| Una de apoyo |
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Sergio Aguayo Quezada. Profesor de El Colegio de México. Nivel III del SNI. Posgrados de la Universidad Johns Hopkins. Autor de docenas de libros y artículos académicos. Presidente de Fundar, Centro Pionero en Investigación Aplicada. Panelista de Primer Plano (Canal 11). Premio de Periodismo "José Pagés Llergo". Presidió la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Fue parte de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica.
El Norte, 23 Jul. 08
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La consulta sobre la reforma energética es positiva porque alienta el interés y la participación ciudadana en un tema vital para el País, porque llama la atención sobre carencias bien serias de nuestra maltratada democracia, y porque es un antídoto útil para el combate a la polarización.
La consulta que iniciará el próximo domingo 27 ha desencadenado oleadas de críticas por su origen, intención, legalidad y fraseo. Algunas de ellas se justifican, mientras que otras expresan el impulso automático de condenar todo aquello que provenga de partidos y gobiernos de izquierda o haya sido tocado por Andrés Manuel López Obrador.
La conclusión es siempre la misma: se trata de un ejercicio predecible y estéril. Reaparece, actualizada, la corrosiva polarización heredada de las pasadas elecciones presidenciales.
Pues bien, sin ser perredista y ejerciendo mi independencia me pronuncio a favor de la consulta. Daré las tres razones en las que apoyo la opinión.
La primera nace del efecto combinado de la impunidad y la desconfianza hacia lo público. Todas, absolutamente todas, las encuestas de opinión coinciden en el disgusto con el cual percibimos la política y el rechazo tan intenso que nos provocan los profesionales de ese oficio, los congresos y los partidos.
Es una actitud alimentada por el hábito de la mayor parte de los gobernantes de mantenernos fuera, como en el pasado, de los asuntos públicos, aun de aquellos que afectan nuestra vida diaria.
Demuestro lo anterior con un caso que conecta a cuatro Presidentes de la República y da un marco para entender las dudas causadas por la propuesta oficial de la reforma energética.
Cuando Carlos Salinas de Gortari era Presidente tomó la decisión de subastar, entre 1990 y 1992, a 18 bancos. Un trienio después se inició aquella terrible crisis económica y financiera durante la cual Ernesto Zedillo aprobó la venta de otros seis bancos y dio el visto bueno a la transferencia a la sociedad de la factura del llamado "rescate bancario". Todavía seguimos pagándola y este año, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, vienen 30 mil millones de pesos asignados a ese propósito. Otro costo asociado son las comisiones tan altas que pagamos a cambio de un servicio bastante malo.
Nunca se les ocurrió, ni a Salinas ni a Zedillo, consultar a la sociedad sobre la conveniencia de privatizar los bancos o "rescatar" a banqueros o empresarios. Tenían la capacidad de hacer lo que que les daba la gana porque diputados y senadores estaban para servirlos. Fue proceso impregnado de un fuerte olor a corrupción y conflictos de intereses que nunca se disipó pese que una hada madrina intentó sepultarlo envolviéndolo en un mantón de impunidad.
La Comisión de la Verdad aprobada por Vicente Fox en julio del 2001 tenía dos vertientes y una de ellas debía establecer si hubo o no irregularidades durante aquellas privatizaciones. Fox dio marcha atrás a su decisión porque, según dicen sus ex colaboradores Rubén Aguilar y Jorge Castañeda ("La diferencia"), cedió a las presiones del PRI. El hecho es que el primer gobierno de la alternancia decidió cancelar las "comisiones de la verdad, persecuciones [o] investigaciones" sobre la corrupción del pasado.
Felipe Calderón ha mantenido en alto los estandartes del olvido y la amnistía de facto. Por tanto, su propuesta de reforma energética llegó acompañada de la ácida fragancia de la añeja corrupción que impregna a Pemex, a su sindicato y a algunas empresas contratistas.
Si los gobiernos panistas se han negado a explicarnos las privatizaciones del pasado, y tampoco se castigó a ninguno de los responsables, ¿por qué debíamos creer en las buenas intenciones de Calderón cuando, además, se encaprichó en mantener como Secretario de Gobernación a quien ha incurrido en serios conflictos de interés por su papel en los contratos que Pemex ha dado a su familia?
Estos antecedentes explican las dudas que embargan a un porcentaje mayoritario de la población y que llevaron a las consultas públicas que se realizan en el Senado y a la decisión de organizar una consulta que pese a sus errores, apresuramientos y omisiones ha incrementado el número de personas interesadas en averiguar lo que está en juego con la reforma energética.
También apoyo la consulta porque ilumina una falla de nuestra democracia. La historia de la banca privatizada confirma que a la ciudadanía sólo nos queda pagar las facturas de errores pretéritos y acercarnos a las urnas una vez cada tres años. Hay pocos espacios para influir sobre los asuntos nacionales porque no existen las figuras de consulta, iniciativa o plebiscito tan comunes en las democracias consolidadas. ¿Entenderán los partidos la importancia de que legalicen los mecanismos para nuestra participación o seguirán posponiéndolo indefinidamente?
Una última razón por la cual considero positiva la consulta es que encauza la polarización por los senderos de nuestra maltrecha institucionalidad. Las elecciones del 2006 dejaron una profunda irritación en un amplio sector de la sociedad, una fracción de la cual cuestiona -con motivos bastante fundados-, la manera como funcionan las instituciones. La consulta abre una vía pacífica para opinar sobre un asunto de vital importancia y es una alternativa a la toma de calles y edificios que tanta irritación provocan.
