La reprivatización petrolera

Autor: Marcos Chávez , Contralínea

La contrarreforma energética aprobada por la mayoría del Congreso (Partido Revolucionario Institucional, PRI; Partido Acción Nacional, PAN, y los partidos parasitarios, entre ellos los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, PRD) no hizo más que formalizar, por encima del estado de derecho, lo que ya hicieron anticonstitucionalmente, por la vía de los hechos, los gobiernos neoliberales, desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón: entregar la industria petrolera y la energética a la voracidad empresarial, sobre todo trasnacional.

Es natural que los artífices del atentado en contra de la nación prefieran que la discreta complicidad de Felipe Calderón ocultara sus tropelías; pero al momento de escribir estas líneas, Calderón había dejado transcurrir los 10 días fijados constitucionalmente para publicarlos en el Diario Oficial de la Federación: acaso por un olvido involuntario, debido al deceso de Mouriño y los esfuerzos realizados oficialmente por tratar de demostrar que su muerte se debió a un accidente y no a otras razones; quizá porque el retraso significa una especie de veto de la contrarreforma que, para desconcierto de sus forjadores, había festejado públicamente; o porque posiblemente enmendará el entuerto cuando se le pegue la gana, pues una cosa es clara: a las elites no les importa el estado de derecho, más allá de su orgásmico encanto por pisotearlo.

Pero la frescura de una de las empleadas de Felipe Calderón y de las empresas petroleras, Georgina Kessel, de Energía, es capaz de irritar a cualquiera, en especial a los “patriotas” que han hecho lo indecible para pasar a la historia envueltos en la bandera nacional y no como un hatajo de congresistas émulos de Santa Anna (lugar en que, accidental o deliberadamente, según se quiera ver, los colocó la referida señora). Según ella, el sistema de contratación, derivado de la reforma aprobada, permitirá ampliar la capacidad de operación de Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de la negociación de servicios, lo que posibilitará ordenar una práctica “que ya se realiza hoy: alrededor del 70 por ciento de las actividades de Pemex en exploración y producción lo realizan otras empresas, pero con un esquema extremadamente rígido que no permite, como sí lo hace la reforma, obtener bienes y servicios para Pemex”. Además, añadió Kessel, los contratos que se firmarán con las compañías privadas incluirán la posibilidad de “hacer un pago adicional” en efectivo –acorde con los estándares internacionales– al contratista, según “el éxito del proyecto”. Para colmo, se le ocurrió agregar que el paquete de leyes aprobado por los congresistas tiene los mismos objetivos que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal; es decir, los legisladores hicieron lo que han negado: 1) votaron la propuesta reprivatizadora de Calderón, matizada por Manlio Fabio Beltrones y sus cómplices; 2) dieron barniz de legalidad a la ilegalidad; 3) si los neoliberales ya habían entregado inconstitucionalmente el 70 por ciento de las actividades de monopolio público a los oligopolios privados, los congresistas les entregaron el resto y, en el futuro, si se cumple el propósito, la propiedad de toda la industria. Por ello, Manlio Fabio Beltrones, Graco Ramírez y Pablo Gómez, molestos, calificaron de desafortunadas las declaraciones de la funcionaria, señalaron que falta a la verdad. Según Gómez, el pago extra de cantidades no determinadas a contratistas “no sólo no quedó, sino que expresamente no está permitido”. Ramírez agregó que “quedó clarísimo en la legislación que no hay manera de que otorguen contratos incentivados”, y cantinflescamente añadió que, “en realidad, es el 80 por ciento de la paraestatal la que está en manos de empresas extranjeras, fundamentalmente de las trasnacionales Halliburton y Schulemberger”, cuyos contratos y utilidades son superiores a las obtenidas en Irak” (La Jornada, 11 y 12 de noviembre de 2008). O sea que, en lugar de imponer las leyes, sólo ayudaron a entregar las sobras y legitimar la mayor parte de las tropelías.

