| PLAZA PÚBLICA Útil debate petrolero |
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Miguel Ángel Granados Chapa. Periodista hace más de 40 años. Se preparó para serlo en la Universidad Nacional, donde cursó las carreras de derecho y de periodismo (amén de asistir después al doctorado en historia en la Universidad Iberoamericana). Su columna Plaza Pública aparece desde 1977 y se incluye en Reforma desde su fundación, el 20 de noviembre de 1993. Su propósito consiste en hacer públicos los asuntos públicos, que no son coto de los políticos.
El Norte, 23 Jul. 08.
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Concluyó el foro para discutir la reforma que el Gobierno llama energética. Celebrado a partir de mayo en el Senado, el debate enfrentó la indisposición gubernamental, que con miopía creyó que se trataba de una maniobra dilatoria .
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Hasta a Pemex le pareció que el debate sobre la reforma energética que concluyó ayer fue un "ejercicio democrático" gracias al cual "los mexicanos conocemos de manera más clara los grandes desafíos que enfrenta" la empresa petrolera nacional. Esa calificación contrasta con la renuencia o abierto rechazo del Gobierno y su partido a abrir la discusión sobre las iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Senado. Al remitirlas el 8 de abril, cuando quedaban sólo cinco sesiones ordinarias del periodo en curso entonces, el presidente Calderón pretendía que se aprobaran cuanto antes, mediante sólo el debate legislativo. Cuando Andrés Manuel López Obrador y los legisladores del Frente Amplio Progresista demandaron una discusión amplia, nacional, el líder panista Germán Martínez la consideró inútil, pues para eso en 2006 la sociedad había elegido a sus representantes, únicos a quienes tocaba conocer y aprobar los proyectos enviados por el Ejecutivo.
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Esa posición fue derrotada, en buena hora. Después de episodios que incluyeron la toma de la tribuna en las Cámaras, se acordó llamar al debate que López Obrador había planteado, con una agenda más amplia de la originalmente convenida por los líderes senatoriales y con la posterior cancelación de una convocatoria a debatir la reforma iniciada en la Presidencia inmediatamente después de concluidos los foros, es decir en agosto. A cambio, las 22 sesiones que duró el debate social ofrecieron a los legisladores los insumos necesarios para abordar con seriedad (y no con prisas) los proyectos presidenciales así como los que presenten el PRI (que lo tiene ya listo y se dará a conocer hoy, aunque sean públicas ya sus líneas generales) y el PRD, que lo hará tras la consulta al respecto, que se efectuará el próximo domingo y el 10 y 24 de agosto.
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Una adecuada selección de temas y una saludable pluralidad entre los invitados a hablar en el Senado entre el 13 de mayo y el 22 de julio produjeron un cúmulo de información no sólo sobre Pemex, sino sobre el petróleo y sus productos, y sobre los energéticos en general. En ese punto fue claro que el gobierno exageraba al hablar de una reforma energética y limitarse a intentar modificaciones al régimen legal petrolero únicamente. Debe recordarse que las iniciativas presentadas en abril se refieren a la ley reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo, a la ley orgánica de Pemex y a la creación de una Comisión Nacional del Petróleo (lo que supone cambios a la ley de la Comisión Reguladora de Energía y a otros ordenamientos legales).
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La discusión social realizada en el Senado tuvo, además, un carácter ejemplar. A partir de su convocatoria el ánimo social se abocó a los temas de las iniciativas y otros en que éstas son omisas, y por doquier se realizaron mesas redondas sobre la reforma, el estado actual de la industria petrolera y de Pemex y las necesidades para el futuro. Sobresalieron entre esas reuniones las convocadas por la Universidad Nacional y la Academia Mexicana de Ciencias, cuyos resultados se entregaron a los senadores para enriquecer el acervo informativo a partir del cual examinarán las iniciativas al comenzar el debate legislativo.
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Aunque medio en broma López Obrador llevó al comienzo de los foros un marcador como si las posiciones de los participantes fueran tantos en un encuentro deportivo, es simplificador considerar las ponencias sólo como favorables o desfavorables a los proyectos del Ejecutivo. Hubo posturas con esa definición radical, sin duda, pero abundaron los matices, las precisiones, los agregados. Los intercambios de pareceres en el curso mismo de los foros fueron también a menudo fructíferos sin llegar más que excepcionalmente a la banalidad y los protagonismos.
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Se buscó demeritar los foros alegando que al cabo de ellos los legisladores mantendrían sus posiciones previas. Es probable que la militancia partidaria, los intereses creados, la pereza para practicar el análisis en vez de acatar instrucciones haga inmunes a algunos o muchos miembros del Congreso a lo dicho, a la información volcada en la discusión concluida ayer. Pero no ocurrirá lo mismo con el vasto sector de la sociedad participante que se ha hecho cargo de la trascendencia de la reforma propuesta y quedó en capacidad de juzgar el comportamiento de sus legisladores y les pedirá cuentas directamente, o a sus partidos en las próximas elecciones.
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El Presidente Calderón eligió un camino sesgado para no emprender la reforma constitucional que cuadra a sus propósitos modernizadores, aunque algunas de las propuestas riñen con el texto del artículo 27 de la Constitución. Lo hizo también para evitar que las medidas que propone se resuman en la palabra privatización, a sabiendas del amargo fruto que en la vida cotidiana ha dejado en México la transferencia de empresas públicas a manos privadas. Lo cierto es que, como lo señaló muy tempranamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, apenas tres días después de presentadas las iniciativas, en la de la ley petrolera, por omisión se abre la puerta a la inversión privada en áreas reservadas al Estado.
