México SA

Carlos Fernández-Vega
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■ ¿No que el gobierno no tenía intención de privatizar Pemex?

■ Eduardo Zuno, ex cliente de Gómez Mont, libre y con notaría

Nunca ha sido muy ducha en eso de manejar el micrófono en público. Problema de ella, sin duda, pero sí es preocupante para la nación lo dicho el pasado lunes por la señora Georgina Kessel. Si se atiende su declaración, resulta que la Secretaría de Energía ha reconocido públicamente y sin sonrojarse que el gobierno de Felipe Calderón, en línea con sus cuatro predecesores, ha violado, viola la Constitución en materia petrolera.

Dijo la tímida señora Kessel que “alrededor de 70 por ciento de las actividades de Petróleos Mexicanos en exploración y producción ya las realizan otras empresas” (obvio es que de capital privado), y que lo único que procura la “reforma” recientemente aprobada por el Congreso es facilitar (erradicar el “esquema extremadamente rígido”) y ordenar un mayor acceso (al 30 por ciento restante) a los bienes de Pemex a quienes constitucionalmente están impedidos de meter las manos en la industria petrolera nacional.

Se trata pues, como bien lo señala el editorial de La Jornada (11 de noviembre) de “una confesión de ilegalidad, un reconocimiento de que la reforma petrolera recientemente aprobada, y aún no promulgada, simplemente busca regularizar una práctica ilícita, y una admisión de que el laberíntico proceso que condujo a su aprobación ha sido una simulación y una impostura del gobierno federal y de sus aliados en el Congreso”, toda vez que “el paquete de leyes votado por diputados y senadores tiene los mismos objetivos que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal en abril… queda en el aire, tras las declaraciones de la titular de la Sener, una sensación de trampa, de simulación, de tomadura de pelo, como lo fue, desde un principio, el aserto gubernamental de que las iniciativas inicialmente ensayadas ‘no eran privatizadoras’”.

Y esos objetivos no son otros que los definidos por el propio Felipe Calderón durante su fugaz paso por la Secretaría de Energía, y reiterados cinco años atrás (17 de noviembre de 2003) en su única comparecencia en el Senado de la República como integrante del gabinetazo foxista, con la única diferencia que ahora no promovió sus tan gustados cambios constitucionales, pero sí insistió en eso de la “seguridad jurídica” para los inversionistas.

En aquella ocasión, el ahora inquilino de Los Pinos destacó: “es necesario complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión (privada). Es precisamente esta última la razón de nuestra insistencia en que la reforma al sector abarque también una reforma a la Carta Magna… La adecuación al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica y con ello dar viabilidad al sector eléctrico sin perder el control del mismo. En esta materia, lo que buscamos es que se establezca con toda claridad, en la Constitución, que los particulares podrán generar la energía eléctrica de manera complementaria a la que generan las empresas del Estado… A nadie le conviene una legislación que suponga riesgos. Debemos reformar para dotar de seguridad a la inversión existente, alentar la futura y al mismo tiempo dejar en claro en el mismo texto constitucional que el servicio público de energía eléctrica será prestado de forma exclusiva por el Estado a través de las empresas públicas. Ante la resolución de la Suprema Corte donde señala que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica pudiera contener disposiciones contrarias a la Constitución, es indispensable una reforma que despeje cualquier duda sobre la legalidad y legitimidad de las inversiones privadas en el sector… Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores. Lograr que la inversión pública y privada compartan la responsabilidad de invertir en el sector generación nos permitirá, además como gobierno federal, destinar recursos a otras áreas…” (para actualizar, es cuestión de cambiar “sector eléctrico” por “sector petrolero”).

No es novedad, pero de acuerdo con la señora Kessel que siempre sí fue un engaño para la ciudadanía aquello de “no existe intención alguna de privatizar la industria petrolera”; que, en efecto, mintieron descaradamente (“nada contra la Constitución”) y que con los bienes nacionales hacen lo que se les pegue la gana, porque los foros y las consultas fueron parte del folclor. Después reclaman por su ínfima, por no decir nula, credibilidad.

Son coleccionistas de farsas, como aquella de “comprometerse” a “mantener los subsidios a los combustibles para amortiguar el efecto de la inflación en los consumidores… Yo sé que hay gente que no lo percibe, que no lo entiende o que incluso nos exige que subamos de golpe los precios. Y no lo vamos a hacer porque queremos proteger a las familias más pobres” (adivinen qué michoacano lo dijo el pasado 23 de junio). Además, por aquellos días el secretario del “catarrito” aseguraba que a pesar de su magnitud, los subsidios a los combustibles “de que son sostenibles, son sostenibles, porque además todos estos subsidios se están dando dentro del contexto del equilibrio presupuestal” (Carstens dixit).

Pues bien, desde que hizo el “compromiso”, el precio de los combustibles no ha dejado de aumentar. El de las gasolinas y el diesel se han incrementado en 26 ocasiones, y contando, y ahora que el precio internacional del petróleo ha caído dramáticamente el gobierno de la “continuidad” se niega a abandonar su política de gasolinazos semanales. Así, a lo largo del gobierno calderonista el precio de la gasolina Magna se ha incrementado 1.38 veces más que la inflación acumulada en el periodo; el de la Premium 1.7 veces, y el del diesel 2.5 veces. En Estados Unidos dichos precios bajan, pero aquí se mantienen al alza. Los gringos ya no cruzan la frontera en busca del vital líquido de alto octanaje, por la sencilla razón de que en su país de nuevo es más barato que en México.

En resumen, ya no más “compromisos”. Le salen carísimos a los mexicanos.

Las rebanadas del pastel

De la siempre atenta lectoría: el ex delegado panista en Alvaro Obregón, Luis Eduardo Zuno Chavira, encarcelado por tráfico de armas y cliente de Fernando Gómez Mont, “ya no está preso; salió libre hace alrededor de dos años y ahora es el notario 188. Y sigue realizando cosas ilícitas, como la evasión de impuestos y el adeudo a sus trabajadores”. En el nutrido currículum del “notario” no se registra su paso por la cárcel, pero sí que egresó de la Libre de Derecho, al igual que el inquilino de Los Pinos y el flamante heraldo de La Ardilla en Bucareli… ¿Será que los tiempos actuales se asemejan a los del Rey David y Jonatán?