¿Realmente las declaraciones de Kessel están en “su imaginario, pero de ninguna manera en la Constitución”, como dijo Beltrones? ¿Qué fue entonces lo que aprobaron los legisladores? La revisión de lo que ahora es ley le da la razón a la señora.

El artículo 5 de la nueva ley de Pemex dice: la empresa “y sus organismos subsidiarios –creados por el Ejecutivo, según el sexto– (…) podrán celebrar con personas físicas y morales toda clase de actos, convenios, contratos y suscribir títulos de crédito”. Ellos podrán “formular querellas en caso de delitos u otorgar perdón, para ejercitar y desistirse de acciones judiciales” (es decir, en todas las actividades de Pemex, una vez descuartizado). Desde la exploración hasta lo que se les ocurra a los directivos y, además, serán una especie de ministerio público. Se dijo que se rechazó someter los convenios a los tribunales internacionales, y el mismo artículo dice: “Los contratos podrán incluir acuerdos arbitrales conforme a las leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que México sea parte”. El 72 dice: “Tratándose de actos jurídicos de carácter internacional, (Pemex) y sus órganos subsidiarios podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto”. Por principio serán en los de Estados Unidos, por el tratado de libre comercio, y en la Unión Europea, porque somos “socios”.

La ley sobre fuentes alternas, en la parte relativa al Consejo Nacional de Energía, establece que se podrán “otorgar (…) permisos y autorizaciones en materia energética (…) incluyendo las asignaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos”. Se añade que se levantará “un catastro petrolero para proponer al tribunal del Ejecutivo federal el establecimiento de zonas de reservas petroleras; así como para regular la asignación de áreas para la exploración y explotación petrolera”. ¿Acaso no son los dichosos “bloques”, terrestres o marinos, aunque se diga que son contratos de obras y servicios en zonas determinadas, sin el derecho a la propiedad? Si es un área de explotación, ¿por cuánto tiempo? Nada se dice al respecto. Para justificar la medida se dice que Cuba o Venezuela han aceptado esas formas de operar. Pero una cosa es México y otra esos países, Bolivia o Ecuador, cuyos gobiernos recuperaron su petróleo que en el bananero México se reprivatiza. Rafael Correa, ante las tropelías de Repsol, dijo: “Que entiendan las trasnacionales: la banana república se acabó, las condiciones las pone el país”.

Antes de la contrarreforma ya operaban al menos siete contratos ilegales para la exploración y explotación de gas natural en la cuenca de Burgos, en igual número de bloques (en los estados de Tamaulipas, Nuevos León y Coahuila, con Petrobras, Teikoku Oil, D&S Petroleum, Diavas, Tecpetrol, Industrial Perforadora de Campeche y Lewis Energy, entre otras). Repsol regentea el gas de las Islas Colorado (contrato por 15 mil millones de dólares). Halliburton tiene un contrato por tres años (683 millones de dólares) para perforar y finalizar 58 pozos en tierra en el sur de México, en un solo bloque exclusivo. Esa empresa –donde el genocida Cheney, vicepresidente de Estados Unidos, tiene intereses– es experta en obtener contratos sin licitación y sin que sus fraudes sean sancionados. ¿Cómo, en México? Como se ve, a los depredadores poco les interesa que no les hayan entregado la propiedad. Oficialmente se dice que son contratos de servicios múltiples. Bartlett refuta y dice que son los inconstitucionales contratos de riesgos operados en exclusividad; nadie puede participar en ellos, ni siquiera Pemex, que antes trabajaba exitosamente en Burgos de donde fue expulsada. ¿Por qué los congresistas sancionaron penalmente a quienes violaron previamente la Carta Magna? Las nuevas leyes son para blanquear las anomalías y ampliarlas por arriba de la Constitución, a costa de ampliar el desplazamiento de Pemex hasta convertirlo en un cascarón inútil para después reprivatizarlo o reprivatizar la industria.

