La afrenta de Pasta de Conchos

Jesús González Schmal

Se quedaron cortos en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas cuando, en opinión de 53 países, el gobierno mexicano transgrede sistemáticamente derechos fundamentales y registra una marcada tendencia a empeorar si no se pone remedio inmediato.

Un total de 83 violaciones detectadas hace que México rebase las 77 que se le atribuyen a Cuba y que sólo por encima quede la República Popular China, con 102.

Esta deshonrosa posición se advierte también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde en el año 2000 había 60 quejas de mexicanos que tuvieron que acudir a esa instancia porque no encontraron justicia en su propia patria, y al día de hoy se tramitan ya ni más ni menos que 393 demandas contra el gobierno mexicano por atropellos en los sexenios panistas.

Desde luego, es previsible que tal como está actuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con inocultable cobardía elude señalar nombres de los responsables en la barbarie de Atenco, provoque que no sólo el país se mantenga cautivo de decisiones gubernamentales arbitrarias al margen de la Constitución, sino que se incremente la desesperación de las víctimas indefensas y vejadas que tienen que invocar a organismos internacionales para conseguir un mínimo de justicia.

Hoy mismo la afrenta de Pasta de Conchos en Sabinas, Coahuila, donde quedaron sepultados 65 mineros, ilustra un caso típico. Los deudos de los trabajadores seguramente tendrán que llegar a otras instancias fuera del país, que obliguen al gobierno a exigirle a la empresa responsable del siniestro que se baje hasta el túnel a rescatar los restos de las víctimas para ver si, tal como ahora se deduce del conocimiento que se tiene de los dictámenes de inspección de seguridad industrial, se trata de un homicidio preterintencional, es decir: “En el que incurre quien conociendo los elementos del tipo penal o, previendo, como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho previsto por la ley” (artículo noveno del Código Penal).

El grupo de viudas que acampan en el acceso a la Torre Parque Reforma, donde están las oficinas de la empresa Grupo Minero México, reclama que ese crimen ocurrido el 19 de febrero de 2006 se aclare, y que el Ministerio Público federal exija tanto a la empresa como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) el rescate de los restos de sus familias para culminar su doloroso duelo y, también, para que se agoten las investigaciones sobre la causa del siniestro y las responsabilidades que no deben quedar impunes.

De igual manera, demandan que el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, les garantice a las viudas y huérfanos la pensión que legalmente les corresponda, porque la empresa entregaba una cantidad de salario inferior al que hacía que los trabajadores firmaran.

Pero el funcionario Lozano se ha negado a practicar la auditoría a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para conocer la cuantía de las percepciones que deberían corresponderles, y que constituiría la base de las pensiones de viudez y orfandad.
Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM