Beltrones reedita la Ley Televisa

La iniciativa para reformar el artículo 16° de la Ley Federal de Radio y Televisión que presentaron Manlio Fabio Beltrones y otros cuatro senadores del PRI es un nuevo y desfachatado intento para infringir los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca del régimen de concesiones para los medios electrónicos.

Con esa iniciativa se pretende que las concesiones de radio o televisión sean renovadas a discreción del gobierno federal, sin que haya licitación pública de esas frecuencias.

En junio del año pasado, la Suprema Corte enmendó las principales modificaciones que el Congreso de la Unión había dispuesto en las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión. Aquella reforma, conocida como Ley Televisa, otorgaba a las empresas de radiodifusión una onerosa colección de privilegios, entre los que se encontraba el refrendo prácticamente automático de las concesiones.

A diferencia de aquel régimen de prerrogativas atentatorias del derecho que el Estado tiene sobre el espacio radioeléctrico, la Suprema Corte estableció que la renovación de concesiones debía supeditarse a un concurso en donde fueran evaluados tanto el desempeño del concesionario como las propuestas de otros interesados en operar tales frecuencias.

El dictamen es inequívoco: “Para que el refrendo de una concesión y la preferencia que se otorgue a su titular resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados, pues sólo así se garantiza el respeto a los principios de igualdad, rectoría del Estado, planeación para imprimir dinamismo y crecimiento a la economía, dominio directo de la nación sobre ciertos bienes relevantes, entre ellos, el espacio situado sobre el territorio nacional y las vías generales de comunicación, prohibición de monopolios y concentraciones contrarias al interés público, utilización social de los bienes y administración eficiente, eficaz y honrada de los recursos del Estado, consagrados en los artículos 1°, 25°, 26°, 27°, 28° y 134° constitucionales”. (SCJN, Engrose de la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006 aprobado por unanimidad el 6 de agosto de 2007).

En contra de esa decisión, Beltrones y otros senadores pretenden que las concesiones puedan prorrogarse simplemente a partir de una evaluación administrativa por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esa actitud contradice la postura de la Corte, que ha señalado que el titular de una concesión podría tener preferencia al momento del refrendo únicamente “cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión”.

Los autores de la nueva y regresiva propuesta, plantean que la empresa beneficiaria de la concesión pague una contraprestación por esa prórroga. Pero esa no es más que una simulación porque además sugieren que para integrar ese pago se tome en cuenta el valor de los espacios que las estaciones de radio y televisión tienen obligación de entregarle al Estado. Entre esos espacios se encuentra el tiempo para propaganda de los partidos políticos, cuya gratuidad estableció la reforma constitucional de hace un año.

Así que de prosperar la iniciativa de Beltrones, los empresarios de la televisión y la radio no solamente no pagarían por la renovación de sus concesiones. Además existiría la posibilidad de que el Estado tuviera que pagarles la diferencia entre los derechos por la prórroga y el monto de los tiempos estatales que han tenido que abrir para la difusión de mensajes institucionales y, ahora, de los partidos políticos.

El retroceso jurídico y político de esa iniciativa sería descomunal, tanto respecto de las decisiones de la Suprema Corte como de la reforma constitucional en materia electoral.

En vez de empeñarse en congraciarse con las televisoras y con las cadenas de radio más influyentes, Beltrones y el resto de los legisladores federales deberían cumplir con su obligación para actualizar, en beneficio de la sociedad, la estancada e insuficiente legislación para los medios de radiodifusión y las telecomunicaciones.

De acuerdo con lo expuesto, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) manifiesta:

1. Su total rechazo a la iniciativa presentada por Beltrones y otros legisladores y exhorta al resto de los senadores, de todos los partidos, a desecharla por obsecuente y regresiva.

2. Condenamos la grotesca distorsión que de los términos y criterios establecidos por la SCJN en la sentencia sobre acción de inconstitucionalidad 26/2006 hace la iniciativa del senador Beltrones, al manipular y rasurar párrafos completos de la sentencia publicada el 20 de agosto de 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Un mínimo ejercicio comparativo entre ambos textos da cuenta del nivel de descaro político en que incurren esos legisladores.

3. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales —especialmente aquellas dedicadas a la comunicación y a la promoción y defensa de los derechos humanos— a denunciar esta nueva intentona de despojo a la Nación, y a no permitir esta reedición de la Ley televisa.

4. Solicitamos respetuosamente a todas las escuelas y facultades de derecho y de comunicación social o periodismo de las Universidades públicas y privadas de nuestro país a poner bajo análisis de los programas escolares la sentencia de la SCJN sobre la Ley Televisa, con el objeto de hacer una defensa informada sobre la necesidad de una nueva ley de radio, televisión y telecomunicaciones para México.

5. Llamamos a los ex senadores de la república que presentaron la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Televisa a salir abiertamente en defensa de la histórica batalla jurídica emprendida en la SCJN y de la sentencia favorable que lograron junto con muchas organizaciones sociales que los acompañaron.

Desde ya, anunciamos nuestra decisión para acudir a todos los recursos legales e institucionales a los que podemos tener acceso los ciudadanos para oponernos a esa nueva e inopinada canonjía a las empresas de televisión y radio.

Por el Comité Directivo Nacional de Amedi y su Consejo Consultivo: Javier Corral Jurado, Daniel Contreras Henry, Denise Dresser Guerra, Aleida Calleja, Raúl Trejo Delarbre, Gabriel Sosa Plata, Beatriz Solís Leree, Agustín Pineda.