Consulta sobre el petróleo

Miguel Ángel Granados Chapa.

El Norte, 21 de julio de 2008.

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La anulación de las elecciones para decidir quién encabezaría el PRD, después de cuatro meses, será un factor adverso a la realización de la consulta pública sobre la reforma petrolera iniciada en abril por el Presidente Calderón. Aunque ese partido no es el único organizador de la auscultación ciudadana del próximo domingo, el modo y el desenlace de su proceso electoral no alentará a la participación de personas ajenas a esa organización, por desconfianza en la calidad de ese ejercicio cívico.

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Por eso los organizadores buscaron que la consulta fuera confiable, pidiendo y obteniendo colaboración de instituciones ajenas a sus propósitos políticos. Surgida de una propuesta de Andrés Manuel López Obrador en su carácter de cabeza del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la consulta tiene un inequívoco e innegable sesgo de origen, que sus organizadores no ocultan. Se trata de evidenciar el rechazo de un importante sector de la sociedad a los aspectos medulares de la reforma enviada de Los Pinos, y es la culminación del propósito de frustrar su aprobación festinada en el Congreso. Era también inequívoca e innegable la intención presidencial de hacer pasar sus iniciativas durante abril, el último mes del periodo de sesiones ordinarias. El movimiento de López Obrador y su representación parlamentaria lo impidieron primero mediante la toma de la tribuna senatorial que condujo al foro de discusión en esa Cámara (que esta semana llega a su fin), y apelando después a la participación directa de la gente con un mecanismo que permita conocer su opinión.
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La consulta se formalizó en el Distrito Federal a través del gobierno, que ha puesto en ejercicio recursos públicos en el entendido de que una de sus funciones consiste en otorgar voz a los ciudadanos en materias que conciernen a la sociedad aunque no se restrinjan a la capital de la República. La consulta no pretende generar efectos legales (no es vinculatoria) pero reforzará en las Cámaras la posición de quienes rechazan las iniciativas presidenciales, cuando sean dictaminadas y discutidas en el periodo de sesiones ordinarias (momento también generado por la movilización social y legislativa, que frustró el diseño panista de aprobar la reforma en sesiones extraordinarias antes de septiembre).
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El Gobierno capitalino solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Universidad Autónoma Metropolitana y al Instituto Politécnico Nacional su participación en el ejercicio cívico. Los rectores y el director de esas instituciones accedieron a hacerlo y autorizaron a expertos de su plantel académico a formular las preguntas a que responderán los ciudadanos el próximo domingo. Lo hicieron en acuerdo con el Instituto Electoral del Distrito Federal que, en una decisión polémica pero no ilegal (como lo prueba la posición del Tribunal electoral correspondiente, que se abstuvo de juzgar esa participación) será parte activa en la organización de la consulta.
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Se pedirá a los interesados que contesten sí o no a dos planteamientos:

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"Actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del gobierno. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo que en esas actividades puedan ahora participar empresas privadas?"

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Y:

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"¿En general está usted de acuerdo o no está de acuerdo con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión?".
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La formulación de las preguntas ha sido debatida porque a juicio de sus críticos inducen la respuesta negativa, que es la posición de los organizadores. Se considera, además, que la información implícita en las interrogantes no corresponde por entero a la verdad pues, por ejemplo, el transporte y distribución de gasolinas es realizado ya por particulares (pero las iniciativas de reforma y por lo tanto las preguntas de la consulta se refieren al petróleo, no a sus derivados). Por otra parte, es condición inherente a los ejercicios de democracia directa la simplificación: los países de lo que es hoy la Unión Europea que a lo largo de medio siglo aprobaron mediante referenda los pasos hacia la integración cada vez más estrecha propusieron a sus ciudadanos la síntesis de los tratados y la Constitución Europea, documentos muy complejos respecto de los cuales se pide una posición general, sin posibilidad de distinguir en la respuesta qué porciones orillan al asentimiento y cuáles no.
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El Gobierno y su partido han pasado por etapas diferentes ante la consulta. La Secretaría de Gobernación llegó al extremo de declararla expresamente ilegal y a sugerir consecuencias derivadas de ese carácter. Luego se emprendió una costosa campaña para privilegiar ante los ciudadanos las ventajas de la reforma petrolera, basada en el tipo de verdades a medias que se critica en la promoción de la consulta. Pemex dice, por ejemplo, que es preferible que se produzca en México la gasolina que ahora se importa, afirmación en la que todo el mundo está de acuerdo hasta que se precisa cómo se emprendería aquí tal producción.
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Finalmente, el PAN capitalino ha resuelto participar orientando a sus militantes y a los ciudadanos en general a votar afirmativamente las preguntas de la consulta, frente al no que enarbolarán los inspiradores y organizadores de la misma. El reto que éstos enfrentan no es que su posición sea derrotada, sino convocar a una porción significativa de la sociedad capitalina.