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En acuerdo con ese partido o no, el Ejecutivo propuso la reforma que el PRI aprobaría, pero a la postre resultarán enmiendas y adiciones que públicamente serán más atribuibles al antiguo partido gobernante que al de Calderón. Y aun así, veremos cómo influye en el resultado final de este lance legislativo y social la posición del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.
El Norte, 23 Jul. 08.
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Concluyó el foro para discutir la reforma que el Gobierno llama energética. Celebrado a partir de mayo en el Senado, el debate enfrentó la indisposición gubernamental, que con miopía creyó que se trataba de una maniobra dilatoria ..
Hasta a Pemex le pareció que el debate sobre la reforma energética que concluyó ayer fue un "ejercicio democrático" gracias al cual "los mexicanos conocemos de manera más clara los grandes desafíos que enfrenta" la empresa petrolera nacional. Esa calificación contrasta con la renuencia o abierto rechazo del Gobierno y su partido a abrir la discusión sobre las iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Senado. Al remitirlas el 8 de abril, cuando quedaban sólo cinco sesiones ordinarias del periodo en curso entonces, el presidente Calderón pretendía que se aprobaran cuanto antes, mediante sólo el debate legislativo. Cuando Andrés Manuel López Obrador y los legisladores del Frente Amplio Progresista demandaron una discusión amplia, nacional, el líder panista Germán Martínez la consideró inútil, pues para eso en 2006 la sociedad había elegido a sus representantes, únicos a quienes tocaba conocer y aprobar los proyectos enviados por el Ejecutivo.
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Esa posición fue derrotada, en buena hora. Después de episodios que incluyeron la toma de la tribuna en las Cámaras, se acordó llamar al debate que López Obrador había planteado, con una agenda más amplia de la originalmente convenida por los líderes senatoriales y con la posterior cancelación de una convocatoria a debatir la reforma iniciada en la Presidencia inmediatamente después de concluidos los foros, es decir en agosto. A cambio, las 22 sesiones que duró el debate social ofrecieron a los legisladores los insumos necesarios para abordar con seriedad (y no con prisas) los proyectos presidenciales así como los que presenten el PRI (que lo tiene ya listo y se dará a conocer hoy, aunque sean públicas ya sus líneas generales) y el PRD, que lo hará tras la consulta al respecto, que se efectuará el próximo domingo y el 10 y 24 de agosto.
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Una adecuada selección de temas y una saludable pluralidad entre los invitados a hablar en el Senado entre el 13 de mayo y el 22 de julio produjeron un cúmulo de información no sólo sobre Pemex, sino sobre el petróleo y sus productos, y sobre los energéticos en general. En ese punto fue claro que el gobierno exageraba al hablar de una reforma energética y limitarse a intentar modificaciones al régimen legal petrolero únicamente. Debe recordarse que las iniciativas presentadas en abril se refieren a la ley reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo, a la ley orgánica de Pemex y a la creación de una Comisión Nacional del Petróleo (lo que supone cambios a la ley de la Comisión Reguladora de Energía y a otros ordenamientos legales).
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La discusión social realizada en el Senado tuvo, además, un carácter ejemplar. A partir de su convocatoria el ánimo social se abocó a los temas de las iniciativas y otros en que éstas son omisas, y por doquier se realizaron mesas redondas sobre la reforma, el estado actual de la industria petrolera y de Pemex y las necesidades para el futuro. Sobresalieron entre esas reuniones las convocadas por la Universidad Nacional y la Academia Mexicana de Ciencias, cuyos resultados se entregaron a los senadores para enriquecer el acervo informativo a partir del cual examinarán las iniciativas al comenzar el debate legislativo.
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Aunque medio en broma López Obrador llevó al comienzo de los foros un marcador como si las posiciones de los participantes fueran tantos en un encuentro deportivo, es simplificador considerar las ponencias sólo como favorables o desfavorables a los proyectos del Ejecutivo. Hubo posturas con esa definición radical, sin duda, pero abundaron los matices, las precisiones, los agregados. Los intercambios de pareceres en el curso mismo de los foros fueron también a menudo fructíferos sin llegar más que excepcionalmente a la banalidad y los protagonismos.
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Se buscó demeritar los foros alegando que al cabo de ellos los legisladores mantendrían sus posiciones previas. Es probable que la militancia partidaria, los intereses creados, la pereza para practicar el análisis en vez de acatar instrucciones haga inmunes a algunos o muchos miembros del Congreso a lo dicho, a la información volcada en la discusión concluida ayer. Pero no ocurrirá lo mismo con el vasto sector de la sociedad participante que se ha hecho cargo de la trascendencia de la reforma propuesta y quedó en capacidad de juzgar el comportamiento de sus legisladores y les pedirá cuentas directamente, o a sus partidos en las próximas elecciones.
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El Presidente Calderón eligió un camino sesgado para no emprender la reforma constitucional que cuadra a sus propósitos modernizadores, aunque algunas de las propuestas riñen con el texto del artículo 27 de la Constitución. Lo hizo también para evitar que las medidas que propone se resuman en la palabra privatización, a sabiendas del amargo fruto que en la vida cotidiana ha dejado en México la transferencia de empresas públicas a manos privadas. Lo cierto es que, como lo señaló muy tempranamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, apenas tres días después de presentadas las iniciativas, en la de la ley petrolera, por omisión se abre la puerta a la inversión privada en áreas reservadas al Estado.
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En acuerdo con ese partido o no, el Ejecutivo propuso la reforma que el PRI aprobaría, pero a la postre resultarán enmiendas y adiciones que públicamente serán más atribuibles al antiguo partido gobernante que al de Calderón. Y aun así, veremos cómo influye en el resultado final de este lance legislativo y social la posición del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.
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