de sus trabajadores que representan los valores e intereses nacionales y universales; y por el otro, la ignominia de quienes detentan el poder económico y político para beneficio de una colusión apátrida e insensible al clamor ciudadano. Por incompetencia en el desempeño de sus funciones y violación a los principios de la institución, ¡renuncie, señor embajador!