TOPE DONDE TOPE

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

Gracias al trabajo de la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza y del editor Miguel Badillo Cruz, los lectores de Contralínea nos enteramos en febrero de 2008 --y otros un poco después, cuando Andrés Manuel López Obrador retomó la información en el mitin del día 24--, que Juan Camilo Mouriño Terrazo se desenvolvía como funcionario público y como empresario privado en forma simultánea. Lo hacía con tal desparpajo que firmaba contratos con Petróleos Mexicanos y Transportes Ivancar, una de las 80 empresas del Grupo Energético del Sureste.

La temprana y lamentable muerte del joven secretario de Gobernación, permitió que toda la República atestiguara, en horario estelar y cadena nacional de televisión y radio, cuánto estimaba, quería, adoraba Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a su otrora coordinador de asesores en la Sener. Justo desde donde se firmaron muchos de los contratos con Pemex en beneficio del clan familiar español-mexicano y, según varias fuentes periodísticas, también del actual titular del Ejecutivo federal.

La revista quincenal que cofundó y dirige Badillo pisó, informativamente dicho, un doloroso callo para el grupo gobernante, al publicar que Jesús Alfonso Zaragoza López, socio mayoritario y presidente del Consejo de Administració

n del poderoso consorcio Zeta Gas, integrado por 80 empresas, "me dijo que en el sexenio de Fox el secretario de Energía Felipe Calderón Hinojosa, lo recibió en sus oficinas para ayudarle en sus negocios, y que a cambio, él lo apoyó económicamente para su campaña a la Presidencia de la República", de acuerdo a la llamada telefónica que hizo Pérez Mendoza al mitin realizado en el Hemiciclo a Juárez, el domingo 18, en apoyo a la valiente reportera "acosada, vigilada y perseguida" desde hace 16 meses, y del director de Contralínea quien dos días antes y durante 11 horas fue arrestado en el Centro de Detenciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito.

En este punto resulta pertinente compartirle la pregunta enviada a Utopía por el colega Rafael Luviano Delgado: "Con qué atributos constitucionales, una policía de las llamadas 'complementarias' , que no se distingue por su preparación y eficacia, puede hacer detenciones de esta naturaleza. Lo peor que le puede pasar al GDF (Gobierno del Distrito Federal) es empezar a caracterizarse como un órgano represor de la libertad de expresión, como le pasa a entidades como Oaxaca y Puebla".

De gran tamaño y alcance es la persecución contra los editores y reporteros que sólo en el plano judicial contempla siete demandas, de ellas en seis involucran a Miguel Badillo y en una al colega Jorge Meléndez Preciado, integrante del Grupo María Cristina. Previamente, la Presidencia de la República sometió a Fortuna y Contralínea a un boicot publicitario, como aún lo hace con Forum y otros medios.

En estos casos, más que graves para el presente y el futuro inmediatos de la libertad de expresión, los "innegables defectos de personalidad" que atribuye Federico Arreola Castillo a Miguel, resultan secundarios, anecdóticos. Y la "casi nula cobertura que los medios de comunicación de nuestro país le han dado al caso", puede explicarse por "La clásica mezquindad del periodismo que se ejerce en México", pero sobre todo por el gran calado de los intereses mercantiles y políticos que están en juego y con los cuales tiene compromisos la mediocracia.

La respuesta del Grupo Zeta con una inserción pagada --de redacción y sintaxis lamentables, además del uso de mayúsculas para ocultar la ignorancia sobre los acentos--, sólo atina a denunciar "intereses inconfesables" –como presumiblemente son los que representan e investigó la Drug Enforcement Administration- -, "chantajear y obtener ventajas económicas", sin aportar ningún dato.

El compromiso de Badillo Cruz –"no vamos a abandonar nuestras investigaciones periodísticas, vamos a continuar tope donde tope"-- requiere del respaldo de todos los que bregan diariamente por la libertad de expresión al ejercerla.