Criminalización de radios comunitarias

Criminalización de radios comunitarias
Miguel Concha/II
La Jornada, 27 de junio de 2009.

El 28 de marzo escribí que la situación actual de las radios comunitarias en México pone en evidencia que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones de respetar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en el país, ni de garantizar el derecho a la información de las comunidades indígenas y los sectores sociales más deprimidos.

La clausura violenta de radios comunitarias, con la utilización de elementos de la Policía Federal y la interposición abusiva de denuncias penales por parte de la Secretaría de Gobernación, es muestra de una política aún más represiva por parte del gobierno en contra de las emisoras comunitarias.

Pues bien, los hechos más recientes demuestran que esa política continúa. Apenas la semana pasada el juez quinto de distrito de lo penal, con sede en Nuevo León, giró una orden de aprehensión en contra de Héctor Camero, integrante de la radio comunitaria Tierra y Libertad en ese estado. Y también la semana pasada la señora Rosa Cruz, de la radio Uékakua en Michoacán, fue citada a comparecer como indiciada por un delito que alcanza hasta 12 años de prisión.

Rosa es una mujer purépecha, artesana, que apenas habla el español, y ha dedicado gran parte de su vida a prestar una labor social en la radio de su comunidad. En el caso de la radio Uékakua no sólo se ha iniciado un procedimiento penal en contra de la señora Rosa, sino que en el momento del cierre de esta emisora de 5 vatios, de la comunidad de Ocumicho, Michoacán, el 29 de enero pasado, los más de 100 elementos policiacos amedrentaron a niños, amenazaron a mujeres con golpearlas, le taparon la boca y le lastimaron la mano a una niña, y una señora fue arrastrada violentamente fuera de la radio.

Hoy la señora Rosa se encuentra ante la obligación de comparecer como indiciada ante el Ministerio Público de la Federación. La persecución penal en contra de las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en comunidades en situación de vulnerabilidad constituye de hecho una vía excesiva, desproporcionada e innecesaria, sobre todo cuando han demostrado su voluntad de legalidad, y es la misma autoridad la que ha fallado en dar respuesta a sus solicitudes de permiso. Las radios Uékakua y Tierra y Libertad han buscado estar dentro del marco de la legalidad, y a tal efecto han procurado operar con autorización. Sin embargo, las respuestas por parte del Estado mexicano han sido omisas en proporcionarles las vías para operar dentro del marco legal.

La persistencia de las autoridades en la utilización de la legislación penal, en lugar de la administrativa, suficiente para recuperar las frecuencias, y más conforme con los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos en esta materia, constituye la continuidad de una política persecutoria y de criminalización en contra de las radios comunitarias, en casos además en contra de personas en situación de vulnerabilidad, por su situación de pobreza y dificultades para hablar en español.

Criminalización de radios comunitarias

Miguel Concha/I

La Jornada, 28 de marzo de 2009

La situación que las radios comunitarias están viviendo actualmente en México pone en evidencia que el Estado no cumple con sus obligaciones de respetar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en el país.

Los cierres de radios comunitarias con el apoyo de más de 100 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), y la interposición de denuncias penales por parte de la Secretaría de Gobernación (SG), constituyen el inicio de una política aún más represiva por parte del gobierno mexicano en contra de las emisoras comunitarias. Tenemos por lo menos conocimiento de tres casos de radios comunitarias que han sido cerradas aplicando un uso desmedido de la fuerza pública, entre junio del año pasado y lo que va de este año. Ellas son la radio Ñomndaa, la palabra del agua, en la comunidad de Xochistlahuaca, Guerrero; la emisora Tierra y Libertad, en Monterrey, y en enero de este año la radio purépecha Uékakua en Michoacán.

De acuerdo con los testimonios de integrantes de la radio, en esta última más de 100 elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) acudieron a cerrar la emisora, amagando a dos jóvenes mujeres y amenazando a una menor de edad con ser golpeada. En el caso de la radio Tierra y Libertad, uno de sus integrantes enfrenta hoy una acusación penal interpuesta por la SG, con el riesgo de ser detenido. Cabe resaltar que esta radio surgió como parte de un proyecto de una organización que lleva trabajando más de 30 años en labores relativas a la defensa y promoción de los derechos humanos en una zona marginal de Monterrey.

Desde hace tiempo los integrantes de la emisora han solicitado permiso para transmitir, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta por parte de las autoridades competentes. La utilización, por tanto, de la vía penal, en lugar de la vía administrativa que marca la ley especial en la materia, representa una criminalización de las radios comunitarias por parte del gobierno mexicano, pues ahora se privilegia para perseguir a integrantes de la emisora, mermando con ello su derecho a la libertad de expresión y poniendo en riesgo su libertad personal.

La voluntad del Estado por evitar que radios comunitarias como Tierra y Libertad ejerzan su derecho a la libertad de expresión se demuestra con la conducta omisa y discrecional que las autoridades han asumido respecto de la solicitud de permiso que las radios han hecho. Cabe recordar lo que han establecido organismos internacionales de derechos humanos en este sentido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los estados deben abstenerse de emplear medios indirectos, como dar trámites a causas penales, para coartar el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, están obligados a emplear medios razonables, proporcionales y necesarios para analizar la legalidad en el ejercicio de esta prerrogativa ciudadana.

Los estados deben privilegiar el empleo de medidas no penales, sobre todo cuando las comunidades que están involucradas en la operación de radiodifusoras tienen fines sociales. Además, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó legislar en materia de radiodifusión comunitaria y reservar parte del espectro radioeléctrico, propiedad de la nación, para ellas. Igualmente, en el reciente Examen Periódico Universal de México frente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el gobierno, representado por el secretario de Gobernación, estuvo de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Federación Rusa y los Países Bajos, en el sentido de llevar a cabo reformas jurídicas para garantizar la apertura y la transparencia de los medios de comunicación en el país, y revisar la legislación de radio, televisión y medios de comunicación, y el seguimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para un nuevo marco jurídico que permita la diversidad en los medios de comunicación.

El Estado mexicano ha establecido en el Programa Nacional de Derechos Humanos (2008-2012), como una de las líneas de acción: Promover el reconocimiento jurídico de la radiodifusión comunitaria, así como facilitar su operación y desarrollo a través de los reglamentos y demás normas administrativas. En la actualidad, el Estado mexicano no sólo no ha cumplido con estas recomendaciones, sino que ha endurecido sus políticas, criminalizando a las comunidades que intentan ejercer su derecho a la libertad de expresión al usar el medio que resulta más accesible para la gente hasta ahora: la radio. Con ello, el gobierno mexicano está retrocediendo en lo que parcialmente y con muchas dificultades ya se había avanzado en 2004 y 2006, con el otorgamiento de 11 permisos para la operación de radios comunitarias en el país. No sólo no ha cumplido con las recomendaciones en materia de libertad de expresión, a fin de establecer las condiciones para que las radios comunitarias puedan existir y subsistir dignamente, sino que está utilizando medios excesivos para su persecución y criminalización.

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