Morelos: ¿dignidad o indignidad?
Arnoldo KrausCuernavaca ha dejado de ser La ciudad de la eterna primavera. Colonizada por los defeños expulsados de la otrora región más transparente e invadida por los cada vez más numerosos y más pobres morelenses o vecinos del estado, en Cuernavaca el aroma y la luz de la primavera han quedado en el olvido. Quizás por eso el gobierno estatal ha publicado sendos manuscritos en el Diario Oficial Tierra y Libertad. El cabildo capitalino de Morelos impone, desde enero de 2009, arresto y multa a las personas que ejerzan sus labores en la calle. No importan las razones por las cuales trabajan en la vía pública ni que ésa sea su única forma de sobrevivir.
“Vender chicles –copio de La Jornada del 28 de enero–, periódicos, dulces o cualquier otra mercancía en la vía pública; limpiar parabrisas, pedir limosna o hacer malabares serán faltas administrativas sancionadas con arresto de hasta 36 horas y multa.” El bando policial deberá ser vigilado y cumplido por algunas de las secretarías municipales de seguridad. El leitmotiv de la nueva reglamentación, de acuerdo con el ideario del secretario municipal Carlo de Fernex Labardini es que diminuya la inseguridad en la vía pública, así como evitar la extorsión y el abuso de los franeleros y otras personas que se han apropiado de las calles.
En contra del nuevo bando policial morelense, considero que la población que tenga interés por los productos que se venden en todos los semáforos de la República Mexicana debería comprarlos, para impedir que nuestros semaforistas, no sólo no se mueran de hambre, sino para evitar que roben o maten por desesperación. En países como el nuestro es ético y quizás obligatorio comprar en la calle. Si a la autoridad le preocupa que los semaforistas no paguen impuestos más se debería intranquilizar por los políticos o empresarios que conocen todos los artilugios para evadir sus responsabilidades fiscales.
Aunque es obvio, no sobra recordar que los semaforistas (entrada del Diccionario de las Infamias, de próxima publicación) no son producto de la serendipia ni de la flojera; son resultado de la irresponsabilidad del gobierno mexicano para generar empleos dignos en lugar de fomentar la indignidad de laborar en las calles o de migrar hacia el Norte para alimentar a sus familiares.
Aunque no tengo acceso al texto completo del Diario Oficial Tierra y Libertad, estoy seguro que nada se dice acerca de las obligaciones del gobierno de Morelos hacia sus conciudadanos. El bando debería contener ofertas para dignificar las vidas de las probables víctimas que laboran en las calles y no sólo subrayar los castigos a los que serán sujetos de contrariar la nueva ley. Además, en caso de detención, y suponiendo que no se violentarán los derechos humanos de las personas arrestadas, muchos de ellos seguramente se convertirían en reincidentes consuetudinarios en caso de que se les alimente tres veces por día y se les ofrezca cama y techo. Menudo problema aguarda al gobierno de Morelos: alimentar y tratar dignamente a los morelenses apresados.
En aras de la transparencia concuerdo en que es molesta la actitud de los franeleros y que las personas que viven alrededor de los semáforos pueden entorpecer la circulación. En aras de la misma transparencia estoy seguro de que si no se ganasen la vida de esa forma no podrían sobrevivir.
Al gobierno morelense le parece (y es) obvio que las personas que trabajan en las calles lo hacen en condiciones indignas y que la explotación de menores y discapacitados es frecuente. Lo que no queda claro es esa tozudez mexicana (definida por un gen por descubrir, el gen azteca) de negar lo evidente: el darwinismo social que se vive en Morelos y en el resto de la República es responsabilidad de quienes han dirigido y dirigen la nación.
El bando de policía y buen gobierno morelense es un inmenso dislate. Antes de haberlo promulgado deberían haber disecado las vidas de los posibles infractores, que antes que infractores son sus ciudadanos. La justicia, se sabe, no se ejerce en el papel. Se ejerce en las calles.
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