EL CASO DE JACINTA FRANCISCO MARCIAL

(publicado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) el 24 de febrero de 2009)

El 19 de diciembre de 2008 fue sentenciada injustamente en la ciudad de Querétaro la mujer indígena otomí Jacinta Francisco Marcial. Se le acusa, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro. Las pruebas empleadas para acusarla son insuficientes. Por lo contrario, su inocencia se encuentra plenamente probada y sustentada.

Hechos

El 26 de marzo de 2006, seis elementos de la AFI, sin identificarse como tales y sin portar uniforme, llegaron al tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán. Despojaron a varios comerciantes de sus mercancías con lujo de violencia, alegando que se trataba de “piratería”. Los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder; éstos se negaron. La tensión aumentó y varios comerciantes afectados comenzaron a protestar.

El jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río, Querétaro, que acudieron al pueblo para dialogar con la gente afectada, ofrecieron pagar en efectivo los daños ocasionados por los elementos de la AFI. Para esto argumentaron que debían trasladarse a la ciudad de San Juan del Río para conseguir el pago, por lo que ordenaron a uno de los agentes que permaneciera en el pueblo, como “garantía” de que regresarían. Éste, según testimonios, durante el tiempo que se quedó en el pueblo estuvo comunicado y jamás fue violentado en su integridad física. El incidente terminó cuando, el mismo día alrededor de las siete de la tarde, todos los elementos de la PGR que habían participado en los hechos dejaron la comunidad, después de haber acordado con los comerciantes la entrega de una cantidad correspondiente a los daños causados.

Fue hasta el 3 de agosto de 2006, cuando la señora Jacinta Francisco Marcial fue llevada, con engaños, a la ciudad de Querétaro. Allí, al ser presentada ante los medios de comunicación, se enteró de que la acusaban, con otras dos mujeres, de haber secuestrado a los agentes de la AFI durante los hechos ocurridos en marzo del mismo año. A la fecha, dentro del proceso se le condenó a 21 años de prisión y dos mil días de multa. Tras un minucioso proceso de documentación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) asume su defensa integral.

Postura del Centro Prodh

El caso de Jacinta Francisco Marcial muestra una vez más las deficiencias del sistema de justicia, las cuales tienen efectos que son sufridos con mayor intensidad por las mujeres indígenas debido a la triple discriminación de que son objeto: por ser indígenas, por ser mujeres y por ser pobres. Doña Jacinta ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos debido a que los órganos encargados de impartir justicia han vulnerado sus garantías procesales. Jacinta Francisco Marcial nunca tuvo acceso a un intérprete o traductor y se le negó el derecho de presunción de inocencia. En su caso, salen a relucir también las deficiencias de un modelo de justicia en el que subsisten elementos inquisitivos, como la preponderancia de las pruebas desahogadas por el propio Ministerio Público, que generan desigualdad procesal.

Su caso pone también de relieve la aplicación de tipos penales como el secuestro para procesar a quienes tienen alguna participación en manifestaciones en la vía pública. La señora Jacinta no participó en las acciones de los comerciantes, sin embargo es claro que la respuesta punitiva del Estado constituye una represalia a la manera en que los tianguistas se defendieron de los abusos de los agentes de la AFI, como ha sucedido en casos similares de protesta.

En el actual contexto de temor e inseguridad, dominado por las voces que exigen endurecer las sanciones para disminuir la delincuencia, el caso de doña Jacinta muestra la proclividad del sistema de justicia a imputar a personas inocentes, cuya situación es agravada por su condición étnica o de género, delitos que despiertan el mayor repudio social.

Frente a la vulneración de los derechos humanos de Jacinta Francisco Marcial, el Centro Prodh considera que el magistrado que resolverá sobre la apelación presentada el 22 de diciembre de 2008 tiene en sus manos la posibilidad de revertir las irregularidades existentes en el proceso y ordenar la inmediata excarcelación de Jacinta Francisco Marcial. En este sentido, demandamos una actuación guiada por el más estricto respeto a los derechos humanos que restituya a doña Jacinta su libertad y reconozca su inocencia.

¿PLAGIARIA O VÍCTIMA?

por Ricardo Rocha

(publicado en El Universal el 11 de marzo de 2009)

Para llegar a ella hay que rebasar la ciudad de Querétaro y luego tomar una carretera secundaria. Al poco rato se aparece la doble mole de los penales: de un lado del camino los hombres y del otro lado las mujeres. Luego recorre uno a pie una larga, solitaria y estrecha calle que busca al fondo la puerta negra de hierro. De un lado el altísimo muro de hormigón y del otro la alambrada coronada de púas.

Es una cárcel. Aunque los eufemismos le llamen Centro de Readaptación Social, es una prisión, eso lo recuerdan los trámites y registros de rigor y el predominio de las rejas y las puertas giratorias de pesado metal. Salvo los guardias hombres de la entrada voy contando una veintena de custodios mujeres que nos van conduciendo por los laberínticos pasillos interiores. Y no puedes evitarlo, a cada paso hacia adentro vas perdiendo más y más lo que se queda allá afuera. Es una cárcel.

Y ahí están sus habitantes: en el patio y al sol hay unas 10 de las 141 reclusas; una de ellas fortísima, de rostro decidido y mirada fulminante que impondría todavía más temor de no ser porque vive y reina desde un trono insólito de una silla de ruedas: perdió ambas piernas… ni siquiera me atrevo a preguntar por su historia; sin embargo, me cuentan inevitablemente la de una muchacha muy bella con un niño en brazos a la que agarraron con su marido por venta de drogas. En cambio, al hablar de Jacinta, Martha Yáñez Carbajo, la directora del penal, como que se apena. Recuerda que desde que llegó supo que era inocente, que se trató desde el principio de una acusación infundada, de una historia más que increíble, inadmisible; a ver, quién se puede creer que una mujer indígena otomí —ahora de 46 años— haya secuestrado a seis agentes armados de la PGR-AFI; es no sólo un insulto a la justicia sino a la más elemental inteligencia. Pero nuestra opinión no cuenta —me dice— nosotros nada podemos hacer que no sea tratar de la mejor manera posible a Jacinta y a las otras internas.

