Boletín No. 0209/007 BP
17 de febrero de 2009
Bloqueos viales en Nuevo León: la solución no es
la indiferencia ni la represión
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C (CADHAC), organización no gubernamental y sin fines de lucro que desde 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, manifiesta su más profunda preocupación en relación al indebido manejo que las autoridades han hecho en torno a los bloqueos que recientemente se han llevado a cabo en distintas vialidades de la ciudad de Monterrey.
Los grupos que han llevado a cabo estas acciones se manifiestan por la retirada del ejército de las funciones que constitucionalmente pertenecen sólo a la autoridad civil. La forma en que las han llevado a cabo, empero, es atípica de los movimientos ciudadanos neoleoneses, como atípica ha sido la reacción de la autoridad, que ha permitido la mayoría de los bloqueos sin tomar cartas en el asunto.
Ante estos hechos que redundan en el malestar de la comunidad, debemos recordar que tanto el derecho al libre tránsito, como el derecho a manifestarse, están ampliamente reconocidos en nuestra Constitución. Es común que el ejercicio de uno de estos derechos afecte o incida en el ejercicio del otro, ante estos casos es deber de la autoridad buscar activamente un equilibrio pacífico entre ambos derechos. Las autoridades del Estado de Nuevo León han permitido que expresiones con claros tintes de provocación se dilaten indebidamente sin hacer uso de medios idóneos, como la negociación. Debemos recordar que, como lo ha indicado
Las autoridades estatales han dicho que los grupos de manifestantes son manejados por el crimen organizado y con este argumento se han llevado propuestas al H. Congreso del Estado para convertir en delito lo que es un derecho fundamental: el derecho a protestar. Por otra parte, la prensa local y nacional ha dado a conocer que el gobierno federal decidió enviar refuerzos a esta entidad con la finalidad de combatir estos bloqueos. De llevarse a cabo dicha acción represiva y de aprobar la creación de nuevos delitos, la ciudadanía, y no sólo estos manifestantes específicos, se verá privada de uno de los pocos medios que, en un país de profundas desigualdades estructurales, tiene para hacer oír sus preocupaciones y para buscar la solución de los problemas que la aquejan.
Estamos convencidos de que el pleno respeto al estado de derecho es una condición necesaria para una vida armónica en sociedad, ese estado de derecho sustantivo debe contener un respeto irrestricto a los derechos humanos, incluido el derecho a disentir y de manifestarse. La autoridad y la comunidad pueden legítimamente cuestionar los motivos de un grupo para ejercer sus derechos; si el Estado tiene elementos de convicción suficientes en contra de alguien para considerar que ha incurrido en conductas ilícitas, como el narcotráfico, la autoridad debe iniciar la acción penal correspondiente, que a través de un debido proceso puede culminar con la privación de la libertad de dicha persona; pero la autoridad no puede privar a alguien de sus derechos constitucionales, no puede tampoco declarar que reprimirá a quien se manifieste en contra de una u otra política gubernamental.
Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades para que aborden este delicado asunto con la celeridad que amerita, buscando en todo momento una salida pronta y pacífica a estas tensiones, sin caer en el impulso de la represión y sin alterar nuestro orden jurídico.
“Protestar es un derecho, reprimir es un delito”
CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A. C.
[1] OEA-CIDH. Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos de las américas, Símbolo: OEA/Ser.L/V/II.124, 7 de marzo de 2006, §56.
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