Miguel Badillo
De 1994 a 1997, Luis Téllez se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República cuando ésta era ocupada por Ernesto Zedillo Ponce de León. Durante ese periodo, inició lo que podría considerarse la única investigación seria y profunda, aunque inconclusa, sobre el abuso presidencial para usar a su antojo los recursos públicos que guardaba la denominada partida secreta. De tal manera que cuando el secretario de Comunicaciones y Transportes dijo hace unos días de que Carlos Salinas de Gortri se robó la mitad de la partida secreta, es porque conoció a detalle el caso y supo de los expedientes abiertos en contra de Carlos Salinas de Gortari en la Procuraduría General de la República y en la Unidad de Lavado de Dinero en la Procraduría Fiscal de la Federación.
Aunque con magros resultados, fue esta investigación a cargo de la exsubprocuradora María de la Luz Lima Malvido y de quien era responsable de lavado de dinero en México, Luz María Núñez Camacho, la que se acercó a las evidencias que hubieran logrado demostrar que el expresidente Carlos Salinas de Gortari no sólo protagonizó un gobierno corrupto y lleno de componendas con poderos políticos y fácticos, sino que incurrió en peculado de recursos públicos. De aquella indagatoria acaso podría decirse que la nación obtuvo un beneficio: la desaparición como tal de aquella partida secreta que no estaba sujeta a la obligación de rendir cuentas y mucho menos a la supervición de los órganos superiores de fiscalización.
Pero el “guardadito” del jefe del Poder Ejecutivo sobrevive con algunas variantes y fue el gobierno de Vicente Fox el que impulsó su permanencia en 2006, justo en la recta final de su controversial administración. Con una reforma al artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Fox logró que las partidas a que se refiere el artículo 75, fracción IV de la Constitución Política, que se incluyan en el Presupuesto de Egresos, únicamente pudieran destinarse a gastos de seguridad nacional y que permanecieran sujetas a la fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La información utilizada, así como la derivada de sus resultados, tendrá el carácter de reservada y confidencial.
Fue la diputada Susana Monreal quién aseguró que al definir como clasificada y reservada la información sobre el destino de ese gasto, “no será posible conocer y evaluar el buen uso de estos recursos; ni siquiera los diputados tendrán acceso a esa información”.
No obstante, de acuerdo con información del reportero de La Jornada, Enrique Méndez, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009, la Cámara decidió incluir un párrafo para acotar la discrecionalidad en el gasto y resaltó: “Para el presente ejercicio fiscal no se incluyen recursos para el Programa Erogaciones Contingentes, correspondiente a la partida secreta a la que se refiere el artículo 74 fracción IV párrafo cuarto de la Constitución”.
Actualmente, dicha disposición asienta lo siguiente: “No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República”.
Así, el presidente Felipe Calderón sigue teniendo la posibilidad de ejercer un gasto discrecional a pesar de que hace una década, se dice, desapareció la partida secreta, al menos sí con su cínica operación desde Los Pinos. La legisladora Monreal presentó una iniciativa para modificar este poder discrecional del presidente de la República sobre fondos públicos, pero permanece en la congeladora.
En su momento, Carlos Salinas buscó blindarse al presentar una denuncia de hechos ante la PGR por la entrega “selectiva y dolosamente” a la prensa de documentos confidenciales de investigaciones penales, como fue la información sobre el destino de los fondos de la partida secreta del erario federal. En aquella ocasión los abogados de Salinas presentaron, por instrucciones del expresidente, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los servidores públicos que hubieran participado en ese supuesto hecho ilícito.
En un documento de 100 cuartillas con fecha del 15 de mayo de 2001, los abogados de Salinas tomaron como referencia información publicada en los diarios El Universal y Reforma, así como en la revista Proceso, en donde investigaciones periodísticas daban cuenta del dinero utilizado de la partida secreta para depositarlo en la cuenta 6300-0005 de Banco Mexicano a nombre de los hermanos Francisco y Araceli Vázquez Alanís, ambos exfuncionarios de Los Pinos y que manejaron dichos fondos cuando Carlos Salinas fue presidente de la República. Se dijo entonces que Salinas era víctima de un juicio paralelo ante la opinión pública.
La equivocación de Téllez fue repetir, en una conversación privada, una sentencia que las autoridades responsables tuvieron que haber emitido hace varios años sobre un expediente que quedó inconcluso a raíz de las presiones políticas y económicas del exmandatario. La renuncia entonces de la exprocuradora María de la Luz Lima Malvido, luego de que se dio a conocer un video cuando fue entrevistada por el Centro de Control de Confianza de la PGR, en donde reconoce haber cometido algunos delitos de juventud, o sus estrechos vínculos con grupos de ultraderecha, se convirtió en el pretexto ideal para cerrar la investigación que el general Rafael Macedo de la Concha encabezó hasta que los resultados comenzaron a mostrarse demasiado incómodos.
En derecho, aquel que denuncia tiene consigo la carga de la prueba. Por eso Luis Téllez, sin proponérselo, trajo de nueva cuenta el caso a la discusión pública. El funcionario del gobierno calderonista, antiguo priista y exfuncionario del gobierno de Salinas de Gortari, reconoce la conversación pero asegura que no cuenta con pruebas para sostener su dicho: “Carlos Salinas de Gortari robó la mitad de la partida secreta”. Unos 500 millones de dólares cuyo destino sigue en el aire.
Por tratarse de una conversación privada que, por lo tanto, pertenece a ese ámbito, Téllez se encuentra a salvo de cualquier escrutinio o responsabilidad. Queda allí, sin embargo, la duda en la opinión pública y la confirmación de que en el sector público los funcionarios callan ante los hechos y que las instancias dedicadas a la impartición de justicia también lo hacen.