En esas estábamos cuando no sé por qué la presiento, la advierto y me la encuentro en un pasillo. Me sorprende con un abrazo tímido pero sincero, como si nos conociéramos desde antes. Luego casi sin preguntarle, me va platicando su historia, igual en su celda que frente a la máquina en el taller de costura donde hace estuches de tela acolchonados. ¿Para qué son? Para las mujeres que guardan pintura. ¿Cómo se llaman? Sí, de pinturas que mandan hacer. ¿A usted no le gustan? ¿Yo? ¡No! ¡Yo nunca me he pintado! estalla en una carcajada. Luego vendrían los silencios y, apenas asomadas, las lágrimas.

La han condenado a 21 años de prisión, ¿qué significa para usted? Yo ni sé, como que no puedo, pues no puedo creer… no sé que es. ¿Qué han sido estos dos años y medio, casi tres años de prisión? No entiendo, no sé contestar eso, no sé cómo digo. Usted ya está hablando español ahora, pero hace tres años sólo hablaba ñhä-ñhú otomí. Casi siempre habla otomí, pero hay palabras que no entiende bien.

—A ver, ¿qué piensa cuando está aquí a solas?, ¿puede creer lo que le ocurrió, usted entiende por qué la metieron a la cárcel?

—Como que no puedo creer, no puedo creer que cómo qué fue, pos como que no es realidad, como que es este, como que nada más un sueño, como que estoy aquí nada más por un sueño… nada más, porque no puedo creer… ahora me dicen de que sentencia, de que delito, mis compañeras y mi maestra.

—¿Secuestró usted a seis agentes armados de la AFI, de la PGR?

—Pues ellos la que me dicen… ellos la que me están poniendo ese delito, porque yo nunca la hice eso… y ni lo sé que es secuestro ni lo que me estaba acusando… yo no entendí nada.

—¿Qué paso entonces aquel 26 de marzo de 2006?

—Ese pues fue un día domingos… yo en mi trabajo me dedicaba, yo vendía mis aguas frescas en el tiangui… y ese día pues ya cada ocho yo… este, como toca tres veces la campana y ya la última cuando entro yo adentro a la iglesia… entré a misa, cuando salí pues escuché decía la gente que habían llegado unos señores a llevar los discos… entonces yo ni le hice caso, agarré y me senté en mi puesto… entonces ya, otro ratito, estaba yo esperando a mi esposo y no llegaba, llegó una de mis hijas y le dije compáñame a la farmacia porque a mí me da pena que me inyecten… así le dije y me compañó una de mis hijas, cuando ya veníamos de regreso venía un señor, que venía ahí con unas personas… y es que la que escuché que estaban hablando de los discos. —¿Los discos pirata?

—Sí, sí, yo de eso estaba escuchando, pero yo ni… luego salí en el periódico.

—¿Luego se la llevaron a Querétaro unas semanas después?

—No, lo del tiangui fue en marzo, lo de que me fueron a traer fue hasta agosto… pero yo no sabía quién eran, no más que muchos con armas por todos lados.

—¿Le dijeron por qué la detenían?

—Que porque iba a declarar por un árbol tumbado… luego ya en el juzgado me dijo que no’más iba a declarar… y ahí pues estaban hablando y todo… y hacían papeles… y me daban muchos papeles a firmar y yo firmé muchos papeles y ni sabía qué era porque no entendía… luego, ya en la noche, me trajeron a la cárcel y así estoy aquí.

—¿Cómo han sido estos casi tres años?

—Se me hizo bien largo, bien largo… ya de por sí estos años son muchos, ya he perdido tiempo, mucho tiempo para mis hijos, para mi familia, para mi casa.

Santiago Mexquititlán es un pueblo sosegado donde el sol sale tarde y la noche se acuesta temprano. Apenas tres mil habitantes y seis barrios ñhä-ñhú a dos horas eternas de la cárcel de Querétaro. Ahí están la paletería y heladería de la familia que encabeza Guillermo Francisco y la casa común donde en torno al cuadrado de un patio limpio y terroso se ha ido acomodando la familia con hijos y nietos. Luego en la plaza y a la sombra de la cruz de la pequeña iglesia, familiares y testigos me juran y perjuran que todo ocurrió como me lo ha dicho ella: llegaron los seis muy armados y sin uniforme a destruir y a robar; se acobardaron cuando el pueblo empezó a rodearlos; pidieron ayuda; sus jefes se comprometieron a reparar el daño con dinero; dejaron a uno en garantía; regresaron y pagaron. Pero se desquitaron cinco meses después con Jacinta, con Teresa y con Alberta, con quienes también hablé en la cárcel.

Al salir de Santiago me traigo a México muchas voces adentro del pellejo. Pero me desgarra el llanto de Estela, la hija, cuando me enseña los estandartes de las procesiones religiosas a que convocaba Jacinta que siempre andaba visitando enfermos y moribundos. Y cuando me muestra el jardín reseco porque me asegura que las plantas extrañan a su madre. Así que prefiero quedarme con la esperanza de Jacinta cuando me dice que sí, que cree en que Dios y la gente la ayuden para recuperar su libertad.

—¿Me va a invitar algo ahora que salga?

—Claro que sí, unos nopales bien sabrosos y, si alcanza, hasta pollo.