Miente la funcionaria: Ramírez y Gómez

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Participantes directos en la negociación de la reforma energética, los senadores del PRD Graco Ramírez y Pablo Gómez sostuvieron que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, falta a la verdad al sugerir que a través de la nueva legislación se permitirá al gobierno de Felipe Calderón legalizar la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ambos afirmaron que lo dicho por Kessel es lo que ella y Felipe Calderón desean, pero la realidad es otra. Igualmente, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, consideró desafortunadas las declaraciones de la funcionaria y agregó que sus dichos están en "su imaginario, pero de ninguna manera en la Constitución".

Los perredistas señalaron que no es novedad la afirmación de Kessel de que inversionistas privados realizan 70 por ciento de las actividades de Pemex, y lo nuevo es que la reforma contiene disposiciones para frenar la ilegal privatización.

Ramírez Garrido Abreu corrigió a la titular de Energía: "En realidad es el 80 por ciento de la paraestatal la que está en manos de empresas extranjeras, fundamentalmente de las trasnacionales Halliburton y Schulemberger", las que tienen mayor número de contratos y utilidades incluso superiores a las obtenidas en Irak".

Gómez Álvarez, en tanto, dijo que esa privatización, que viola lo establecido en la Constitución, "es una de las denuncias que siempre hemos hecho", y por ello "justamente en la reforma energética se establece que Pemex debe hacer su plan buscando en la mayor medida posible la ejecución directa de los proyectos", además de que se insiste también en el tema del componente nacional en las contrataciones.

"Todo eso viene en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y en la nueva ley de Pemex", agregó el senador Gómez. Insistió en que del esquema inicial presentado por Felipe Calderón no quedó nada, ya que modificaron aquellos aspectos que abrían la puerta a los contratos de riesgo o incentivados.

La pretensión de que Petróleos Mexicanos pagara al contratista cantidades extras no determinadas al concluir la obra o de acuerdo a la productividad del pozo, "no sólo no quedó, sino que expresamente no está permitido. Ahí se equivocó la señora Kessel, que lo hace con mucha frecuencia, o está haciendo una lectura completamente equivocada del texto de la ley".

Graco Ramírez resaltó que a propuesta del PRD se modificó el artículo sexto de la ley reglamentaria del 27 constitucional para dejar asentado que las remuneraciones en los contratos de exploración y producción serán siempre en efectivo y en ningún caso se concederá a los contratistas propiedad sobre los hidrocarburos. "Es decir, quedó clarísimo en la legislación que no hay manera de que otorguen contratos incentivados".

Añadió que en los artículos 60 y 61 de la ley de Pemex se dejó muy claro cuándo se pueden dar compensaciones al contratista, que son los casos en que la paraestatal obtiene beneficios al concluir la obra antes de lo previsto o al poder quedarse con las innovaciones tecnológicas.

"No tenemos capacidad obvia de recuperar para Pemex lo que ya fue desmantelado", pero en la reforma están las disposiciones para impedir que la privatización avance, insistió Ramírez Garrido Abreu. Dijo que si Calderón intenta otorgar contratos de riesgo a trasnacionales, se va a topar con que el Congreso y la opinión pública se enterarán de inmediato.

Ello, dijo, porque todos los contratos serán públicos y deberán publicarse en Internet. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación podrá intervenir en cualquier momento que el Legislativo lo solicite.

Nota: O sea, que lo que dijeron los buenos (para nada) de Graco y Pablo es que Kessel (y Calderón, su jefe al que metieron así como quien no quiere la cosa) alucina pues ve las cosas como las desea pero no como son en realidad; o no sabe leer, o no entiende el español en que estuvo redactada la reforma. Además que no existen, (que no, que no!) los contratos incentivados, aunque si se les podrán dar compensaciones a los contratistas cuando Pemex se beneficie por pronta entrega (esto no funciona como incentivo?). Por su lado Garrido le corrige la plana y dice que no es el 70% sino el 80% el que está en manos privadas. (¿No se podrían poner de acuerdo?) además de que no se tiene capacidad para recuperar lo desmantelado. (Quién no tiene? los diputados y senadores? la izquierda y el movimiento en general al que nunca le comunicaron la situación?, se lo plantearon siquiera como posibilidad?). Luego señala Pablo Gómez que la privatización que ya existe, siempre (?) la han denunciado (ha de haber sido en su casa y en voz baja porque el público no se enteró). Los descobijaron muy pronto. Y para colmo al día siguiente son balconeados de nuevo cuando el TEPJF les regala el PRD. Y sale el Chucho a aclarar que no es pago por la reforma. Patéticos.