¿Quién nombrará a los próximos y probos funcionarios de Pemex? Felipe Calderón designará al director general (Ley de Pemex, artículo 7). El 8 dice que “el Consejo de Administración de Pemex se compondrá de 15 miembros propietarios”. En el párrafo primero se especifica que serán seis representantes de Estado designados por el Ejecutivo federal; el párrafo segundo, cinco representantes del sindicato petrolero; el párrafo tercero, cuatro consejeros designados por el Ejecutivo federal. Todos avalados por el Senado. Es decir, el primer violador de la Constitución nombrará a sus peones, respaldados por quienes actúan de la misma manera. El resto de los nuevos funcionarios serán elegidos por los mismos e impolutos personajes. ¿Quién tendrá la confianza en la rectitud de los directivos si sus promotores y calificadores han violentado el orden constitucional y cuando no existen mecanismos efectivos de supervisión, rendición de cuentas y sanción para unos y otros, como ejemplifica la corrupción de Labastida-sindicato-directivos de Pemex y demás? Con ello se garantizará la fidelidad y la complicidad de cuanta tropelía siga ocurriendo, sin injerencia del poder judicial, porque ellos se encargarán de “formular querellas en caso de delitos u otorgar perdón para ejercitar y desistirse de acciones judiciales”. Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones son leales con los Mouriño, con los presuntos delincuentes confesos y no confesos. Como la mafia, todos se cubrirán las espaldas hasta nuevo aviso.

En las atribuciones del Consejo de Administración de Pemex, artículo 19, párrafo XI, se lee: “Aprobar, a solicitud del director general, la constitución de empresas filiales bajo control de Pemex u de organismos subsidiarios (…) sin sujetarse (…) al procedimiento de creación y extinción de las mismas, prevista en la ley y reglamento de las entidades paraestatales”. En el párrafo XII: “Autorizará, a solicitud del director general, la liquidación, fusión o escisión de las sociedades que se ubiquen en los supuestos para ser consideradas como paraestatales”. XVI: “El Consejo podrá aprobar el desmantelamiento o la enajenación de las instalaciones industriales de Pemex y sus organismo subsidiarios, cuando ya no sean útiles para el cumplimiento de su objeto”. ¿Bajo qué criterios? Nunca se dice, pero se hará al margen de la Constitución, pues el Congreso les dio patente de corso a los Reyes Heroles. Le dio derecho al Ejecutivo de preparar la reprivatización, la destrucción de Pemex, retorciendo las leyes. En un estado de derecho y democrático, todos serían destituidos, sometidos a juicio y encarcelados. Pero están en México.

El artículo 26, párrafo II, del comité de adquisiciones, arrendamiento y obras públicas dice que éste podrá “dictaminar sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas”, bajo ciertas reglas, y que “la contratación puede ser por invitación restringida o de adjudicación directa”. ¿Acaso esa licencia no ha sido utilizada para el favoritismo, el tráfico de influencias, la corrupción? Respecto de los comités como el de auditoría y evaluación de desempeño y el de transparencia y rendición de cuentas, ¿por quién se imaginan que serán nombrados sus miembros? “El consejo de administración, entre los representantes del Estado” y “el presidente propondrán las designaciones” (artículo 29). ¿Con los propios empleados del Ejecutivo supusieron los congresistas que se garantizarán auditorías fiables, transparencia? ¿Ingenuidad, dolo, al entregar el “cheque en blanco”? En las atribuciones del director general (artículo 31, párrafo XII) se lee que una de ellas es “difundir la información relevante y eventos que deben ser públicos”. ¿Cuáles serán y cuáles no, bajo qué criterios? ¿Habrá información de una entidad pública que el director decida que no debe conocerse, como si fuera secreto de estado? ¿Ésa es la “legalidad”?