Antes de que la PGR con Rafael Macedo de la Concha iniciara cualquier investigación sobre el uso de la partida secreta, en la que estuvo involucrado por obvias razones Raúl Salinas de Gortari, en esta columna de Oficio de Papel se dio a conocer los primeros indicios sobre el despilfarro y corrupción que se ejercía desde la residencial oficial de Los Pinos y que pasó por negocios vinculados con esa familia.
A finales de la década de los noventa escribí en Oficio de Papel que en el uso indebido de la partida secreta había argumentos legales que hacían presumir que los hermanos Salinas saldrían limpios en tribunales por el delito de peculado que intentó fincarles la PGR. La tesis del entonces procurador Macedo de la Concha era que sí había delito, porque ese dinero manejado desde Los Pinos debió destinarse para actos de gobierno y no para enriquecer a la familia presidencial.
Fue por ello que hacia finales de la administración foxista, se extraditó de Estados Unidos (10 de agosto 2005) al excuñado de Raúl Salinas, Juan Manuel Pasalagua Branch, máximo operador de la corrupción en Conasupo en el sexenio salinista, bajo acusaciones de evasión fiscal. En agosto de 2005, un juez giró orden de aprehensión en contra del excontador de Raúl Salinas, Juan Manuel Gómez Gutiérrez, nombre que también fue utilizado como seudónimo por el “hermano incómodo” para abrir cuentas bancarias en el extranjero.
Sin embargo, aunque a Pasalagua Branch no se le acusó de los negocios sucios que hizo en Conasupo bajo las órdenes de Raúl Salinas, sino por defraudación fiscal, en el expediente en contra del contador Gómez Gutiérrez están relacionados directamente los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari por el uso indiscriminado e ilegal que hicieron de la partida secreta manejada desde Los Pinos y mediante la cual se desviaron miles de millones de pesos del presupuesto público en los seis años del gobierno salinista.
La PGR intentó demostrar que el contador Gómez Gutiérrez era presumiblemente responsable de la comisión del delito de peculado; es decir, desvío de fondos públicos de la partida secreta. Bajo la causa penal número 54/2002 se señaló que Gómez Gutiérrez atendió y manejó directamente las operaciones en las cuentas bancarias a nombre de un alias del hermano del expresidente.
De acuerdo con el expediente, en dichas cuentas fueron depositados “recursos públicos que se distrajeron de su objeto y que debían ser aplicados en bienes y servicios de interés general para el país, correspondientes a la denominada partida secreta, dentro de los ejercicios de 1988 a 1994”, es decir, durante todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Luego de analizar la información proporcionada por la PGR, el juez decimosegundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal le dictó auto de formal prisión al contador el 31 de agosto, tan sólo seis días después de que el propio Gómez Gutiérrez se presentara a declarar de manera voluntaria ante dicho juzgado con sede en el Reclusorio Oriente.
Pero lo más extraño de este caso de la partida secreta, es que ni el expresidente Carlos Salinas ni su hermano Raúl fueron acusados penalmente por el delito de peculado, aun cuando ellos son los principales responsables del manejo irregular de dichos fondos públicos.
Las preguntas sin respuesta oficial quedarán en la historia ¿por qué la PGR acusó sólo a Gómez Gutiérrez y exoneró a Raúl Salinas, cuando éste era quien le daba instrucciones a su contador del movimiento de las cuentas bancarias? ¿Si hubo algún delito de peculado con el manejo de la partida secreta, por qué no tiene responsabilidad el expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando éste era el responsable del uso de ese dinero público?
Juan Manuel Gómez Gutiérrez debió haber sido procesado por colaborar en el enriquecimiento ilícito de Raúl, lo que entre otras cosas hubiera demostrado que la PGR sí contaba con pruebas suficientes para juzgar a los hermanos Carlos y Raúl Salinas, pero en lugar de hacerlo guardó celosamente el expediente en espera de que la próxima administración federal decida qué hacer con éste o que la indiscreción de algún funcionario reviviera un asunto tan ominoso para el país.
Hasta ahora, nadie ha aclarado a cuánto ascendió la comisión pagada a este excontador, lo único que se sabe con relativa certeza es que la fortuna descubierta a Raúl en cuentas bancarias aseguradas en el extranjero supera los 100 millones de dólares.
Lo más paradójico no es que Carlos Salinas siga sin enfrentar un juicio por peculado, sino que ahora la PGR tendría que responder por las acusaciones hechas por Juan Manuel Pasalagua, quien el pasado 30 de enero recibió la noticia de que un tribunal unitario cerró en definitiva el litigio que iniciaron en su contra hace tres años y cinco meses la SHCP y la PGR.
El segundo tribunal unitario emitió una sentencia absolutoria que le garantiza la total libertad a Pasalagua Branch, quien fue detenido el 11 de agosto de 2005 en Estados Unidos, y deportado ese mismo día. A Pasalagua Branch se le acusaba de una defraudación fiscal de por al menos 2.4 millones de pesos. Sin embargo, al final del proceso, que por cierto parece haber olvidado la partida secreta, se determinó que el acusado era inocente por el simple hecho de que su declaración de impuestos con la que se pudo haber demostrado la supuesta defraudación data de hace más de cinco años. Esos documentos, por mandato de Ley debieron haber sido destruidos por la SHCP.
Ahora Pasalagua iniciaría un litigio contra la PGR, la SHCP y la Procuraduría Fiscal de la Federación para exigir la reparación del daño moral y económico que le ocasionó enfrentar un proceso penal sin pruebas contundentes.
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