La consulta tiene omisiones, apresuramientos y contradicciones. Es igualmente posible que sus resultados sean minimizados e ignorados por quienes van a tomar las decisiones. Si la juzgamos desde la óptica de la democracia participativa y de un asunto vital, lo positivo supera a lo negativo. Por ello es que considero a la consulta como una propuesta digna de ser atendida.
El Norte, 23 Jul. 08
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La consulta sobre la reforma energética es positiva porque alienta el interés y la participación ciudadana en un tema vital para el País, porque llama la atención sobre carencias bien serias de nuestra maltratada democracia, y porque es un antídoto útil para el combate a la polarización.
La consulta que iniciará el próximo domingo 27 ha desencadenado oleadas de críticas por su origen, intención, legalidad y fraseo. Algunas de ellas se justifican, mientras que otras expresan el impulso automático de condenar todo aquello que provenga de partidos y gobiernos de izquierda o haya sido tocado por Andrés Manuel López Obrador.
La conclusión es siempre la misma: se trata de un ejercicio predecible y estéril. Reaparece, actualizada, la corrosiva polarización heredada de las pasadas elecciones presidenciales.
Pues bien, sin ser perredista y ejerciendo mi independencia me pronuncio a favor de la consulta. Daré las tres razones en las que apoyo la opinión.
La primera nace del efecto combinado de la impunidad y la desconfianza hacia lo público. Todas, absolutamente todas, las encuestas de opinión coinciden en el disgusto con el cual percibimos la política y el rechazo tan intenso que nos provocan los profesionales de ese oficio, los congresos y los partidos.
Es una actitud alimentada por el hábito de la mayor parte de los gobernantes de mantenernos fuera, como en el pasado, de los asuntos públicos, aun de aquellos que afectan nuestra vida diaria.
Demuestro lo anterior con un caso que conecta a cuatro Presidentes de la República y da un marco para entender las dudas causadas por la propuesta oficial de la reforma energética.
Cuando Carlos Salinas de Gortari era Presidente tomó la decisión de subastar, entre 1990 y 1992, a 18 bancos. Un trienio después se inició aquella terrible crisis económica y financiera durante la cual Ernesto Zedillo aprobó la venta de otros seis bancos y dio el visto bueno a la transferencia a la sociedad de la factura del llamado "rescate bancario". Todavía seguimos pagándola y este año, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, vienen 30 mil millones de pesos asignados a ese propósito. Otro costo asociado son las comisiones tan altas que pagamos a cambio de un servicio bastante malo.
Nunca se les ocurrió, ni a Salinas ni a Zedillo, consultar a la sociedad sobre la conveniencia de privatizar los bancos o "rescatar" a banqueros o empresarios. Tenían la capacidad de hacer lo que que les daba la gana porque diputados y senadores estaban para servirlos. Fue proceso impregnado de un fuerte olor a corrupción y conflictos de intereses que nunca se disipó pese que una hada madrina intentó sepultarlo envolviéndolo en un mantón de impunidad.
La Comisión de la Verdad aprobada por Vicente Fox en julio del 2001 tenía dos vertientes y una de ellas debía establecer si hubo o no irregularidades durante aquellas privatizaciones. Fox dio marcha atrás a su decisión porque, según dicen sus ex colaboradores Rubén Aguilar y Jorge Castañeda ("La diferencia"), cedió a las presiones del PRI. El hecho es que el primer gobierno de la alternancia decidió cancelar las "comisiones de la verdad, persecuciones [o] investigaciones" sobre la corrupción del pasado.
Felipe Calderón ha mantenido en alto los estandartes del olvido y la amnistía de facto. Por tanto, su propuesta de reforma energética llegó acompañada de la ácida fragancia de la añeja corrupción que impregna a Pemex, a su sindicato y a algunas empresas contratistas.
Si los gobiernos panistas se han negado a explicarnos las privatizaciones del pasado, y tampoco se castigó a ninguno de los responsables, ¿por qué debíamos creer en las buenas intenciones de Calderón cuando, además, se encaprichó en mantener como Secretario de Gobernación a quien ha incurrido en serios conflictos de interés por su papel en los contratos que Pemex ha dado a su familia?
Estos antecedentes explican las dudas que embargan a un porcentaje mayoritario de la población y que llevaron a las consultas públicas que se realizan en el Senado y a la decisión de organizar una consulta que pese a sus errores, apresuramientos y omisiones ha incrementado el número de personas interesadas en averiguar lo que está en juego con la reforma energética.
También apoyo la consulta porque ilumina una falla de nuestra democracia. La historia de la banca privatizada confirma que a la ciudadanía sólo nos queda pagar las facturas de errores pretéritos y acercarnos a las urnas una vez cada tres años. Hay pocos espacios para influir sobre los asuntos nacionales porque no existen las figuras de consulta, iniciativa o plebiscito tan comunes en las democracias consolidadas. ¿Entenderán los partidos la importancia de que legalicen los mecanismos para nuestra participación o seguirán posponiéndolo indefinidamente?
Una última razón por la cual considero positiva la consulta es que encauza la polarización por los senderos de nuestra maltrecha institucionalidad. Las elecciones del 2006 dejaron una profunda irritación en un amplio sector de la sociedad, una fracción de la cual cuestiona -con motivos bastante fundados-, la manera como funcionan las instituciones. La consulta abre una vía pacífica para opinar sobre un asunto de vital importancia y es una alternativa a la toma de calles y edificios que tanta irritación provocan.
La consulta tiene omisiones, apresuramientos y contradicciones. Es igualmente posible que sus resultados sean minimizados e ignorados por quienes van a tomar las decisiones. Si la juzgamos desde la óptica de la democracia participativa y de un asunto vital, lo positivo supera a lo negativo. Por ello es que considero a la consulta como una propuesta digna de ser atendida.
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