Legitimidad

Legitimidad

Rosa Albina Garavito

El Universal, 18 de noviembre de 2006

E l próximo 20 de noviembre Andrés Manuel López Obrador será nombrado presidente legítimo de la República por la Convención Nacional Democrática y el Frente Amplio Progresista.

Se trata evidentemente de un acto simbólico con el cual se pretende expresar que el presidente electo de manera legal, Felipe Calderón Hinojosa, no goza de la legitimidad necesaria para ejercer su mandato.

En esta ocasión el cumplimiento de los requisitos legales en un proceso electoral muy reñido, que culminó en la calificación por parte del TEPJF, quedó muy lejos de convencer a un amplio sector de la población, de ahí la distancia producida entre cumplir con la legalidad y alcanzar la legitimidad.

Hay quienes sostienen que legalidad es siempre sinónimo de legitimidad. Nada más erróneo. Para que un acto sea legal basta que las instancias jurisdiccionales así lo dictaminen. Si el procedimiento por el que se constituye el acto atropelló los principios y el contenido de la ley, es suficiente que jueces y tribunales determinen que se cumplió con los ordenamientos legales en tiempo y forma para decretarlo como apegado a derecho. Y agotadas todas las instancias legales, tanto el individuo como la sociedad deben acatar las resoluciones del Poder Judicial.

Ciertamente, el pacto fundacional de toda sociedad implica el respeto a las instituciones que la misma sociedad se da para su convivencia. Pero, ¿qué pasa cuando las instituciones del Estado que deberían de expresar la voluntad general de la sociedad (J.J. Rousseau) expresan por el contrario la voluntad particular de un determinado sector de la sociedad? ¿Qué sucede cuando los actos legales se divorcian de la justicia, cuando en lugar de unir a la sociedad mediante el convencimiento, la dividen por la desconfianza que motivan sus decisiones? La respuesta es muy sencilla: las instituciones se deterioran, pierden credibilidad y el ejercicio de su autoridad deja de otorgar confianza y legitimidad a los actos que sancionan. Así es como la legalidad se divorcia de la legitimidad.

De actos legales pero ilegítimos está plagada la vida institucional de México, incluso por parte de quienes hacen los ordenamientos jurídicos. Para no ir muy lejos: socializar la deuda privada de los bancos mediante la aprobación de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) fue un acto legal sancionado por el Congreso de la Unión pero ilegítimo, pues nada más injusto que cargar a la población el costo de irregularidades e ilegalidades del sistema bancario que lo llevaron a la quiebra mientras sus propietarios se enriquecieron impunemente. De actos ilegítimos se derivan siempre daños al país. La aprobación de esa ley ha profundizado la debilidad del Estado para cumplir con sus obligaciones sociales, y el empobrecimiento de la sociedad que observa impávida cómo se dedican recursos a servir esa deuda y no a las necesidades de su desarrollo.

La separación entre legalidad y legitimidad es más delicada aun cuando se genera en torno de un proceso electoral. En este caso no se trata de actos derivados de delegar la voluntad ciudadana en sus representantes en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, sino que atropella esa soberanía popular que mediante voto universal y secreto eligió de manera directa a una instancia unipersonal de gobierno, esto es, al presidente de la República. Si el resultado de esa elección directa no convence a una parte importante de la ciudadanía, la soberanía popular que es la fuente de legalidad y de legitimidad del sistema republicano queda dañada y, por tanto, la misma salud de la República. Sus consecuencias son inmediatas.

Aceptar pasivamente tal situación sería tanto como alentar el deterioro institucional del país. El simbolismo de nombrar a un presidente legítimo y a su gabinete, distinto del Poder Ejecutivo legalmente establecido, no significa debilidad. Por el contrario, esa institución a la que le asiste sólo la fuerza moral puede ser instrumento eficaz para la toma de conciencia de la ciudadanía sobre la necesidad de que la legalidad y la legitimidad puedan finalmente encontrarse. También puede generar la capacidad organizativa necesaria para darle al país un nuevo rumbo económico. En otras palabras puede generar las condiciones para finalmente restablecer el pacto social en un México que va a la deriva. Ojalá que así sea.
rosage@prodigy.net.mx