■ Una abusiva catalana explota a consumidores de Saltillo
Manifestación de integrantes de la organización Greenpeace frente a la Secretaría de Energía, en la ciudad de México. Los ecologistas protestan contra la política de privatizar el petróleo y exigen mayor atención a medidas contra el calentamiento global Foto: Luis Humberto González
Una abusiva señora catalana, amparada en la impunidad que le otorga la autoridad gubernamental, alegremente explota a los angustiados habitantes de la capital coahuilense. Con la complicidad de quienes dicen representar a la ciudadanía y la manga ancha que ello implica, sin pudor alguno esta madama maneja el agua en Saltillo y recarga sus ambiciones económicas en el bolsillo de los consumidores.
Siete años atrás, la trasnacional Aguas de Barcelona aposentóse en Saltillo, mediante moderna “alianza estratégica” con la autoridad gubernamental, para crear una “empresa mixta” en la que tendría 49 por ciento de las acciones y 51 por ciento la contraparte, aunque en los hechos es ella quien toma hasta las más elementales decisiones, principalmente las relativas al aumento de las tarifas y la explotación de los consumidores.
Aguas de Saltillo (Agsa) es una empresa que opera de forma similar a las comercializadoras (trasnacionales la mayoría de ellas) de gas natural que se han convertido en el terror (decreto gubernamental de por medio) de los obligados consumidores del carburante en buena parte de la República. En este sentido, sólo hay que recordar a los mártires de Monterrey, quienes a pesar de las promesas de “regularizar” costos y tarifas por parte de las gaseras, a estas alturas ya no siente lo duro, sino lo tupido.
Pues bien, Aguas de Barcelona y su empresa Agsa (en la que, por los resultados, el gobierno coahuilense parece participar de forma honorífica) se ha convertido en el terror de los saltillenses, a quienes (también por decreto) ha convertido en una suerte de conejillos de laboratorio para que, a partir de esta experiencia, la trasnacional catalana se expanda por toda la geografía mexicana, tal y como lo hizo otra trasnacional española, Gas Natural, para el caso del carburante.
Días atrás, en uno de los foros organizados por el Club de Periodistas de México, la doctora Gloria Tobón, integrante de la organización ciudadana Usuarios del Agua de Saltillo, narró la dramática condición impuesta a los sedientos saltillenses por la trasnacional y la siempre sensible autoridad gubernamental, que nada ha hecho, ni hará, por enmendarle la plana a la madama.
De uno de los documentos de la citada organización ciudadana retomo los siguientes elementos: para los usuarios, los efectos de esta “semiprivatización” (privatización total en los hechos) han sido principalmente el control administrativo y técnico del organismo operador, que en manos del socio minoritario –la transnacional Aguas de Barcelona– el recurso se ha convertido en un negocio; aumentos indebidos de tarifas por consumo y servicios, cortes del servicio de agua, malos tratos y abusos; se ha minimizado la importancia del uso sustentable del agua, y las autoridades responsables y el consejo de administración han hecho caso omiso de las quejas ciudadanas
El resultado de la evaluación comparativa que se realizó da pautas para establecer cuestionamientos sobre la veracidad de los informes oficiales sobre el cumplimiento de la empresa con los compromisos establecidos en los contratos de “asociación” y de “asistencia técnica”, y con varios aspectos legales. Estos puntos ameritan una explicación, la cual hemos solicitado al alcalde de Saltillo y a los representantes, misma que no han dado. La participación del sector privado en los organismos operadores de agua en México se ha dado, hasta el momento, sólo en seis ciudades, bajo tres modalidades diferentes: contratos de servicios (ciudad de México y Puebla); concesiones (Aguascalientes, Cancún y Navojoa), y empresa mixta (Saltillo). Salvo en el caso de la capital coahuilense (siete años el próximo octubre), los citados tienen más de 12 años en operación.
Antes de su “semiprivatización”, la operación del sistema de agua de la ciudad de Saltillo estaba a cargo de Simas-Saltillo, organismo público descentralizado de la administración pública municipal, creado en 1997. Durante los 15 años anteriores había estado bajo la administración de un organismo estatal, Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila (SAPAC), el cual cambió su nombre en 1994 a Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Coahuila (CEAS).
A diferencia de la mayor parte de los organismos operadores en México, Simas-Saltillo reunía varias condiciones favorables, que lo hacían una empresa atractiva para la participación privada, entre ellas: la cobertura del servicio de agua potable era de 95 por ciento y la cobertura de medición de 92 por ciento; la eficiencia física era de 46 por ciento, la de cobranza de 70, y la global de 32; pero a pesar de sus ineficiencias, el sistema estaba en equilibrio financiero.
Pero llegó la señora catalana y “los ciudadanos saltillenses hemos sido objetos de abusos y mentiras por parte de la empresa. No sólo han aumentado las tarifas de agua y drenaje; también los costos de conexión a estos servicios se han triplicado. Además, Agsa viola el derecho humano al agua de sus usuarios, al suspender el servicio a los que tienen rezagos de 23 meses en el pago. También les cobra una multa por reconexión. De las diferentes reuniones formales e informales que miembros de grupos ciudadanos hemos tenido con el alcalde de la ciudad y con algunos consejeros y regidores, lo único que hemos obtenido han sido promesas incumplidas”.
Agsa asegura que las tarifas se “actualizan” mensualmente en el mismo porcentaje que la inflación, pero los aumentos registrados rebasan con creces dicho indicador, tanto que “el aumento total en las tarifas, de mayo de 2002 a agosto de 2004, fue de 3 mil 268 por ciento, aproximadamente, mientras el índice nacional de precios al consumidor sólo se incrementó 10.67 por ciento”.
La “modernización”, pues.
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