Economía Moral, Julio Boltvinik

■ 2006: las actas dicen: no hay ganador, debió anularse la elección

■ J. A. Crespo muestra que Calderón no es presidente legítimo

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Fraude es, según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”. Si algo hace el nuevo libro de José Antonio Crespo (JAC): 2006: hablan las actas es mostrar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Federal Electoral (IFE) actuaron, durante la elección de 2006, de manera contraria a la verdad y a la rectitud en perjuicio de los 15 millones de mexicanos que votamos por AMLO. Sin embargo, apenas salió el libro los periodistas que atacan todo el tiempo a AMLO y al PRD exclamaron gozosos que JAC demostraba que eso del fraude en 2006 era un mito y se apoyan en dos textos, sacados de contexto:

“… el estudio estadístico de tales errores [aritméticos, en 63 por ciento de las casillas] no permite arrojar la conclusión de que se trató de un fraude orquestado… pues las inconsistencias están equitativamente distribuidas entre las casillas que ganaron FCH y AMLO” (p. 167)… “el ‘mito del magno-fraude electoral’ sostenido por los obradoristas (sic) no puede ser inferido del contenido de las actas”… (p.171)

Pues bien, la segunda frase va precedida de la afirmación: “En este sentido se puede hablar de dos mitos, no sólo de uno” y se complementa con la especificación del segundo: “El ‘triunfo inobjetable e inequívoco de Calderón’ se convierte también, a la luz de lo que dicen las actas, en otro mito” (p.171). El párrafo que precede a esta frase da título al libro:

“…al ‘preguntar’ a las actas electorales ¿quién ganó?, éstas no respondieron que triunfó FCH. Tampoco responden que ganó AMLO. Lo que afirman es “lógica y aritméticamente no es posible saber quién ganó” (p.171).

JAC argumenta con fuerza a lo largo de la obra (mostrando los errores e inconsistencias del TEPJF) que, puesto que no sabemos quién ganó, la elección debió ser anulada. No lo dice, pero el corolario ineludible es que FCH no debería vivir en Los Pinos, que es un presidente ilegítimo. JAC trata de ser muy cauto. La contraportada del libro lo anuncia como “uno de los primeros con objetividad e imparcialidad” sobre el tema. El autor sabe muy bien que las actas (lo único que analiza) son sólo uno de los elementos que hay que estudiar. Por eso añade sobre el supuesto fraude que “eso quizá podrían decirlo los paquetes electorales, si es que su contenido no corresponde a lo que registran las actas, como muchos temen”. No se explica que siendo tan cauto, tan objetivo e imparcial, se haya equivocado al descalificar la posible existencia de fraude al calificarlo de mito, con base en un análisis tan parcial.

El argumento de que no hubo fraude orquestado porque las casillas con inconsistencias aritméticas se distribuyen equitativamente entre casillas que ganaron AMLO y FCH es ingenuo. Como bien demuestra en el texto, la elección presidencial no se define por el número de casillas ganadas, sino por el número de votos. Por ello, restarle 10 o 100 votos a AMLO (o sumarle 10 o 100 a Calderón) en una casilla en la que de todos modos gana AMLO, contribuye a reducir su suma de votos (o a aumentar el de FCH) y, por tanto, al fraude. Es decir, se puede hace fraude a favor de FCH también en casillas que gana AMLO.

