Muy oportuno el TEPJF. Se tardó nomás dos años.

PAN violó tregua navideña en 2005; deberá pagar 38 mdp: Tribunal Electoral

La multa es por las declaraciones del entonces presidente Vicente Fox por la trasmisión de espots a favor de Felipe Calderón.

Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 07/11/2008 20:23

México, DF. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que el Partido Acción Nacional (PAN) incurrió en violaciones a la tregua "navideña" establecida en el marco de las campañas electorales de los comicios federales de 2006.

La ponencia presentada por el magistrado Flavio Galván Rivera señala que "no se sanciona al entonces presidente de la República (Vicente Fox), sino al Partido Acción Nacional que omitió su obligación de ser garante de la conducta de un destacado militante que era el jefe del Ejecutivo".

Los magistrados Alejandro Luna Ramos y Constancio Carrasco coincidieron con ese argumento al señalar que de acuerdo con la ley vigente el ex presidente podría tener responsabilidades políticas.

Agregaron que tanto el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) como el acuerdo del Consejo General del IFE sobre la tregua "navideña", establecen que los partidos políticos deben garantizar que sus candidatos y militantes se conduzcan por los cauces legales y democráticos.

Señalaron que el argumento del PAN para defender su actuación no es válido, ya que asegura que la Sala Superior del Tribunal Electoral pretendía que limitara la libertad de expresión del entonces presidente de la República.

En este sentido, los magistrados comentaron que en todo caso dicho partido debía haberse deslindado de esas declaraciones e informado al Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) de las acciones de uno de sus militantes sin la autorización del PAN.

Por ello, el TEPJF pidió al IFE que individualice las sanciones económicas, las cuales ascienden en conjunto a 38 millones de pesos.

El IFE deberá fijar multas individualizadas por las declaraciones del entonces presidente Vicente Fox por la transmisión de espots en medios electrónicos en favor de su candidato Felipe Calderón y por el envío de felicitaciones navideñas cuando la tregua estaba vigente.

En la misma sesión, el Tribunal Electoral revocó la amonestación que impuso el Consejo General del IFE a los partidos políticos por la conducta de sus militantes en el Congreso de la Unión, derivada de la interrupción del desarrollo normal de las funciones de las cámaras de Diputados y Senadores con la toma de tribunas.

Por otro lado, el tribunal consideró que no se acreditó la comisión de una violación a la ley por parte de la Alianza por México, la cual fue acusada por la coalición Por el Bien de Todos de haber repartido dinero a los asistentes a un acto proselitista con el fin de que apoyarán a su candidato a la Presidencia.

Al respecto, el IFE había impuesto a la Alianza por México una reducción a sus administraciones económicas por ocho millones 500 mil pesos.

Sin embargo, el Tribunal Electoral consideró que no se acreditó de manera fehaciente la acusación del presunto reparto de dinero a los asistentes a dicho acto.

Asimismo, ratificó la resolución para sancionar a la Alianza por México después a que el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, presenció en 2006 el desfile conmemorativo del Día del Trabajo en compañía de un candidato a diputado federal por dicha coalición.

Por ello fueron multados los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM, integrantes de dicha alianza.

Otra nota relacionada con el TEPJF y las elecciones del 2006

El pasado 29 de octubre, la Sala Superior del TEPJF determinó, por
unanimidad de sus siete magistrados, que el organismo empresarial dirigido
entonces por José Luis Barraza González violó la ley al emprender una
campaña negativa en contra del candidato presidencial Andrés Manuel López
Obrador que terminó por beneficiar a Calderón.

Al resolver una impugnación del PRD, el tribunal no sólo determinó
judicialmente la existencia de una campaña paralela en contra de López
Obrador, sino que le propinó un revés al Instituto Federal Electoral (IFE),
que un mes antes, el 29 de septiembre, había exonerado al PAN de la
actuación de la cúpula empresarial.

Los magistrados electorales establecieron que esa campaña se realizó no sólo
con el aval del PAN, sino también con el de la Alianza por México, formada
por el PRI y el Partido Verde Ecologista, impulsores del candidato Roberto
Madrazo Pintado.

El TEPJF fue más allá del señalamiento y le ordenó al IFE multar a esos tres
partidos, pues, afirmó, se beneficiaron de la campaña paralela contraria al
candidato de la coalición Por el Bien de Todos.

Se trata de un segundo fallo judicial contrario a la actuación del IFE en
relación con el CCE en las elecciones de 2006. En pleno proceso electoral,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó al IFE, presidido
entonces por Luis Carlos Ugalde, cancelar los spots del CCE en contra de
López Obrador.

De acuerdo con el tribunal, el organismo empresarial violó el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Por ello estableció
en su resolución que el CCE "difundió un mensaje tendente a cuestionar la
política económica de una de las opciones políticas participantes.

.. lo cual
constituyó un ilícito al contravenir" el artículo 48, párrafos I y XIII del
Cofipe.

