Raúl y Manuel: los hijos predilectos del Pueblo de la Lluvia

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

3 de marzo de 2009

Raúl Lucas Lucía nació en Roca Colorada, una comunidad olvidada donde no hay oportunidad para estudiar y curarse de las enfermedades de la pobreza. Aprendió a leer con muchas dificultades obligado por las necesidades de los cargos que desempeñó en su comunidad. Desde muy pequeño se vio obligado a trabajar en el campo para el sustento familiar. Su lengua materna fue el Na savi que con gran orgullo la supo portar y transmitir a sus hijos, y con la que prefería comunicarse con toda su gente. Sufrió el maltrato y la discriminación de los patrones mestizos de Ayutla acostumbrados a explotar a los jóvenes indígenas que buscan trabajo y que no pueden expresarse en español.

Desde su adolescencia siempre cuestionó el sistema de castas que aún prevalece en las cabeceras mestizas de la Costa Chica y la Montaña. Soportó el desprecio y cargó con el estigma de su indianidad. Como parte de la costumbre del pueblo Na savi se casó antes de los 18 años con una mujer de su misma etnia, Guadalupe Castro Morales, originaria de El Charco, municipio de Ayutla. Ella lo apoyó no sólo en su lucha por la defensa de la tierra, sino que fue quien le ayudó a cultivar la lectura y la escritura y a clarificar su compromiso con la causa del pueblo. Procrearon dos hijos y trabajaron en el tlacolol sembrando maíz y fríjol. Bajaban los fines de semana a vender sus productos para sobrevivir durante la temporada de secas. En esta actividad comercial constató el abuso y el maltrato, tanto de las autoridades municipales como de los mismos acaparadores, que les imponían bajos precios a los productos del campo.

Ante la alta conflictividad agraria, Raúl empezó a trabajar en la organización de las comunidades mixtecas para defender su territorio y sobre todo para preservar los recursos naturales, como la reserva boscosa que hay en el núcleo agrario de Coapinola. Desde hace mas de 10 años empezó a sentir la presión y el acoso de los caciques, porque empezaba a encarar a los madereros que no cumplían con los convenios firmados y además se daba cuenta que lo que menos les importaba, era promover el beneficio de las comunidades indígenas y cuidar los recursos boscosos. Después de esas confrontaciones sufrió un atentado que por poco le cuesta la vida. Fue una advertencia para que no se anduviera involucrando en la defensa de los bosques.

Con la masacre de El Charco en junio de 1998, Raúl Lucas aparecía en la lista negra del Ejército mexicano como uno de los líderes que supuestamente apoyaban la lucha armada. No fue gratuito que el mismo Ejército lo buscara y lo interrogara en más de una ocasión con el pretexto de que manejaba una camioneta de reciente adquisición, que habían logrado como parte del convenio que hicieron con la empresa maderera. Fue interrogado por los elementos castrenses sobre su trabajo y cómo había logrado hacerse de una camioneta siendo él un campesino. A pesar de este hostigamiento Raúl logró unificar al núcleo agrario de Coapinola y trabajó siempre con el apoyo de Manuel Ponce Rosas para promover y defender los derechos del pueblo Na savi.

Manuel Ponce Rosas fue originario de la comunidad mixteca de La Cortina, municipio de Ayutla. No tuvo el privilegio de asistir a la primaria, sin embargo tuvo la capacidad para aprender y hablar el mixteco y el español. Se dedicó desde muy pequeño al trabajo del campo y fue de los escogidos para que se le instruyera desde muy joven en los conocimientos especializados de la religión Na savi. Asumió la gran responsabilidad de formarse y forjarse como un rezandero, es decir, como el especialista religioso del pueblo. Fue de los privilegiados que sabían hablarle a la lluvia, de los que sabían curar con el rezo y de los que ejercían un ascetismo profundo, que era la mejor garantía para que el cargo que desempeñaba rindiera sus frutos. Manuel al igual que Raúl asumió la defensa de su territorio, pero además siempre cultivó el rezo tradicional, para pedir la fuerza de sus deidades en la lucha por sus derechos. Fue una persona muy querida y respetada por su comunidad y por todo el núcleo agrario de Coapinola. Perteneció al banco de principales y consejeros de su pueblo. Muy joven también se casó con Margarita Martín de las Nieves, originaria de Ocotlán, municipio de Ayutla, quien habla únicamente la lengua Na savi. Encompadró con Raúl Lucas para poder afianzar no sólo un parentesco ritual y una relación de grandes amigos, sino para asumir un proyecto común en la promoción y defensa de los derechos colectivos. Su trabajo se concentró al interior de las comunidades, a promover la organización como pueblo Na savi y a cultivar el gusto por la lengua, a fortalecer las expresiones culturales del pueblo Na savi y a enaltecer la dignidad de los hombres y mujeres de la lluvia. Junto con Raúl denunciaron la masacre de El Charco apoyaron a las víctimas de esterilizaciones forzadas exigiendo justicia y reparación de los daños. Junto con la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), denunciaron las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército.

