Reforma Diversificada

Editorial de La Jornada

Con la presentación por parte de las fracciones legislativas priístas en ambas cámaras de su iniciativa de reforma al estatuto legal de Petróleos Mexicanos se cierra las posibilidad de aprobación de la propuesta en esta misma materia enviada en abril por el Ejecutivo federal al Senado, la cual ha sido objeto, desde entonces, de numerosas y contundentes impugnaciones, porque abre la puerta a la privatización de los segmentos principales de la industria petrolera nacional, contraviniendo lo estipulado por el artículo 27 constitucional.

Aunque más acotada y menos indiscriminada que la propuesta gubernamental, la priísta permitiría también la participación de consorcios privados al menos en la exploración petrolera, lo que se traduciría también en una violación a lo dispuesto por la Carta Magna.
El alivio, e incluso el alborozo con que el Ejecutivo federal (por conducto de la secretartia de Energía, Georgina Kessel) y su partido (en las expresiones de beneplácito del coordinador de la bancada senatorial panista, Gustavo Madero) recibieron la iniciativa priísta pareciera indicar que, a pesar de los abundantes diferendos entre ambas partes, expresados en las semanas recientes, permanece vivo el intento de aprobar, con los votos sumados de ambas fuerzas, una privatización de la industria petrolera, así sea parcial. En esa perspectiva, el documento priísta sería una base de negociación para promediar, entre éste y la iniciativa de Felipe Calderón, una versión edulcorada de la desnacionalización de los hidrocarburos y eludir, con un texto menos agresivo y directo que el de Los Pinos, las protestas populares anunciadas en caso de que el grupo en el poder consiguiera legalizar el desmantelamiento de la industria petrolera.

El panorama se complica por la próxima presentación de una tercera iniciativa de reforma energética, la del Partido de la Revolución Democrática, lo que abre la posibilidad, más remota que la anterior, de que el Revolucionario Institucional y el sol azteca pudieran negociar un texto intermedio entre sus respectivas propuestas.

A reserva de un análisis detallado de la iniciativa priísta, y en espera de la presentación de la perredista, es claro que ambas deben ser examinadas por la opinión pública y los especialistas con un detenimiento equivalente al que mereció el documento enviado por Felipe Calderón el pasado 8 de abril.