CONFEDERACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C.

CONFEDERACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C.

Antecedentes y Objetivo

La idea de constituir una Confederación de jubilados y pensionados en México, tiene su origen en la Convención Nacional de Jubilados y Pensionados, realizada a convocatoria del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), los días 19, 20 y 21 de Enero de 2006, en las instalaciones del SME, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

En dicha Convención, en siete Mesas de trabajo y a través de más de cincuenta Ponencias, se concluyó que el Estado mexicano, siguiendo los dictados del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de las grandes corporaciones del mundo, ha emprendido una embestida contra las pensiones y va contra la mayoría de las jubilaciones contractuales.

Por eso, las 47 organizaciones de jubilados y pensionados asistentes a dicha Convención, de 23 estados de la República Mexicana así como del Distrito Federal, además de la Delegación de República Dominicana, aprobaron por unanimidad la constitución de una CONFEDERACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA,A.C. proponiendo para tal efecto el día 1 de Junio de 2006.

La jubilación es una conquista contractual de los trabajadores que data de los años treinta del Siglo XX. Hoy, en pleno Siglo XXI, los patrones en el mundo, la quieren desaparecer de los Contratos Colectivos de Trabajo.
Las grandes corporaciones del planeta, a través de las instituciones financieras internacionales y con la complicidad de los gobiernos, han dirigido la privatización -en cascada- de la mayoría de los servicios públicos de los países subdesarrollados: transportes, energéticos, salud, educación, trabajo, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, bancos, agua, basura, biodiversidad, etc.; el resultado ha sido desastroso: desempleo, pobreza, desigualdad y deshumanización de una gran parte de la población mundial.

A cada país se le privatiza según su circunstancia histórica y geográfica; y para México han diseñado un plan de privatizaciones gradual, discreto y furtivo, para evitarse problemas de impacto social en virtud del carácter constitucional y popular de la mayoría de sus servicios públicos; y han optado también por privatizar en paralelo, a través de reformas en las leyes secundarias, sin tocar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma a la Ley del Seguro Social (LSS) de 1995 que entró en vigor en Julio de 1997, así como la última -de Agosto de 2004- obedece a esa estrategia (gradual y en paralelo).

Esta reforma estaba diseñada desde el año 2002 a través del documento del Banco Mundial: “Nuevo Programa de Beneficios de Pensiones” recomendando, entre otras cosas: “Una nueva estructura que considere dos tipos de asociados: los viejos miembros y la nueva generación... el establecimiento de cuentas individuales para el retiro... el incremento de las contribuciones a los trabajadores”; agregando que estas propuestas... “ se basan en la experiencia de reformas similares en otros países”.

En efecto, esas “reformas similares”, en América Latina, comenzaron en Chile que es el pionero en reformas al sistema de pensiones (1980-81), seguido por Argentina (1993-94), Colombia (1993-94), México (1995-97), Uruguay (1995-96-97), Bolivia (1996-97), etc.; y en todos los casos por “recomendaciones” del BM, FMI o del BID, poniendo en evidencia la fragilidad de la soberanía nacional de los países del Continente.

En Abril de 2002, el Banco Mundial le entregó al gobierno mexicano el documento para la reforma del otro sistema de pensiones, el del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: “Proyecto de Asistencia Técnica para la Reforma del ISSSTE” y que es muy similar a la reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social, privilegiando -entre otras cosas- la apertura al mercado y la privatización de los servicios de salud y las pensiones, sustituyendo el sistema solidario de pensiones por el sistema de cuentas individuales.

La iniciativa para la reforma a la Ley del ISSSTE reposa en el Senado de la República desde el 15 de Diciembre de 2005, y su contenido es copia casi textual del documento del BM.

El Congreso tiene la palabra. Pero también la tienen los trabajadores jubilados, pensionados y en activo.

Las privatizaciones sólo han beneficiado a las grandes empresas transnacionales. Son un fracaso social.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) contenidos en su documento: “La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad”, América Latina y el Caribe forman una de las regiones más inequitativas del mundo. “El 61 por ciento de sus trabajadores asalariados carece de seguridad social y 40.6 por ciento de los hogares se encuentran bajo la línea de pobreza y sin protección social básica, lo cual afecta a 213 millones de personas, 88 millones de las cuales viven en condiciones de pobreza extrema”. El documento también destaca que “Méxicoes una de las tres naciones en el área, por debajo de Panamá y Paraguay, con la mayor incidencia de pobreza extrema entre indígenas y afrodescendientes. Aunado a ello, sólo 55 por ciento del total de sus trabajadores tiene seguridad social, aunque en el área rural 68.2 por ciento carece de este derecho”. Además, ubica a México “en un nivel relativamente bajo de cobertura en materia de jubilaciones y pensiones (de 23 por ciento, cuando el que más, Uruguay, alcanza 93)”.

Por otro lado, según datos de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, en un estudio realizado en más de 170 países (de América Latina, Europa Central y Oriental, entre otros), existen 241 regímenes de jubilaciones y pensiones, de los cuales 224 son públicos (basados en la solidaridad contributiva) y sólo 17 son privados (basados en cuentas individuales).

Esto refleja que el capitalismo se protege y se ha encargado de que ninguno de los países desarrollados haya implantado -en su sistema de seguridad social- un modelo privatizador de capitalización de ahorro individual obligatorio.

Al contrario de lo que pregona para los Estados de países subdesarrollados, el Estado en los países desarrollados es fuerte y protector.

Esto muestra el panorama exacto: en pleno Siglo XXI, el capitalismo ha retomado su política neocolonial, de saqueo, depredadora y de dominio económico y territorial.

Pero también ha propiciado la resistencia global, la solidaridad internacional y la reorganización de la clase obrera y de los pueblos en todo el mundo, particularmente en los países subdesarrollados, como México.

Y como parte de esta reorganización de la clase trabajadora de México, tanto de jubilados y pensionados como de trabajadores en activo, es que se ha propuesto la constitución de la Confederación de Jubilados y Pensionados DE LA REPÚBLICA MEXICANA,A.C. cuyo objetivo es:

Constituir, agrupar, organizar y representar, de acuerdo con los resolutivos de la Convención Nacional de Jubilados y Pensionados, de Enero de 2006, y bajo la Declaración de Principios, el Programa de Lucha y sus Estatutos, la Confederación de Jubilados y Pensionados DE LA REPÚBLICA MEXICANA,A.C. con el propósito fundamental de defender los derechos de los jubilados y pensionados del país; restablecer la legalidad constitucional ante las modificaciones regresivas de las leyes en materia de seguridad social; agrupar y organizar a los grupos de la sociedad que se encuentren al margen de la previsión social y de los derechos de la jubilación y pensión; restituir el papel tutelar del Estado y la política del gobierno en la preservación de los derechos de jubilación y pensión del país, así como difundir la información nacional e internacional en materia de jubilaciones y pensiones.