Tras la presentación del informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sobre los trágicos e indignantes acontecimientos en la discoteca News Divine –donde murieron 12 personas, tres de ellas menores de edad–, el jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, anunció la renuncia de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Joel Ortega Cuevas, y de la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), Rodolfo Félix Cárdenas, los dos funcionarios que, junto con el delegado de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil –quien pidió licencia el pasado 25 de junio–, comparten, a decir del ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, una “responsabilidad ética ineludible” en los sucesos.
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Las dimisiones de ayer, a más de dos semanas de que ocurrieron los lamentables sucesos en esa discoteca al norte de la capital, ponen de manifiesto una cadena de vicios, omisiones y descontroles previa a los hechos, así como un pésimo manejo del caso una vez ocurridos éstos. La contundencia de los señalamientos en el informe presentado por la CDHDF deja ver que la espera no tuvo razón de ser y que la renuncia de ambos funcionarios debió darse desde el primer momento, pues la permanencia de ambos en sus respectivos cargos era insostenible: con ello, no sólo se habría acatado el clamor ciudadano de justicia, sino que el GDF y su titular habrían evitado ser objeto de una campaña de linchamiento que obedeció, más que a un genuino sentido de justicia, a un execrable oportunismo político. Por añadidura, si la dimisión de Ortega Cuevas hubiese sido aceptada desde que se presentó –al día siguiente de la tragedia, según informó el propio Marcelo Ebrard– se habría evitado el escarnio contra el ahora ex titular de la SSP, quien antes de los sucesos de la News Divine era reconocido como uno de los mejores jefes que ha tenido la policía capitalina.
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Más allá de las conclusiones presentadas ayer por Álvarez Icaza, no puede ni debe eludirse el desaseo y la descoordinación que exhibieron tanto la PGJDF como la SSP-DF –organismos integrantes del programa Unipol– durante las investigaciones sobre el caso, y que se vieron reflejados en un manejo deficiente y sesgado de la información, que lastra las posibilidades de esclarecimiento demandadas por la ciudadanía. Por añadidura, las pesquisas se llevaron a cabo entre deplorables jaloneos y encontronazos entre ambas dependencias encargadas de servir y proteger a la sociedad, las cuales, en este caso, exhibieron las rivalidades proverbiales que caracterizan, desde hace mucho, la relación entre ellas.
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Por lo demás, lo dicho en el informe de la CDHDF es una confirmación de la tendencia a criminalizar a la juventud –particularmente, a los jóvenes pobres– por parte de las corporaciones policiales, y no únicamente las capitalinas. El fenómeno, al margen de que ahora se pretenda señalarlo de manera oportunista y demagógica para lanzar ataques facciosos contra el GDF, es parte de un patrón general en el que incurren las instituciones de seguridad pública en todo el territorio nacional: existe una criminalización de la sociedad en su conjunto en todo el país, como lo ponen de manifiesto los operativos represivos de las postrimerías del foxismo en Sicartsa, Texcoco-Atenco y Oaxaca, los despliegues militares ordenados por la actual administración federal en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” –que han derivado en graves violaciones a las garantías individuales y en muchas más muertes de inocentes que las ocurridas en el antro de la colonia Nueva Atzacoalco– y la impunidad de que gozan los autores intelectuales y materiales y los responsables políticos de esas atrocidades.
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En suma, la tragedia en la News Divine ha puesto al descubierto un rosario de vicios e inercias inaceptables –y particularmente exasperantes cuando proceden de un gobierno emanado de un partido que se reclama de izquierda–, que deben ser erradicados tanto en el Distrito Federal como en el resto del país. Para ello no serán suficientes las remociones anunciadas ayer; el GDF tiene, además, la obligación de avanzar hacia una efectiva restructuración en ambas dependencias y de reducar a los mandos y a los efectivos de seguridad pública y de procuración de justicia para que superen la mentalidad de la redada, que considera sospechosos por principio a los jóvenes y a las personas de escasos recursos. Por lo demás, tanto en el ámbito federal como en el local, las autoridades deben entender que los cuerpos de seguridad tienen como función principal preservar la vida y el bienestar de los individuos, no maltratarlos, atropellarlos ni propiciar, así sea por descuido o descoordinación, su muerte.
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