El artículo 44 refrenda los calderonistas “bonos ciudadanos”, la supuesta y generosa redistribución entre personas físicas y morales mexicanas de la renta petrolera, a través de las sociedades de inversión, fondos de pensión y otros intermediarios financieros, quienes “serán responsables de evitar el acaparamiento” de los papeles. Los recursos que obtenga Pemex serán utilizados productivamente. Su monto equivaldrá al 3 por ciento de la deuda (total de Pemex) reportado en sus últimos estados financieros consolidados” (artículo 9 transitorio, c). Un representante del Consejo de la empresa protegerá los derechos de los compradores de títulos (artículo 48). Será juez y parte. ¿Aunque la compra está limitada hasta el 0.1 por ciento de cada emisión, un conglomerado podrá comprar los que quiera por medio de sus empresas? ¿Cómo se determinará el rendimiento? ¿Se podrán vender otra vez en el mercado? Eso lo decidirá Hacienda. ¿Es necesaria la emisión de los bonos? No.

Lo que es claro es que la mayoría de las poco más de 45 millones de personas que forman la población económicamente activa (PEA) no podrá disfrutar de la “bondad” de Calderón, Beltrones y los congresistas, debido a sus ingresos, su nula o escasa capacidad de ahorro y su precariedad laboral. Al menos no 9 millones (20 por ciento de la PEA), por una sencilla razón: porque están desempleados, son subempleados o no reciben ingresos, pese a trabajar. Tampoco la mayoría de los trabajadores “informales” por sus bajos ingresos: 12 millones (26 por ciento de la PEA); 21 millones de personas, el 45 por ciento de la PEA, no podrá comprar los bonos. Si se considera sólo a los asalariados, casi 29 millones, 23 millones, el 81 por ciento, tampoco, porque ganan hasta cinco veces el salario mínimo y apenas si les alcanza para subsistir. Quizá puedan comprarlos cerca de 3.5 millones, el 12.5 por ciento que perciben más de dicho monto. Con certeza, sí podrá hacerlo el 20 por ciento-30 por ciento de los hogares que concentran el 53 por ciento-65 por ciento del ingreso corriente monetario, nuestra burguesía y parte de los sectores medios beneficiados del neoliberalismo. También existen otras certidumbres: los primeros que ganarán son los grupos financieros con las comisiones por su intermediación. Junto a ellos, los empresarios y los funcionarios públicos, sobre todo los de Pemex, porque tendrán el dinero y la información privilegiada. Aunque los tenedores tendrán toda la “información oportuna”, nada evitará eventuales pérdidas (las llamadas “minusvalías”) si los rendimientos son variables, como sucede actualmente con los fondos de inversión y de jubilación. Los únicos que ganarán, porque tienen la manera de hacerlo, son los especuladores, físicos y morales. Los bonos sólo servirán para alimentar la insaciable voracidad de los especuladores que medran con los títulos financieros y hunden sistemáticamente al país y otras naciones en el desastre. Ésa será una forma de “repartir” la renta petrolera.

Otra es con los contratos prohibidos por la Constitución. El apartado sobre el presupuesto (artículo 49) dice que Pemex podrá ajustar su presupuesto sin demandar la autorización de hacienda, salvo en el “caso de proyectos de gran magnitud y alta prioridad”, que serán dictaminados por un tercero. Esto porque –agrego yo– se deposita la confianza en la honorabilidad de sus funcionarios para determinar los cambios. En el esfuerzo de ser expeditos, Pemex es liberado de los incómodos ojos supervisores. El 50, reza que Pemex “tomará las medidas necesarias para incrementar la participación de proveedores y contratistas nacionales en las obras, bienes y servicios”. Se preludia el auge del contratismo, con todo y sus tropelías.