Veamos cómo mucho de lo que dice JAC prueba que en la elección presidencial del 2006 hubo “acción contraria a la verdad y a la rectitud”, es decir, fraude. En diferentes partes de las conclusiones JAC dice: 1) “Una elección que arroja un resultado muy cerrado requiere ser absolutamente pulcra, transparente, equitativa e imparcial para que el resultado goce de certeza y resulte creíble para la gran mayoría”. 2) El TEPJF interpretó en su primera sentencia (5 de agosto) que el IFE debió haber abierto y recontado de oficio –es decir, aunque nadie lo solicitara– todos los paquetes electorales con alguna inconsistencia aritmética. 3) El IFE abrió (en el cómputo distrital) sólo 3.5 por ciento de los paquetes inconsistentes, como resultado de una orden dada desde las oficinas centrales del IFE [y habría que añadir, de la alianza de casi todos los partidos contra la CBT durante el conteo distrital]. 4) Al señalar esa omisión del IFE, el TEPJF, en aras de la transparencia y la certeza, pudo subsanarla, pero sólo ordenó el recuento de 15 por ciento, poco representativo, de las casillas con actas inconsistentes. 5) Las decisiones del IFE y del TEPJF se aproximaron más a la “estrategia” del PAN de no abrir los paquetes que a la de la CBT (sí abrirlos). Lo que las autoridades electorales debían haber hecho no era favorecer una estrategia o la otra, sino aplicar puntualmente lo estipulado por la ley. Sin embargo, 82 por ciento de los paquetes que por ley debían ser abiertos y recontados quedaron sin ser revisados ni por el IFE ni por el TEPJF. 6) En su dictamen final, el TEPJF señaló que la mayoría de las inconsistencias aritméticas quedaban justificadas por error de emisión (colocar el voto en una urna errónea) o por la tesis que los votantes se llevaron la boleta a sus casas y que, por tanto, el número de votos irregulares no justificados no opacaban la certeza del veredicto, que daba por ganador a FCH. Sin embargo, ninguna de esas conclusiones se deriva del análisis de las actas, pues los votos irregulares injustificables en los 300 distritos son 633 mil, que casi triplican la diferencia de votos a favor de FCH (234 mil). 7) Ante la incertidumbre prevaleciente, lo lógico [más que eso lo apegado a la verdad y a la rectitud] hubiera sido declarar nula la elección con base en la causal de nulidad abstracta. 8) Pero los magistrados determinaron que las irregularidades detectadas no habían sido determinantes en el resultado. En otras palabras, “la verdad aritmética contenida en las actas electorales difiere en este punto de la “verdad jurídica” determinada por el TEPJF en su dictamen final, lo cual pone en duda la credibilidad de éste.

Lo anterior hace evidente que JAC demuestra cabalmente que las acciones del IFE y del TEPJF fueron contrarias a la verdad y a la rectitud y que perjudicaron a AMLO y a sus seguidores y que, por tanto, pueden ser calificadas correctamente de fraude (aunque él diga lo contrario).

Nota: las irregularidades señaladas en las actuaciones del IFE y el TEPJF fueron cometidas después de las elecciones para proteger -a cualquier costo- el exiguo 0.56% que habían logrado para Calderón a través de todas las trapacerías que se han señalado hasta el cansancio: la intervención y campaña de Fox contra AMLO, la propaganda negra de la iglesia, el activismo de los sectores más conservadores de la sociedad y de la política, las televisoras en especial pero los medios de comunicación en lo general, el CCE y otros organismos patronales que buscaban incidir en la voluntad de los trabajadores, el apoyo financiero legal e ilegal de empresas privilegiadas por el sistema que deseaban (algunas ya cobraron el favor, otras están en espera) seguir medrando a costa del engaño y marginación de millones de mexicanos, y un largo etcétera. Lo que registran las actas es resultado de todas estas inequidades e iniquidades aunado a lo que pudieron hacer el mismo día de la elección las mapacherías panistas y de la Gordillo y sus huestes magisteriales. Si con todas las trampas señaladas (más el aspecto del padrón hildebrándico y su adulteración cibernética) ¡sólo pudieron lograr un miserable medio punto porcentual!, claro que no podían ponerlo en riesgo las insituciones electorales al servicio de la clase en el poder, las cuales respondieron tal y como lo dispusieron sus amos. En unas elecciones limpias, (¿será posible que las haya?) lo panistas hubieran perdido de calle, estrepitosa e inobjetablemente. De hecho perdieron, pero tuvieron la capacidad de esconder, tergiversar y cambiar los resultados, gracias a la protección y ayuda de sus amigos.