Todavía antes de la reforma electoral de diciembre de 2007, el Cofipe
reservaba el manejo de la propaganda electoral a los partidos políticos. La
reforma que entró en vigor este año es más explícita en la prohibición a los
particulares para contratar propaganda en beneficio o perjuicio de un
candidato, partido político o coalición.

La modificación a la Constitución y al Cofipe se originó precisamente por
esa conducta del CCE, que fue sancionada verbalmente por el propio TEPJF
cuando en septiembre de 2006 dictaminó el triunfo de Calderón. En esa
ocasión, el tribunal también estableció que el presidente Vicente Fox "puso
en grave riesgo" la elección al interferir en la campaña para denostar a
López Obrador.

El Consejo Coordinador Empresarial, que además de su propaganda electoral
apadrinó a organismos fantasmas que también hicieron campaña a favor de
Calderón, se encuentra ahora en medio de otro litigio.

Algunos de sus agremiados impugnaron la reforma ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Aunque el máximo tribunal ya desechó la mayoría de
los amparos empresariales, aún debe resolver uno de los alegatos del CCE,
según el cual la prohibición expresa para contratar propaganda electoral
viola su derecho constitucional a la libertad de expresión.

Por lo pronto, la resolución del TEPJF, propuesta por el magistrado Pedro
Esteban Penagos y avalada por el resto de los magistrados, precisa que el
PAN y la Alianza por México tuvieron una "conducta pasiva y tolerante" ante
la violación del CCE a los principios constitucionales de legalidad,
igualdad y equidad de las contiendas electorales.

Los integrantes de la Sala Superior del TEPJF le reprocharon al IFE que
"dogmáticamente" haya desestimado la vinculación de los actos del organismo
de cúpula empresarial con los partidos denunciados.

De acuerdo con los magistrados, los partidos políticos "son garantes de la
conducta de sus miembros y demás personas, incluso terceros, cuando
despliegan conductas relacionadas con sus actividades que puedan generarles
un beneficio o perjuicio en el cumplimiento de sus funciones y/o en la
consecución de sus fines".

Para establecer la multa al PAN y al PRI, los magistrados informaron al IFE
que deberá tomar en cuenta "las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la
infracción" cometida por el CCE al Cofipe, que protege también esos
principios.

Así mismo, precisaron que para fijar la multa, los consejeros electorales
deben considerar "las ocasiones y horarios en que se transmitieron los
spots" en contra de López Obrador, "los medios de comunicación en que ello
ocurrió y la cantidad de veces que se difundieron".
Rafael Hernández Estrada, representante del PRD ante el IFE, aseguró que con
la sentencia del TEPJF queda en evidencia no sólo el CCE, "que se dedicó a
denostar y calumniar al candidato de la izquierda", sino el propio Calderón,
que fue el beneficiario de esa campaña ilegal.

Pero también queda en evidencia el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde,
al que el tribunal calificó de indolente por permitir esa campaña paralela,
así como las televisoras que transmitieron los promocionales y la Dirección
General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de
Gobernación al ocultar información sobre la multimillonaria campaña de los
empresarios contra López Obrador.

Nota: Amén de las declaraciones de Luis Carlos Ugalde en su libro "Así lo viví" donde revela que fue presionado por diferentes actores del momento político: fundamentalmente nos interesa destacar a Fox y Calderón, para dar por ganador de la contienda a éste último. Y al revelarlo acepta que se dejó presionar y no sólo eso sino que lo descubre (¿por qué o para qué?) más de dos años después de las elecciones. Claro que aprovecha la vuelta también para seguir enlodando a Andrés Manuel López Obrador, ¿para presumir de neutral (algo que nadie le creerá nunca) y que no le cobren la osadía de descubrir aunque sea a destiempo los entretelones de la política electoral que provocó el cisma que hasta ahora no se resuelve? Porque, digo, la celeridad de las resoluciones del TEPJF o de las declaraciones de Ugalde no es algo que de lo que se pueda estar orgullosos. Pero al fin se va poniendo en claro, para aquellos obnubilados que no lo tenían claro desde el momento en que los hechos se estaban dando, que las elecciones del 2006 fueron todo menos democráticas, ni limpias, ni justas. A todo lo anterior habría que agregar el libro de Juan Antonio Crespo "Hablan las actas", estudio pormenorizado de donde se desprende que con los datos a disposición a partir de sólo las actas de la votación, no era posible establecer con certeza el triunfo de Calderón. Y para terminar tenemos la decisión de la CIDH de dar medidas cautelares que impidan la destrucción de las boletas electorales tal y como lo quisiera el gobierno federal y a favor de lo solicitado por PROCESO. Falta ver que a más de dos años de los acontecimentos, las boletas no hayan sido violadas, suplantadas, destruidas, corregidas, etc. ¿O alguien todavía tiene confianza en las instituciones, aún en el ejército que las custodia y que es uno de los pilares del gobierno del usurpador?. Sabemos que a la larga los tejemanejes se irán descubriendo y faltan aún muchos actores que estén dispuestos a contribuir a la aclaración de los acontecimientos.