jueves, marzo 12, 2009

Comunicado de prensa

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Difusión Cencos México D.F., 12 de marzo de 2009


Al mantener en prisión a cinco indígenas defensores de los derechos humanos
bajo cargos fabricados, las autoridades mexicanas no están cumpliendo los
compromisos de derechos humanos que hicieron ante el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas hace menos de un mes, dijo hoy Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional hace este pronunciamiento cuando esta a punto de
tomarse la decisión que definirá la situación de cinco miembros de la
Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), actualmente detenidos en
una prisión en el estado de Guerrero, acusados de homicidio.

“Hace menos de un mes, México se comprometió a proteger la vida e
integridad física de los defensores de derechos humanos ante el Consejo de
Derechos Humanas de las Naciones Unidas,” dijo Susan Lee, Directora del
Programa para las Américas de Amnistía Internacional. “Reconocer y apoyar el
trabajo legítimo de la OPIM es algo que podría hacerse inmediatamente para
cumplir con esta promesa.”

El 20 de octubre de 2008, un juez federal ordenó la liberación de cuatro de
los detenidos al dictaminar que las pruebas presentadas durante el proceso no
los implicaban. Sin embargo, los cuatro presos no han sido puestos en libertad
porque la Procuraduría General de la República (PGR) ha apelado la resolución
– a pesar de no haber presentado nuevas pruebas.

Al quinto detenido, Raúl Hernández, se le negó el amparo por parte del juez
federal porque dos testigos dijeron que estaba en el lugar cuando se disparó a
la víctima. Sin embargo, no se han tenido en cuenta los testimonios de testigos
presenciales que aseguran que Raúl Hernández no estaba presente en el momento
del asesinato. Raúl Hernández ha apelado la decisión que le negó el amparo.

“Amnistía Internacional ha establecido que los cargos contra los cinco
presos de conciencia han sido presentados en represalia por sus actividades
legítimas de promoción y defensa de los derechos de su comunidad, y por
denunciar los abusos cometidos por un cacique local y por las autoridades.”

“Cuando se castiga a activistas sociales por su trabajo legítimo, las
autoridades envíen el mensaje de que proteger y promover los derechos humanos
conlleva un alto precio.”

Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades mexicanas a
liberar inmediatamente a los cinco indígenas defensores de los derechos
humanos, detenidos desde ya casi un año a pesar de la falta de evidencias en su
contra.

Información de contexto

El 17 de abril de 2008, Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega,
Romualdo Santiago y Raúl Hernández fueron detenidos y acusados del asesinato
de Alejandro Feliciano García el 1 de enero de 2008 en la comunidad de El
Camalote, Estado de Guerrero. El ejercito arrestó a los cinco integrantes de la
OPIM cuando cruzaban un control militar de seguridad instalando habitualmente en
la zona. Además, se emitieron órdenes de arresto contra otros 10 miembros de
la OPIM en relación con el asesinato, pero ninguna se ha ejecutado.

La Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM) fue creada en 2002 para
defender y promover los derechos de los indígenas Me’ phaa (Tlapanecas) en
México. El sur del Estado de Guerrero, donde viven alrededor de 116.000 Me’
phaa, tiene uno de los mayores niveles de marginación y los indicadores de
desarrollo humano más bajos de México.

Amnistía International ha documentado un patrón de hostigamiento e
intimidación en contra de miembros de organizaciones que defienden los derechos
indígenas en el estado de Guerrero como la OPIM desde hace muchos años. Muy
recientemente, el Secretario y el Presidente de la Organización para el Futuro
del Pueblo Mixteco (OFPM), fueron hallados muertos la noche del 20 de febrero en
el municipio de Tecoanapa, estado de Guerrero. Los cadáveres de los dos hombres
estaban enterrados a treinta minutos en automóvil del lugar donde fueron
secuestrados por hombres armados siete días anteriores. Los dos cuerpos han
sido identificados por sus familias, quienes han informado de que presentaban
señales claras de tortura.

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