Hasta ahora el desempeño en materia de seguridad pública y lucha contra la delincuencia ha sido visto por la mayoría de la minoría que votó por Felipe Calderón en 2006 como la mayor ineptitud de su gobierno. Ya irán descubriendo (algunos ya lo han hecho) que hay un ámbito en el que el caleronato puede hacerlo peor: el manejo de la crisis económica y la intemperie que se nos viene encima como resultado de la especulación catastrófica. Dicen que un funcionario del gabinete de Erenesto Zedillo le reclamó a su antecesor en el cargo que el gobierno anterior había dejado la economía prendida con alfileres y que tuvo que tragarse una réplica de proverbial cinismo salinista: “Sí, pero ustedes quitaron los alfileres”. De Fox a Calderón las cosas son peores, porque en el sexenio pasado se robaron casi todos los alfileres y la administración actual se dedica a clavar en la piel de la población los pocos que le dejaron. Ya vendrán los aumentos salariales de cuatro por ciento para enfrentar una inflación tres o cuatro veces mayor –en el mejor de los casos– y un desempleo que volverá pobres a cientos de miles de clasemedieros que soñaron con seguridad y prosperidad; ya reconocerán que el verdadero peligro para México se encuentra en Los Pinos y que ellos contribuyeron a colocarlo allí, aunque no en mucho; ya irán entendiendo que el fraude electoral de 2006 también fue un engaño contra los que sufragaron azul, porque éstos festejaron un triunfo que no era de ellos, sino el de los grandes capitales trasnacionales (extranjeros, aunque contraten a nativos de apellido Gil Díaz), que estaban dispuestos a imponer a Calderón así fuera con el uno por ciento de los votos reales.
Ya caerán en la cuenta muchos de los desencantados que la aparente estupidez gubernamental ante la delincuencia (99 por ciento de delitos quedan impunes, según dicho de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, el porcentaje ha de ser mayor) es en realidad el prolegómeno perverso de una política de contrainsurgencia y de un empeño por establecer un Estado policial que suprima de jure las garantías individuales que las corporaciones de seguridad pública ya violan de facto. Y ya acabarán por rendirse ante la evidencia de que los atributos legendarios de honradez y austeridad de los panistas son actualmente un mero recuerdo histórico reciclado para efectos de marketing.
De algo semejante se darán cuenta, en el otro lado, los que aún creen que Nueva Izquierda es nueva y es izquierda, y no han acabado de percibir que bajo la articulación de esos dos términos falaces se oculta el viejísimo fenómeno del palerismo partidario.
La gran pregunta para 2009 es qué cauces tomarán los descontentos multiplicados. Hasta ahora los regímenes blanquiazules han buscado (y parcialmente logrado) escurrir el bulto y desviar el enojo de los sectores medios y altos por la inseguridad hacia desahogos vestidos de blanco, en los que se abomina más a la delincuencia organizada que la incapacidad o falta de voluntad gubernamental para combatirla. Al parecer no todos los que participan de buena fe en esas catarsis se han hecho un razonamiento elemental: es un poco cándido pedir a los delincuentes que dejen de delinquir, pero al gobierno cabe exigirle que los enfrente con eficacia, lo cual, desde luego, no significa que los mate, sino que los identifique, los capture y los presente ante una instancia judicial.
Con su infinita torpeza (99 por ciento de impunidad, dice la CNDH), los gobernantes dan alas a las consignas demagógicas y electoreras que piden la implantación de la pena de muerte, y mientras esperan a ver si esa demanda logra recabar respaldo social avanzan en su deliberado recorte de las garantías individuales. Ya jugarán, llegada la circunstancia, la carta peligrosa de un movimiento masivo que pida torturar y asesinar a los torturadores y asesinos. Es un gran riesgo, porque una corriente de ese tipo, alimentada por la exasperación económica, bien podría salirse de control e inventar que un general auténtico luciría mejor la banda tricolor que un chaparrito, pelón y de lentes (Espino dixit) al que le gusta disfrazarse de general. Es posible que esa sea la verdadera apuesta del Yunque (el cual no existe, según dicen los que pertenecen a él) y de otros estamentos del totalitarismo.
Para el movimiento de resistencia popular, el gran desafío del año entrante es volverse un interlocutor creíble para quienes se agregarán al descontento masivo y ofrecerles un cauce de acción democrático y honesto: impedir que el gobierno siga haciendo pedazos al país y transformar de manera pacífica las estructuras sociales injustas, excluyentes e inequitativas que han traído al país sangre, deudas, hambre y rabia. Feliz año nuevo.
Ya caerán en la cuenta muchos de los desencantados que la aparente estupidez gubernamental ante la delincuencia (99 por ciento de delitos quedan impunes, según dicho de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, el porcentaje ha de ser mayor) es en realidad el prolegómeno perverso de una política de contrainsurgencia y de un empeño por establecer un Estado policial que suprima de jure las garantías individuales que las corporaciones de seguridad pública ya violan de facto. Y ya acabarán por rendirse ante la evidencia de que los atributos legendarios de honradez y austeridad de los panistas son actualmente un mero recuerdo histórico reciclado para efectos de marketing.
De algo semejante se darán cuenta, en el otro lado, los que aún creen que Nueva Izquierda es nueva y es izquierda, y no han acabado de percibir que bajo la articulación de esos dos términos falaces se oculta el viejísimo fenómeno del palerismo partidario.
La gran pregunta para 2009 es qué cauces tomarán los descontentos multiplicados. Hasta ahora los regímenes blanquiazules han buscado (y parcialmente logrado) escurrir el bulto y desviar el enojo de los sectores medios y altos por la inseguridad hacia desahogos vestidos de blanco, en los que se abomina más a la delincuencia organizada que la incapacidad o falta de voluntad gubernamental para combatirla. Al parecer no todos los que participan de buena fe en esas catarsis se han hecho un razonamiento elemental: es un poco cándido pedir a los delincuentes que dejen de delinquir, pero al gobierno cabe exigirle que los enfrente con eficacia, lo cual, desde luego, no significa que los mate, sino que los identifique, los capture y los presente ante una instancia judicial.
Con su infinita torpeza (99 por ciento de impunidad, dice la CNDH), los gobernantes dan alas a las consignas demagógicas y electoreras que piden la implantación de la pena de muerte, y mientras esperan a ver si esa demanda logra recabar respaldo social avanzan en su deliberado recorte de las garantías individuales. Ya jugarán, llegada la circunstancia, la carta peligrosa de un movimiento masivo que pida torturar y asesinar a los torturadores y asesinos. Es un gran riesgo, porque una corriente de ese tipo, alimentada por la exasperación económica, bien podría salirse de control e inventar que un general auténtico luciría mejor la banda tricolor que un chaparrito, pelón y de lentes (Espino dixit) al que le gusta disfrazarse de general. Es posible que esa sea la verdadera apuesta del Yunque (el cual no existe, según dicen los que pertenecen a él) y de otros estamentos del totalitarismo.
Para el movimiento de resistencia popular, el gran desafío del año entrante es volverse un interlocutor creíble para quienes se agregarán al descontento masivo y ofrecerles un cauce de acción democrático y honesto: impedir que el gobierno siga haciendo pedazos al país y transformar de manera pacífica las estructuras sociales injustas, excluyentes e inequitativas que han traído al país sangre, deudas, hambre y rabia. Feliz año nuevo.
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