Raúl y Manuel siempre honraron a la estirpe de los hijos de la lluvia. Dedicaron su vida para ser fieles servidores de su comunidad defendiendo los intereses colectivos. Sus cargos comunitarios como representantes agrarios fueron desempeñados a cabalidad, asumiendo todos los riegos y las consecuencias que representaba el hecho de ser un defensor del pueblo, en una región tan militarizada y violenta como Ayutla.

Raúl y Manuel nacieron en una casa humilde, de piso de tierra, sin tener el privilegio de contar con agua potable en sus cobertizos. Sus padres no tuvieron la posibilidad de enviarlos a la escuela y de que tuvieran la dicha de trabajar de manera digna entre los patrones que los explotaban. Heredaron a sus hijos el amor por la tierra, los valores del servicio comunitario, de la solidaridad con los más débiles, de saber compartir lo poco que se tiene, de trabajar colectivamente y de poseer los bienes en común. Fueron ejemplos de lo que realmente son los defensores de derechos humanos, que viven y luchan en las comunidades indígenas, donde son sumamente vulnerables y donde viven al día sin ningún recurso para sostener su lucha. La causa por la justicia en estos lugares empobrecidos y olvidados se paga con persecución, cárcel y muerte violenta.

El pueblo Na savi de Ayutla nunca imaginó que dos de sus defensores comunitarios fueran a ser víctimas de la barbarie que azota a la región. Nadie alcanza a entender ¿qué delito cometieron o qué acto cruel hicieron para que Raúl y Manuel fueran torturados hasta arrancarles la vida? La población agraviada se pregunta con gran miedo ¿qué tipo de gobierno tenemos permite a ciertos grupos de poder actuar con impunidad como si tuvieran licencia para detener, desaparecer, torturar y matar a los que alzan la voz? ¿Para qué sirve todo el aparato de justicia y seguridad del Estado si no tiene el interés ni la capacidad para reaccionar en los momentos cruciales para evitar la consumación de delitos graves como las ejecuciones de Raúl y Manuel?

Los defensores y defensoras de derechos humanos estamos inermes ante un ambiente creciente de descomposición social, donde las instituciones del Estado están desmanteladas y coludidas con la delincuencia organizada. Lo grave es que han dejado al ciudadano desprotegido y sin ninguna alternativa para hacer valer su derecho a vivir con seguridad. En Ayutla, la población sabe muy bien cómo se ha tejido una telaraña de intereses donde el poder público se ha transformado en una empresa que consiente a la delincuencia. Por eso no es gratuito las advertencias y amenazas que emitieron tanto el presidente municipal como el director de Seguridad Pública de que podría pasarle algo a Raúl y que detendrían a dos personas vinculadas a las organizaciones indígenas.

Las autoridades municipales y estatales no sólo se mostraron indiferentes ante la detención arbitraria de Raúl y Manuel sino que fueron hostiles contra sus familiares mostrando con ello cierta complicidad con la delincuencia. Desde un principio dieron versiones sesgadas para desacreditar el trabajo de Raúl y Manuel como defensores de derechos humanos y darles un trato de delincuentes comunes.

Es muy grave constatar que a nivel municipal y estatal las autoridades se hayan mostrado indiferentes y hostiles ante la detención arbitraria y la desaparición de Raúl y de Manuel. Han aprendido que la mejor manera de actuar en estos casos es ignorar y minimizar los hechos, buscar el deslinde de la responsabilidad del Estado y ubicarlos como asuntos relacionados con la delincuencia común u organizada, donde las autoridades ya se han acostumbrado a cargar en las propias victimas la culpa de su desgracia y su muerte.

¿Qué tipo de democracia vivimos cuando las autoridades se dedican a desacreditar el trabajo de los defensores y a tratarlos como delincuentes, alentando con ello un ambiente adverso para que sean un blanco fácil y sean atacados por los grupos de poder que sienten amenazados sus intereses? ¿En qué autoridad van a confiar los familiares de Raúl y Manuel, cuando tuvieron la amarga experiencia de que las autoridades municipales les advirtieron que algo les pasaría y que las autoridades estatales les dieron la espalda en los momentos más difíciles, queriendo asumirse ahora como sus representantes especiales a través de una Fiscalía?

Mientras las instituciones encargadas de procurar justicia no se ganen la confianza de la ciudadanía y no demuestren su verdadero compromiso con las víctimas del delito para garantizarles el acceso a la justicia, la creación de una fiscalía especial suena más a un recurso mediático y político que busca darle una imagen a la autoridad de que está comprometida con los familiares para alcanzar la justicia

Las autoridades estatales están obligadas a garantizar la seguridad y la vida de los familiares de las victimas, de los miembros de las organizaciones indígenas, de los defensores y defensoras, y tienen el imperativo de presentar resultados veraces de sus investigaciones, para contener la violencia, salvaguardar el Estado de derecho y la estabilidad política en el municipio. Se deben de atender los llamados y las recomendaciones de los organismos internacionales, los exhortos emitidos por los diputados federales y estatales y sobre todo se debe de escuchar con respeto y sin simulaciones las voces de las familias agraviadas, de sus organizaciones y de la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos del país y el estado.