Desde luego, todo se hará con “eficiencia, transparencia y honradez” (artículo 53, sobre adquisiciones, arrendamiento y obras públicas). Incluso cuando se decida que esos contratos se lleven “a cabo (…) por licitaciones públicas o invitación restringida o adjudicación directa” (párrafos I, II y XII), claro, previamente justificadas. Las reglas podrán cambiarse cuando consideren conveniente los términos de los contratos (XIV), sin definirse qué significa lo anterior. El 55 y el 7 transitorio añaden que en las licitaciones del ramo petrolero”, es decir toda la industria, los participantes podrán ser nacionales e internacionales. Si son abiertas se limitará a aquellos donde haya “reciprocidad” (en Estados Unidos, por ejemplo, agrego yo). Las empresas también podrán realizar subcontrataciones (55. III, d), con asignaciones abiertas o restringidas, para que no haya discriminaciones (57 y 58). Según los asesores del FAP, se evitaron los contratos de riesgo o los incentivados. Pero el artículo 60 habla de “contratos especiales”, con “cláusulas donde se permita a las partes realizar modificaciones a los proyectos”, pontificados por la comisión nacional de hidrocarburos, que deberá “observar, en todo momento, la legislación relativa a la confidencialidad y reserva de la información”. ¿Ésa es la “transparencia? El 61 habla de “compensaciones adicionales”, establecidas expresamente en los contratos “por economías en su ejecución; por nuevas tecnologías, u otras circunstancias que redunden en mayor utilidad” para Pemex. ¿Eso no se llama contratos incentivados?

Es “obvio” que los contratos que repartirán la renta petrolera brillarán por su pulcritud. ¿Quién puede dudarlo? Resplandecerán como los de los contratos de los Mouriño. Como las obras realizadas en la refinería de Cadereyta, trabajadas por Sunkion, coreana; Siemens, de Alemania, e ICA, de México, entregada tarde y con serios defectos; o la de Minatitlán, laborada por la española Dragos, en condiciones similares; o en Burgos, por la española Repsol; o en Chicontepec, donde trabajaron Schlumberger y Halliburton, con desastrosos resultados; o con PricewaterhouseCoopers, contratada por César Nava en 2002 para elaborar el modelo de contratos de servicios múltiples, empresa que, a su vez, subcontrató a Macleod Dixon LLP para hacer la tarea. O el arrendamiento de un buque, cuyo costo original, en 2004, sería por 207 millones de dólares y que al final salió en 750 millones, más 377 millones para operación y mantenimiento (total 1 mil 135 millones). Era un buque tan viejo (tenía 25 años de construido) que no cumplía con la norma internacional y que uno similar está valuado en 230 millones. (Octavio Romero Oropeza, foro Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en Petróleos Mexicanos, (http://www.prd.senado.gob.mx/cs/informacion.php?id_sistema_informacion=2121)

¿Hasta allí se limitan las vilezas de los congresistas que votaron las contrarreformas? No, su traición al país fue completa.

Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas, acusa que en los últimos meses se entregaron 617 contratos a empresas nacionales y extranjeras para generar su propia electricidad; en “un claro proceso de privatización paralelo”, que está desplazando al público, castigado presupuestalmente y por la sangría de los Pidiregas. Es su lenta destrucción. En la nueva ley sobre el aprovechamiento sustentable de energía dice que “se fomentará la generación de energía con las figuras de autoabastecimiento y cogeneración, fortaleciendo los derechos de los sectores social y privado”. En la de aprovechamiento de las energías renovables” se lee: “Promover la participación del sector privado en la aplicación de los programas en materia de aprovechamiento sustentable de energía”. Los contratos serán de largo plazo. Las concesiones serán en todo el sector energético.

¿Acaso la contrarreforma no justifica y legitima la movilización de López Obrador y sus seguidores, aún con sus contradicciones y limitaciones? Con justicia, dada la actuación del sistema, es válido llevar cualquier movilización hasta sus últimas consecuencias, ante un sistema autoritario como el mexicano.

Herodoto escribió en Los nueve libros de la historia: “Bajo el despotismo los atenienses eran cobardes. Pero cuando los atenienses eliminaron a los déspotas e instauraron la igualdad fueron los primeros de todos y en todos los aspectos”.