viernes, junio 05, 2009



04 de junio de 2009

Comunicado No. 0609/018BP

Legalidad y Estado de Derecho: también usurpados


Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), organización de la sociedad civil sin fines de lucro que desde 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos, por este conducto manifestamos nuestra total reprobación a las anticonstitucionales acciones realizadas recientemente en Michoacán y en Nuevo León por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Procuraduría General de la República y del Ejército Mexicano.

Las detenciones de alcaldes, policías y otros funcionarios de seguridad pública de las mencionadas entidades federativas constituyen violaciones a su soberanía, así como a las garantías de seguridad jurídica previstas en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución y en diversos tratados internacionales de aplicación obligatoria para México.

Apoderarse de los derechos que legítimamente pertenecen a otros constituye una usurpación, especialmente grave cuando se hace uso de la violencia, como en estos casos, ya que las autoridades federales no ciñeron su actuar a los mandatos Constitucionales: no respetaron el debido proceso, incurrieron en detenciones ilegales y arbitrarias al convertir las órdenes de presentación en detenciones, no respetaron los convenios de coordinación pactados con las entidades federativas en materia de seguridad pública, contaron con la prohibida participación de fuerzas del ejército e hicieron uso del arraigo considerado violatorio de derechos humanos por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas.

Condenamos enérgicamente los actos de tortura y otros malos tratos efectuados en perjuicio de algunos de los detenidos, reportados a nuestra organización. La tortura está absolutamente prohibida en cualquier circunstancia y su aplicación produce siempre impunidad e injusticia. No es válido aplicar las viciadas prácticas de investigación que comúnmente utilizan los elementos policíacos en perjuicio de la ciudadanía; su uso es reprobable en todos los casos. Exigimos a las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos su intervención urgente y transparente para documentar de forma eficaz el uso de tortura en estos operativos federales.

Las acciones del gobierno federal son un grave rompimiento del Estado de Derecho, lo cual, en el entorno electoral y lleno de confusión que se vive en el país, sólo ha dado lugar a un gran espectáculo mediático y coyuntural que impactará indebidamente el ejercicio democrático en las próximas elecciones y que repercute negativamente en la situación de derechos humanos en el país.

Exhortamos a todos los distintos actores de sociedad a manifestarse pacíficamente en contra de los mencionados hechos, reprobando el actuar de las autoridades federales y exigiendo el respeto de la Constitución y el federalismo y los derechos humanos.

Fraternalmente,

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS

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